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Dos alumnos de preescolar en el comedor de un colegio junto a una monitora / EFE

Los padres de alumnos quieren expulsar al sector privado del comedor escolar

La Fapac rechaza que se haga negocio con un servicio, clave en la lucha contra la desigualdad social, pero la futura ley catalana de Contratos blinda un externalización que encarece los precios

8 min

Todos los agentes educativos coinciden en que el comedor escolar es un instrumento clave en la lucha contra las desigualdades y la segregación. Sin embargo, la gestión está en manos de grandes empresas de catering que, según denuncia la directora de la Federació de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (Fapac), Lidón Gasull, han hecho negocio con este servicio. En declaraciones a Crónica Global, Gasull teme que la futura ley de contratos de la Generalitat blinde ese modelo de externalización.

La directora de la Fapac teme que el proceso participativo que acaba de abrir la Consejería de Enseñanza para redefinir el espacio de comedores sociales se convierta en un simple “lavado de cara” de este departamento, porque “en realidad, todo depende de la ley de Contratos de Servicio a las Personas que se discute en el Parlament”. Y aunque los padres de alumnos participarán en el mismo, lamentan la precipitación con la que el Govern ha impulsado un proceso que arrancó en mayo y acabará en dos meses, aunque las conclusiones no se aplicarán hasta noviembre. 

“Vamos a estar atentos a esta iniciativa participativa, pero no tenemos muchas esperanzas depositadas en ella”, explicó el portavoz del sindicato Ustec, Ramon Font, sobre este proceso.

Una ley que blinda la externalización

“Para nosotros, el principal problema es la externalización del servicio. Nosotros queremos una gestión de directa. No se puede hacer negocio con los comedores escolares”, denuncia Lidón. Confiesa que “nos da mucho miedo esa ley de Contratos, porque si se aprueba, ya no habrá modelo de gestión a discutir”.

En efecto, la Fapac denunció en diciembre de 2018 que con la retirada del decreto de comedor anunciada por el consejero Josep Bargalló, lo que en realidad pretendía el departamento era “esperar a la tramitación en el Parlament del proyecto de ley de Contratos de Servicio a las Personas que pretende blindar vía contratación pública el servicio de comedor. Eso quiere decir que pretende privatizar y externalizar este servicio y también el resto de actividades que se hacen fuera del horario lectivo en los centros educativos públicos”. Sobre la retirada de ese decreto, el director general de Atención a la Familia y Comunidad, Ramon Simon, confirmó que la Consejería se esperaría a la aprobación de esa ley.

Un proceso polémico

Una ley que, tal como publicó este medio, quedó en suspenso debido a la aplicación del artículo 155 de la Constitución. En noviembre de 2018 se le dio un nuevo impulso, pues la Cámara catalana dio luz verde a esta ley pionera, actualmente en fase de ponencia.

Sin embargo, el redactado de esta ley catalana incumple un requisito imprescindible, según los juristas que han comparecido en la ponencia: no adapta la ley española de contratos del sector público aprobada en marzo de 2018 y entra en contradicción con la misma.

La adaptación de las nuevas directivas europeas, vigentes desde abril de 2016 y que obligaban a un cambio de paradigma en las políticas de contratación, compete al Estado. A partir de eso, las Comunidades Autónomas deben elaborar sus normas en base a la ley española. Algunas lo hicieron ya, no así Cataluña.

Dar prioridad a las cooperativas

El artículo más polémico es el artículo 7, donde se da prioridad a las cooperativas en la adjudicación de contratos. En este sentido, se abre la puerta a pequeñas y medianas empresas que habitualmente no acceden a este tipo de concursos, así como a empresas del tercer sector y sobre todo a las cooperativas. Es decir que, en el caso de los comedores escolares, empresas como Sehrs, Serunión, Eurest o Grífols ya no tendrían el monopolio de los cáterings escolares.

Imagen de un comedor escolar / CG

Imagen de un comedor escolar / CG

Sociedades mercantiles, patronales y pymes expresaron su malestar ante la posibilidad de favorecer a “empresas de economía social o empresas sociales”, que obviamente interesa a un tercer sector que pugna por gestionar todas las políticas sociales de las administraciones.

Competencia pública

La Fapac no entra en el debate sobre el modelo de empresa que debe gestionar los comedores: quiere sencillamente que no se externalicen y que sea competencia pública. “No entramos a discutir si el negocio se lo llevan las empresas del Ibex o la pequeña economía. Discutimos un modelo en el que se tiene que pagar el servicio más los beneficios de la empresas”, dice Lidón.

La gestión de los comedores escolares, dice la directora de Fapac, “se fue construyendo sobre la marcha. Se contrataron empresas de catering que han hecho negocio hasta que se ha creado un monstruo con el que la Generalitat tiene que lidiar. Al final se trata de un lobby muy potente de empresas que entran y ya no salen del sistema”.

Un menú por encima de 6,20 euros

Actualmente, el precio mínimo del menú escolar está fijado en 6,20 euros por día, aunque se puede autorizar aumentos de puntuales. La Fapac discrepa del sistema de becas, pues “lo que hace la Generalitat es aprobar un paquete genérico del que se sacan partidas en función de las necesidades. Transporte, comedor, libros… Eso varía en función del gobierno de turno, pero nosotros queremos un sistema más estable”. Por ejemplo, la Generalitat recibió 126.372 solicitudes de becas comedor para el curso 2016-2017, de las que 84.049 fueron aceptadas. Un total de 29.220 fueron denegadas, mientras que otras 13.103 peticiones quedaron pendientes de resolución.

ayudas comedores

Solicitudes de becas comedor para el curso 2016-2017 en Cataluña

Propone como alternativas un modelo de tarifación social, según la renta familiar; fomentar el uso de la fiambrera --sobre todo en zonas rurales que no resultan 'rentables' a las empresas de catering-- o que sean los propios maestros quienes presten el servicio. Explica que en países de nuestro entorno e incluso en otras comunidades autónomas, como en el País Vasco, se libera a un profesor para que ejerza de coordinador al comedor escolar.

“En estos espacios se producen los conflictos mayores, pues no es educación reglada, es un tiempo de ocio en el que se generan problemas, como el bullying, que luego se llevan al aula. En cambio, muchos comedores están atendidos por monitores no preparados, estudiantes que han hecho un curso de tres meses y están poco tiempo al frente. Hay mucha rotación”.

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