Antoni Bayona: "El 155 se gestionó bien, España no es un país autoritario"

Fue uno de los protagonistas de los convulsos días 6 y 7 de septiembre de 2017, cuando el Parlament aprobó las leyes de ruptura que propiciaron el referéndum, la declaración unilateral de independencia y la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Antoni Bayona era letrado mayor por esas fechas y en su libro No todo vale (Península) recuerda aquellas sesiones en las que advirtió reiteradamente a los dirigentes independentistas de que estaban incumpliendo las resoluciones del Tribunal Constitucional.

El jurista sigue como letrado en el Parlament. “No hubo una invitación directa a que me fuera, pero uno entiende cuando se tiene la confianza de la mayoría parlamentaria y cuando no”, explica.

Antonio Bayona durante la entrevista / LENA PRIETO

Antonio Bayona durante la entrevista / LENA PRIETO

-El título de su libro lo dice todo, entiendo que en clave jurídica.

-Es un titular que evoca varias cosas. Desde el punto de vista de quien escribe, evoca una visión de jurista, aunque no es un libro jurídico. No todo vale se refiere a la forma de hacer las cosas y el valor del derecho. Por otro lado, se refiere no tanto al qué sino al cómo se condujo el procés y cómo ha sido la reacción del Estado y si tiene proporción con lo que ha sucedido. El derecho ha sido sometido a una prueba de estrés para todos. Y no sabemos cómo acabará.

-El libro se publica en pleno juicio del 1-O, aunque era muy esperado.

-Entiendo que alguien pueda pensar que no era el momento adecuado, pero también reflexiono sobre la prisión provisional y el delito de rebelión que se imputa a los acusados.

-Empecemos por el principio. ¿Cómo recuerda aquellos días 6 y 7 de septiembre?

-Buscando el efectismo, lo reconozco, hago un paralelismo con un discurso del presidente Roosevelt, en el que habló de los “días de la infamia”. Puede ser muy contundente. Pero visto por un letrado del Parlament que trabaja para una institución que es plural, lo que pretendí es que se aplicara el reglamento y se defendieran los derechos de la mayoría, pero sobre todo de la minoría. Mi sensación como profesional y trabajador del Parlament fue una sensación amarga, se tomaron decisiones que no fueron precisamente delicadas con los derechos de las minorías. Se concentró en ese pleno, de forma precipitada y sin trámites previos, la aprobación de dos leyes que podían dar un cambio jurídico y político.

Fragmento de la entrevista a Antoni Bayona

-Es grave que no se haga caso a los letrados, pero las normas del Parlament indican que sus resoluciones no son vinculantes.

-Nosotros no éramos los protagonistas, solo trasladábamos un mensaje que venía del Tribunal Constitucional (TC). Estábamos advirtiendo de una advertencia. El problema no era tanto hacernos caso a nosotros, porque efectivamente no tenemos funciones decisorias; como asesores estábamos advirtiendo de que el TC había adoptado muchas resoluciones que avisaban a la Mesa del Parlament de que no aprobaran resoluciones o apoyaran el procés. El problema de fondo estaba ahí.

-Entonces cabe preguntarse ¿para qué sirven esas instituciones si luego los partidos hacen lo que les da la gana?

-Es la pregunta que nos hacemos todos. Tampoco se hizo caso de un órgano como el Consejo de Garantías Estatutarias, que se creó para velar por el cumplimiento del Estatuto y la Constitución.

-¿Cómo eran las reuniones, eran tensas?

-Tuvo dos escenarios. El Pleno, que se interrumpía constantemente para reunir la Mesa y de la Junta de Portavoces, que daban lugar a impugnaciones de las decisiones. El secretario general y yo nos repartimos el trabajo. Él se encargó de estar en el Pleno y yo en la Mesa. El ambiente ahí era muy crispado, pero quizá por la situación crítica que hubo, he de decir que nadie perdió los papeles, que es mucho decir. Pero la tensión era enorme. Yo he calificado esos días como los peores de mi vida.

-Se comentó que alguien le mandó callar.

-Ha habido constancia de eso, sí. Los letrados estábamos sometidos a una doble presión, lo cual no critico porque hasta cierto punto es normal. Por un lado, los grupos parlamentarios, que querían que nosotros hiciéramos de jueces e impidieran que se hicieran cosas, sin que tuviéramos esas funciones. Y otros que esperaban que no dijéramos nada, aunque se nos interpelaba constantemente. Fue una situación muy incómoda. Yo iba a intervenir en una cosa que no era de las más esenciales y no se me dio la palabra, pero no le di mayor trascendencia. Formaba parte de la tensión y lo que tenía que decir no era tan esencial (ríe)

-Hay personas que creen que el artículo 155 se tuvo que aplicar esos días, y no tras el referéndum...

-Es una buena pregunta. Entendiendo la lógica que hay detrás del 155 y un poco la posición del Estado, pudo haber motivo cuando ya se habían aprobado unas leyes. Hasta entonces se habían aprobado resoluciones y declaraciones. Pero una ley es una ley y, por tanto, es un mandato imperativo y es imposible decir que no tiene efectos jurídicos. Visto de esta manera, se pudo considerar que no hubo que esperar al 27 de octubre (aprobación de la DUI). Pero yo creo que el Estado no tenía la certeza de si el referéndum se celebraría el 1 de octubre y quería evitar que se le acusara de actuar antes de tiempo.

Crónica Global entrevista a Antonio Bayona / LENA PRIETO

Crónica Global entrevista a Antonio Bayona / LENA PRIETO

-¿Le pareció bien que se aplicara ese 155?

-El 155 es un mecanismo de garantía de la Constitución, no supone una anormalidad democrática. Todos los países democráticos tienen mecanismos de garantía ante situaciones extremas. Estoy convencido de que muchos profesores, si tenemos que explicar un ejemplo de aplicación del artículo 155 de la Constitución, podíamos pensar en un caso como éste, que es bastante evidente. Discutir si dada la naturaleza del artículo se podía aplicar o no, es difícil. Otra cosa es la envergadura. Hubo mucha discusión sobre las medidas que se podían aplicar, pues la doctrina da un amplio margen de discusión. Pero creo que hay una cosa muy importante a destacar. La decisión de disolver inmediatamente el Parlament y dar la palabra a los ciudadanos en unas elecciones le daba un carácter claramente transitorio al 155, y eso debe ser valorado frente a una situación inicial, que contemplaba una duración mayor. Incluso hubo un voto particular del PSOE en el que se decía que si se convocaban elecciones, no se aplicaría, pensando en el famoso día 26. Creo que se gestionó razonablemente bien.

-Hay tres argumentos que usted analiza en el libro que utilizan los independentistas para aplicar la ruptura: derecho a la autodeterminación, la plena soberanía de Cataluña y el principio democrático que emana de un referéndum. ¿Qué opina de cada uno?

-Yo lo veo más como una voluntad de ser que un ser. Se apela a esos elementos, pero en realidad son muy débiles. Y no pueden ser subjetivos. El derecho a la autodeterminación no está reconocido de forma amplia en el ámbito internacional. Se pensó para situaciones coloniales y pueblos sometidos a opresión y que tenían pendientes de desarrollar sus derechos como colectivos. Y se ha aplicado muy restrictivamente porque la comunidad internacional da mucha importancia al principio de integridad territorial. Y aquí hay muchas resoluciones de Naciones Unidas que hacen una interpretación muy restringida. Entiendo que, políticamente, se diga que en Cataluña se está en esa situación, es respetable, pero como jurista no puedo estar de acuerdo. En cuando al principio democrático, al margen de la legalidad, no es posible aplicarlo. La democracia no va separada de la legalidad. Es como una moneda que tiene dos caras, las dos se retroalimentan. Según el principio democrático, puedes cambiar el derecho y la norma, pero no puedes sentirte no sometido a ellos. Sobre todo si quien lo dice no es un particular, sino un poder público. Y sobre el principio de soberanía, ello implica que ya has desconectado de la legalidad que es de otro. Eso es una declaración política, pero eso no es así jurídicamente. No son argumentos sólidos.

-¿El TC pudo evitar los encarcelamientos tras la reforma que le daba competencias para suspender a los cargos que desobedecen? Una reforma que no se ha aplicado nunca...

-Visto en perspectiva, sí. Habría que ver cómo hubieran respondido esos cargos suspendidos. El problema es que ni el abogado del Estado llegó a plantear esa medida. Hubo una discusión muy importante sobre si el TC podía tomar esa medida, aprobada para ejecutar las resoluciones del tribunal. Dentro del propio TC había discrepancias. Yo no había pensado en ello, es una idea sugerente. Pero desde Cataluña, se mantenía que ese tribunal está desautorizado. La famosa resolución 1/11 decía que el Parlament ya no estaba sometido al TC, quizá se habría producido otro conflicto.

-En ese sentido, dirigentes independentistas cuestionan que la Justicia española sea garantista, creen que es represora.

-Todo se basa en la apreciación de cómo se ha dado una respuesta al procés. En general, la democracia española, como otras muchas, tiene déficits. Algunos países tienen una alta calidad democrática y otros menos. Pero me parece excesivo decir que estamos en un Estado autoritario. En ese caso, España tendría problemas con la UE y con la comunidad internacional. Pero es verdad que el juicio del procés plantea algunos problemas, como es el caso de la prisión preventiva. No sé si el Supremo llegó a valorar alguna medida alternativa que no fuera la prisión preventiva, que cubriera todos los bienes jurídicos a proteger. El Tribunal Europeo de Derecho Humanos exige demostrar que la prisión preventiva es imprescindible. Yo tengo mis dudas al respecto. También es cuestionable la envergadura de algunos delitos imputados. La Justicia y el Estado español se juegan un prestigio importante. Es una prueba del algodón muy importante, veremos cómo se resuelve.

-¿Ve excesivo el delito de rebelión?

-Yo no lo veo. He leído y releído el auto de procesamiento. La rebelión necesita demostrar que hubo violencia los días 20 de septiembre y el 1 de octubre. La violencia, suponiendo que la hubiera, no tiene la entidad que exige el Código Penal. El propio auto indica que esa violencia debe ser capaz de doblegar la voluntad del Estado. Y yo creo que se llegara a esa situación de riesgo. También creo que hay que valorar, no solo lo que pasó, sino lo que no pasó. Si realmente se quería hacer una independencia unilateral, el día D, el día 27, cuando se aprobó la DUI, pudo pasar algo. Y no pasó nada. Eso está muy ausente del debate.

-Usted mismo ha comentado que los dirigentes se fueron de fin de semana...

-Bueno, es lo que pasó. No concibo un gobierno que declare la independencia y no haga nada inmediatamente. Sobre todo si lo hace unilateralmente, si lo haces de acuerdo con el Estado quizá, pero no era eso. Yo no he visto esta circunstancia en el proceso.

-¿Hubo un punto de artificio jurídico para revestir un pronunciamiento político?

-Las leyes intentaban dar esa pátina jurídica apelando al derecho a la autodeterminación para celebrar un referéndum, mientras se aprobaba la ley de transitoriedad, que era consecuencia de lo anterior. Pero el elemento débil es decir que estás ejerciendo un derecho a la autodeterminación, que políticamente puedes invocar, pero no jurídicamente. Ahí se calibró mal. Se necesitaba una apariencia jurídica, pero era fachada, no había consistencia.

-¿Los procesados del 1-O son presos políticos?

-He dicho que me cuesta ver la prisión preventiva. Pero para mí, un preso político es una persona que es perseguida por sus ideas y sus convicciones. Aquí no debemos olvidar que se tomaron decisiones ejerciendo un poder público y eso cambia ese escenario. Aquí, el uso de la expresión preso político no es la más apropiada.

-¿Qué salida ve al conflicto catalán?

-En el libro hablo de los referentes olvidados, y me refiero a los casos de Escocia y Quebec. Y con la situación social y política existente en Cataluña y España, la independencia unilateral o exprés no tenía mucho recorrido. La independencia es algo muy complicado y construir una estrategia contra una unidad territorial que se defiende con uñas y dientes al margen de la Constitución, no se puede consumar. Hay quien dice que el Estado español nunca negociará. Alex Salmond recordaba que en Escocia pasaron décadas hasta que se encontró el momento adecuado para llegar a un acuerdo con el Gobierno británico. Y aconsejaba mucha paciencia para aguantar la frustración. La independencia no es una carrera de mil metros sin obstáculos, es una maratón y hay que actuar en consecuencia.

Antonio Bayona en la entrevista a Crónica Global / LENA PRIETO

Antonio Bayona en la entrevista a Crónica Global / LENA PRIETO

-¿Persona de su círculo de amistades o familiares le han reprochado su postura durante el procés?

-Sí, aunque no lo veo como algo fuera de lo normal. Hemos atravesado situaciones muy críticas. A veces es muy fácil criticar cuando no se está en el lugar de uno. En el ámbito parlamentario, el procés ha pasado factura no solo a mí, sino a todos, las emociones están a flor de piel y relaciones que antes eran más fluidas, ahora se han enfriado e incluso algunas han desaparecido. Pero eso también ha pasado en el ámbito social. Pero esto es un peaje que hay que pagar. Yo intento racionalizarlo.

-¿Cree entonces que hay fractura social?

-Sí lo creo, yo tengo un entorno abierto en mi familia, pero tengo amigos que han tenido problemas y no pueden tocar ese tema. Tampoco ha llegado la sangre al río. Hay que convivir con ello y aprender de lo que ha pasado. Esperar a que el juicio salga bien y hacer un reset, porque tampoco podemos mantener tanta tensión. También depende de quién gobierne en Madrid, pues ahora hay unas elecciones.  No creo que el independentismo tenga que renunciar a nada, pero sí hacer una reflexión porque, según están admitiendo, aquello no era lo que se pretendía que fuera.

-En el Parlament hay diputados que no se saludan.

-Eso no había pasado nunca, pero han entrado en una dinámica del bueno y el malo, el que tiene sentimientos y el que no. Y esa dinámica es mala pues todos los diputados representan a los ciudadanos. La situación es muy extrema, pero las relaciones en el Parlament está muy deteriorada.

-Usted decide renunciar a ser letrado mayor, ¿se va porque ya no puede más, o porque le invitan a irse?

-No hubo una invitación directa, pero uno sí percibe claramente cuando hay confianza y cuando no. No quise irme antes de que acabara el proceso, no es bueno dimitir en mitad del lío. Esperé a la nueva legislatura, pero al formarse una nueva mayoría independentista, vi que al nuevo presidente del Parlament (Roger Torrent) ya le iba bien que yo me fuera y yo necesitaba irme, estaba quemado y ya había hecho mi papel.