El 'procés' bloquea la ley catalana de contratos anti 3%

La nueva ley catalana de contratos, llamada a combatir la corrupción en los concursos públicos, avanza a trompicones. La negativa del Gobierno independentista a adaptarse a la legislación española, así como el trato de favor que, según empresas y patronales, se da a las cooperativas, complica la elaboración de una norma impulsada por ERC para evitar las "mordidas del 3%".

El proyecto de ley pretende garantizar las buenas prácticas en los procesos de contratación de la administración pública. Dicho de otra manera, el Govern se conjura para evitar un nuevo caso 3%, relativo al cobro de comisiones a empresas por adjudicación de obra pública. Este escándalo, destapado durante el mandato de CDC, obligó a este partido a someterse a una catarsis, que se saldó con el nacimiento de PDeCAT, el surgimiento de Junts per Catalunya y, más recientemente, la Crida Nacional, el partido creado por Carles Puigdemont para agrupar a los neoconvergentes independentistas más irredentos.

Tolerancia cero de ERC

No es gratuito que sea ERC, que siempre ha hecho bandera de tolerancia cero en materia de corrupción, la responsable de esta nueva normativa, que en un principio impulsó el exconsejero de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, Raül Romeva, que estos días es juzgado en el Tribunal Supremo por la organización del 1-O. En febrero de 2017, el Parlament comenzó a tramitar el decreto que debía servir como núcleo de la futura ley de contratos, donde el precio deja de ser el criterio de adjudicación principal para primar la calidad.

Entre las principales novedades figuraba la reducción de cargas burocráticas en los procedimientos de contratación, la lotización de los contratos, la supresión de procedimientos sin publicidad y sin transparencia, el fomento del uso de procedimientos abiertos y con concurrencia, la incorporación del coste del ciclo de los bienes y servicios a las ofertas, la introducción de la nueva figura de la concesión con transferencia de riesgo operacional y la regulación del nuevo régimen de concertación social.

En suspenso por el artículo 155

El proyecto quedó en suspenso debido a la aplicación del artículo 155 de la Constitución. En noviembre de 2018 se le dio un nuevo impulso, pues la Cámara catalana dio luz verde a esta ley pionera, actualmente en fase de ponencia --los grupos parlamentarios tramitan el proyecto, escuchan a los expertos y plantean enmiendas-- y que ahora ha pasado a manos de la vicepresidencia económica de Pere Aragonès.

Sin embargo, el redactado de esta ley catalana incumple un requisito imprescindible, según los juristas que han comparecido en la ponencia: no adapta la ley española de contratos del sector público aprobada en marzo de 2018 y entra en contradicción con la misma. Uno de los expertos que ha avisado de esos fallos es el catedrático de Derecho Administrativo, Joaquín Tornos.

La adaptación de las nuevas directivas europeas, vigentes desde abril de 2016 y que obligaban a un cambio de paradigma en las políticas de contratación, compete al Estado. A partir de eso, las Comunidades Autónomas deben elaborar sus normas en base a la ley española. Algunas lo hicieron ya, no así Cataluña, inmersa en un proceso independentista que, según sospechan los grupos parlamentarios de la oposición, está detrás de esa “voluntad de regular los contratos al margen del Estado”.

El artículo más polémico

Por tanto, el proyecto inicial debe ser reelaborado, proceso que determinados sectores económicos quieren aprovechar para corregir o enmendar uno de los puntos más polémicos y que, a su juicio, denotan también una cierta ideologización. Se trata del artículo 7, donde se da prioridad a las cooperativas en la adjudicación de contratos. En este sentido, la futura ley abre la puerta a pequeñas y medianas empresas que habitualmente no acceden a este tipo de concursos, así como a empresas del tercer sector y sobre todo a las cooperativas.

Sociedades mercantiles, patronales y pymes expresaron su malestar ante la posibilidad de favorecer a “empresas de economía social o empresas sociales”, que obviamente interesa a un tercer sector que pugna por gestionar todas las políticas sociales de las administraciones. Según la directora de la Unión Catalana de Hospitales --un sector clave en la contratación pública--, Roser Fernández, que compareció en la ponencia sobre el proyecto de ley de contratos, advirtió de la necesidad de no romper el consenso “a partir de posiciones que no suman, en un contexto de mejorar la calidad de la prestación de servicios. Nos referimos a las previsiones legales que hacen referencia a la posibilidad de reservar contratos o restringir licitaciones a favor de ‘empresas de economía social o empresas sociales’ por la inseguridad jurídica que comporta”.

El Govern está por la labor

Avisaba Fernández que “imponer la carga formal a las empresas de transformarse en ‘empresas de economía social’ o quedar fuera de la contratación pública no solo sería injusto para ellas, sino un error difícil de comprender para el colectivo de personas que atienden desde hace años y de manera altamente satisfactoria”.

Detrás de esa rotunda apuesta por el modelo de cooperativa se encuentra Josep Vidal, director general de Economía Social, Tercer Sector, Cooperativas y Autoempresa. Vidal fue vicepresidente de la Asociación Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS).

No obstante, las mismas fuentes parlamentarias aseguran que el Govern está por la labor de avanzar en esta tramitación y que la directora general de Contractació Pública, Mercè Corretja, tiene previstas varias reuniones para agilizar el proceso.