Oleguer Pujol pide el archivo del 'caso Drago'

Oleguer Pujol Ferrusola y algunos de sus socios en operaciones inmobiliarias han presentado alegaciones ante el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional para reclamar a la Audiencia Nacional el sobreseimiento y archivo del denominado caso Drago, en el cual se investigan transacciones de hace más de una década --entre ellas, la intermediación en la venta de 1.152 oficinas del Banco Santander-- y por las que les imputan delitos de pertenencia a organización criminal, contra la Hacienda pública, falsedad documental y blanqueo de capitales.

En las investigaciones del juez Santiago Pedraz, titular del juzgado, también aparecen implicados José María de Villalonga Bardella y José María de Villalonga Cabarrocas --padre e hijo, respectivamente, a quienes el magistrado rechazó conceder el sobreseimiento el pasado 18 de enero siguiendo el criterio de Anticorrupción-- y también Javier de la Rosa Misol, hijo del empresario Javier de la Rosa, entre otros.

Niega "origen delictivo"

En su escrito, la procuradora de Oleguer Pujol considera "evidenciado" la "irrelevancia jurídico-penal del objeto investigado", por cuanto se "pone de manifiesto la perfecta identificación y trazabilidad de los fondos invertidos en Drago" por el hijo menor del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol.

Según sus alegaciones, los 170.000 euros aportados por Oleguer Pujol a esta compañía desde cuentas andorranas "no consta" que tengan "un origen delictivo" ni su conducta fue tampoco "constitutiva de delito de blanqueo de capitales, ni de delito fiscal, ni otros instrumentales a éstos (organización criminal y falsedad)".

Los representantes de Pujol apuntan que "si subsistieran dudas en relación al delito fiscal, su investigación singular habría de quedar conferida por inhibición en favor de los Juzgados de Instrucción de Barcelona, ciudad en la que tiene su domicilio fiscal".

Por lo que respecta al presunto delito fiscal la compraventa de oficinas del Banco Santander, señalan que "el eventual reproche penal queda exonerado de reacción penal por razón de la regularización tributaria realizada por Oleguer Pujol y por aquellos intermediarios Javier de La Rosa Misol y José Maria de Villalonga Bardella".

Los Vilallonga apelan al archivo concedido a Iglesias

Por su parte José María de Vilallonga padre e hijo insisten en reclamar el sobreseimiento --que les fue denegado en enero-- recordando que, en cambio, sí se le concedió en esas fechas a otro de los investigados, Luis Iglesias Rodríguez-Viña, "con el informe favorable del Ministerio Fiscal".

Según su defensa, el reciente auto considera que, tras la instrucción, existen “indicios racionales de no criminalidad”. Y que "el investigado sobreseído, en comparación con los demás, es el que ha tenido más relaciones profesionales, económicas y comerciales con la persona que viene a ser el principal protagonista del objeto de imputación de esta causa", Oleguer Pujol.

"Los supuestos actos de blanqueo que se investigan", apuntan en las alegaciones "esto es, la participación económica del Sr. Pujol en el capital de Samos, a través de fondos andorranos, desconocidos por su socio el Sr. Iglesias, eran también desconocidos por el Sr. Villalonga y el Sr. De la Rosa --con mayor motivo--".

Comisión "legal"

Según la defensa, los Vilallonga "únicamente cobraron una comisión, perfectamente legal y mermada a la mitad, como mediadores en una importante operación inmobiliaria, al amparo de la Ley 12/1992 de 27 de mayo reguladora del Contrato de agencia, circunstancia que reconoce el Ministerio fiscal en su informe favorable al sobreseimiento del Sr. Iglesias, considerando tales fondos 'producto de la actividad empresarial'". Y en el caso de los Vilallonga, además, "no tuvieron relación con los Srs. Pujol e Iglesias con anterioridad a esta operación, y consecuentemente nada tuvieron que ver con las operaciones societarias previas en las que pudiera haberse realizado la operación sospechosa de incurrir en el delito de blanqueo de capitales".

De la Rosa, por su parte, también apela al sobreseimiento de la causa de Iglesias para reclamar el archivo en su caso por blanqueo de capitales.

Regularización con Hacienda

Vilallonga padre e hijo ya alegaron en enero que todas las operaciones investigadas corresponden a intermediaciones legales, que se cobraron a través de sociedades radicadas en Holanda por exigencia de otros intermediarios y que, en cualquier caso, ya regularizaron ante la Agencia Tributaria todas las deudas fiscales devengadas en su momento.

La Audiencia Nacional, en cambio, hizo suyos los argumentos de la Fiscalía Especial contra la Corrupción Organizada y consideró que siguen vigentes los elementos de incriminación expresados en los escritos previos, emitidos en junio de 2016 y en enero de 2018, por lo que desestimo sus alegaciones.

'Proyecto Brick'

El pasado 18 de enero, el tribunal apuntó que, según la documentación aportada a la causa por Sun Capital Partners, las personas destinatarias de comisiones de venta del Proyecto Brick --las 1.152 sucursales del Banco Santander-- fueron Gabriela de la Rosa y Villalonga Bardella a través de Marway BV y Oleguer Pujol y Luis Iglesias a través de ARD Choille BV.

En el auto de apertura de dicha pieza, el magistrado De la Mata --predecesor de Pedraz en el caso-- explicaba que las diligencias a este respecto investigaban el origen del dinero que invirtió Pujol en las diversas operaciones inmobiliarias de la empresa Drago Capital y en la propia compañía, así como "determinadas inversiones realizadas subsiguientemente, parte en distintos productos financieros y parte para financiar aportaciones al fondo Drago Real Estate Partners".

Blanqueo de comisiones

Además, las pesquisas se dirigían al "destino de algunas de estas inversiones en distintas operaciones inmobiliarias", entre las que el magistrado destacaba la participación en el Proyecto Brick, consistente en la compraventa de 1.152 locales de sucursales bancarias del Banco Santander, que se llevó a cabo por Samos Servicios y Gestiones SLU, y que generó unas comisiones de alrededor de 11 millones de euros.

La investigación indagó en la operativa de ocultamiento y blanqueo de las comisiones que fueron cobradas por distintas personas físicas con motivo de la compraventa "mediante la utilización de estructuras societarias radicadas en terceros países y la subcontratación en cadena de los servicios solicitados, consiguiendo así que la Hacienda Pública no fuera conocedora de su percepción".