Colau paga un repóker de contratos 'a dedo' para sus cortes de calle

No gustan a los comerciantes y su logística es dudosa. Los cortes de calles del Ayuntamiento de Barcelona se han organizado con un repóker de contratas a dedo y con un servicio de vigilancia que ha acabado denunciado en la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) por, presuntamente, ser irregular. Obrim carrers, una de las medidas estrella del segundo mandato de Ada Colau como alcaldesa de Barcelona, empieza como su última legislatura: con un abuso de licitaciones sin concurrencia ni publicidad.

Lo denuncian fuentes de la oposición municipal, que se quejan de que las interrupciones de tráfico en la Ciudad Condal muestran poca transparencia. Solo en el primer trimestre de este año año, el gobierno municipal asignó cinco contratos menores --sin concurso ni publicidad porque su cuantía no rebasa el umbral máximo fijado por la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP)-- para organizar Obrim carrers por valor de 18.143 (ideación actividades); 18.143 (coordinación); 18.089 (evento); 14.520 (imagen de campaña); 17.968 y 907 euros (Actividades de ocio infantil). ¿Los beneficiados? Tati Inti SCCL; Utopía Barcelona; Atomic Matthews Haba; La Taula SCCL y Mucho Diseño SL. ¿El licitador? Ecología Urbana, el área de Janet Sanz, la número dos de Colau (4), y el distrito de Ciutat Vella (1).

Colau paga un repóker de contratos 'a dedo' para sus cortes de calle / CG

Cortes de calles 'a dedo'' y ante Antifraude

De este modo, el Ejecutivo local de Colau ha concretado una medida estrella de mandato con contratos a dedo y otro de vigilancia, por valor de 1,2 millones de euros, asignado por procedimiento de urgencia: tampoco tuvo concurrencia. ADN Sindical, mayoritario en el sector, lo ha denunciado ante Antifraude por la falta de transparencia y posibles irregularidades con la presentación de las ofertas.

Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, en un acto público contra el cierre de las fábricas Nissan en Cataluña / EFE

La organización de los cortes de calle no tendría mayor enjundia salvo por dos elementos: ha sublevado a los comerciantes y generado rechazo en el empresariado y se suma a la política de dedazos, contratos menores sin concurso, que viene poniendo en práctica el Ayuntamiento de Barcelona. De hecho, el Ejecutivo local de Barcelona en Comú asignó el 94% de contratas públicas a dedo en su primer mandato, de 2015 a 2018. Ello generó críticas de partidos como Ciudadanos. En el pleno de febrero, la formación presentó una iniciativa para limitar este tipo de tramitación. No prosperó con los votos en contra de BComú, PSC y ERC.

Dinero público repartido y a afines

La censura de la oposición no ha hecho virar la política del gobierno municipal de usar masivamente la contratación a dedo. ¿Ejemplos? También el primer trimestre del año, BComú dio dos adjudicaciones de 18.148 y 18.143 euros a Calaix de Cultura SCCL y Ludic SCCL, que están domiciliadas en la misma dirección: la calle Diputación número 185 de Barcelona. Ambas tenían un fin similar: la gestión del Centro Cultural Albareda de Nou Barris y sus actividades culturales. Etic Habitat SCCL, cooperativa de Oriol Companyon, cofundador de Barcelona en Comú, cazó una licitación menor de 14.650 euros para mediar con los apartamentos turísticos. Esta asociación ha arañado un contrato tras otro desde la llegada de los excompañeros de partidos de Companyon al Ayuntamiento, tal y como avanzó este medio.

La contratación menor es legal, sí, pero polémica. Ha puesto peros a procedimientos de este tipo la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), que alertó de los peligros de las adjudicaciones sin contrato en su informe Riesgos para la integridad en la contratación pública, publicado en 2019 [consultar aquí]. Tal y como explicó este medio, este tipo de tramitación es "excepcional", pero a menudo las administraciones lo usan como mecanismo flexible para contratar, lo cual “incrementa la probabilidad de un uso distorsionado o desvirtuado que pone en riesgo la igualdad en el acceso a las licitaciones públicas, la libre competencia y la eficiencia en la compra pública”.