Ada Colau ha adjudicado el 94% de contratos 'a dedo'

El equipo de gobierno municipal de Ada Colau entre 2015 y 2018 adjudicó un 94,44% de contratos a dedo. El ejecutivo local de la actual alcaldesa de Barcelona gastó la friolera de 261 millones de euros en adjudicaciones sin concurso público en apenas cuatro años, su primer mandato. Solo cuando el Gobierno endureció la ley para poner coto a estas licitaciones opacas, el equipo de Barcelona en Comú (BComú) --que contó con el concurso del PSC entre 2015 y 2017-- rebajó el dispendio un 40% para ajustarse a normativa.

Los 'contratos a dedo' de Colau / CG

Según datos de contratación pública del Ayuntamiento de Barcelona a los que ha accedido este medio, Colau y su equipo gastaron 261,37 millones en adjudicaciones directas en solo cuatro ejercicios. Y lo que es más: desde que la exportavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) accedió a la alcaldía, la cuantía en este tipo de contratas subió gradualmente. En 2015, los concejales de BComú adjudicaron 65,80 millones sin concurso, un 22,72% del total del importe de las adjudicaciones. En 2016, fueron 72,12 millones, un 18,50% del total; por 75,94 millones en 2017, un 18,05% de todo el gasto. Este guarismo solo cayó en 2018 y lo hizo tras un cambio determinado: el endurecimiento de la ley.

Una nueva ley frenó los 'dedazos'

El 9 de noviembre de 2017 se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Esta pieza normativa bajó las cantidades mínimas de contratación sin concurso para servicios y obras. En el primer caso, el umbral pasó de 18.000 euros más IVA a 15.000 euros más impuestos. Por lo que se refiere a obras y trabajos, el importe mínimo se recortó de 50.000 euros a 40.000, ambas cifras excluyendo impuestos. Coincidiendo con este cambio, el gobierno municipal de Ada Colau frenó drásticamente los contratos a dedo. En 2018, ya con la Ley de Contratos en vigor, los comunes se dejaron 47,50 millones del presupuesto municipal en adjudicaciones directas. Este guarismo copó el 15,92% del dinero público total destinado a contratas.

Lo nuclear es que el gabinete de BComú --ya sin el PSC-- rebajó la contratación a dedo un 38%. Coincidió con el nuevo escenario legislativo, en el que adjudicar sin concurso era más difícil. En otras palabras: Colau y los suyos incrementaron un 10,77% los dedazos el primer año completo que capitanearon la alcaldía de Barcelona y un 4,77% el segundo. Solo cuando el Gobierno endureció la ley los concejales de Colau entraron en vereda, cayendo las adjudicaciones directas un 38% tras, o quizá debido a, la nueva robustez de la legalidad.

Antifraude afeó estos contratos

Si bien las adjudicaciones sin concurso se ajustan a ley, hay estamentos que los han cuestionado abiertamente. ¿Quién? Uno de los últimos en hacerlo fue la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC). Lo hizo en el informe Riesgos para la integridad de la contratación pública [consultar aquí] que publicó el organismo que comanda Miguel Ángel Gimeno en noviembre de 2019. En este documento, Antifraude alertaba de que la Generalitat de Cataluña adjudicaba a dedo dos tercios de sus contratos, cuando este tipo de procedimientos deberían ser "excepcionales". La Oficina señala que la contratación directa supone un "mecanismo de flexibilización que facilita atajos rápidos". En opinión del equipo del juez Gimeno, los contratos sin concurrencia pública "incrementan la probabilidad de un uso distorsionado o desvirtuado que ponga en riesgo la igualdad en el acceso a las licitaciones públicas, la libre competencia y la eficiencia en la compra pública”.

Las cifras de contratación directa del primer mandato de Ada Colau, elaborados a partir del Portal de Transparencia, se conocen tras avanzar VozPópuli que el consistorio adjudicó 64 contratos un euro por debajo del límite legal en 2016. Lo habría hecho, presumiblemente, con el objetivo de burlar la ley. El anterior equipo de la alcaldesa aprobó 51 ajudicaciones de servicios y 9 suministros por valor de 17.999 euros, más cuatro contratos de obras con un importe de 49.999 euros. La añagaza no ha pasado desapercida para el Tribunal de Cuentas. El fiscalizador del presupuesto público ha concluido que el uso continuado de estos contratos al límite del umbral máximo "conllleva un menor grado de control por parte de la Administración" y el consiguiente "riesgo desde el punto de vista de una buena gestión pública".