Un concejal de Colau firmó un 'dedazo' de 250.000 euros a Roures

Fue Jordi Martí, de Barcelona en Comú, y sí, fue a dedo. El Ayuntamiento de Barcelona, que comanda Ada Colau, otorgó una subvención directa --sin convocatoria pública-- a Mediapro, el grupo audiovisual que fundó Jaume Roures, para producir el polémico concierto de los balcones Barcelona ens en sortirem (Barcelona, lo lograremos) de homenaje a la ciudad tras el coronavirus. El recital se acabó suspendiendo tras una rebelión en el sector cultural. Ahora, la propia Ada Colau deberá responder por el fiasco el lunes. 

Extracto de la Gaceta Municipal con la propuesta de 'dedazo' a Mediapro / CG

La oposición municipal ha señalado hoy a la resolución de la junta de gobierno del 30 de abril en la que el Ayuntamiento y Mediapro firmaron un convenio por el cual la segunda se embolsaba una subvención directa de 250.000 euros. La cantidad, vehiculada mediante "ayuda directa con carácter excepcional" debía costear la ejecución del proyecto Barcelona canta a la vida, un concierto que al final cambió su nombre a Barcelona, lo lograremos. El coste total del recital era de 500.000 euros, de los cuales el gobierno municipal de Colau entregaba el 50% al grupo de Jaume Roures sin que rivales de Mediapro tuvieran la posibilidad de competir con ésta.

Jordi Martí firmó el 'dedazo'

Tal y como avanzó este medio, el capote a Mediapro lo echó Jordi Martí, concejal de Presidencia y Presupuestos y uno de los hombres fuertes de Barcelona en Comú, partido de la alcaldesa Ada Colau. No le tembló la estilográfica a Martí para beneficiar a la compañía de Roures pese a que en 2016 el Ejecutivo local de los comunes manifestó su "voluntad de no tener relación jurídica con empresas que, directa o mediante empresas pantalla o filiales, desvíen fondos a países considerados paraísos fiscales con la intención de evadir sus obligaciones tributarias". El compromiso antiblanqueo de BComú y PSC quedó plasmado en un decreto de alcaldía [consultar aquí].

Jaume Roures, cofundador de Mediapro, en una comparecencia de prensa anterior / EFE

Desde entonces, Mediapro e Imagina sí desviaron fondos a paraísos fiscales. Lo hizo la filial del grupo en Estados Unidos durante el pago de un soborno a un alto cargo de la FIFA vía Panamá --considerado paraíso fiscal por la Unión Europea desde febrero de este año-- para conseguir derechos audiovisuales. Lo admitió la propia compañía en una admisión de culpa o plea agreement firmada en el marco del macrocaso Fifagate de corrupción en el órgano de gobierno del fútbol mundial en 2018. Tras el reconocimiento de uso de una juridiscción fiscal no colaborativa --que costó una multa de 21 millones de euros a la compañía de Jaume Roures--, el fiscal del Distrito Este de Nueva York ha imputado recientemente al exconsejero delegado de Imagina, Gerard Romy por, precisamente, blanqueo de capitales y organización criminal. Sostiene el ministerio público que Romy y Mediapro-Imagina en Estados Unidos utilizaron sistemáticamente paraísos fiscales para pagar las mordidas a la Fifa. No obstante, el fiscal Richard P. Donoghue deberá demostrarlo ante la juez que instruye el caso.

El festival 'pinchó'

Cualquiera que fueren las investigaciones en marcha --y el incumplimiento del código ético municipal--, Mediapro se debía llevar los 250.000 euros del concierto de los balcones por adjudicación directa de una subvención municipal. Por qué la firmó Jordi Martí es una incógnita, cuando los concejales del área cultural del Ayuntamiento son Joan Subirats (BComú) y Xavier Marcé (PSC). El primero comanda el área de Cultura y el segundo, la cartera de Industrias Culturales. Quizá por esa falta de experiencia, el invento de BComú pinchó. El Ayuntamiento presentó el recital el 30 de abril. Lo dotó de la máxima carga política, ya que lo presentó en rueda de prensa la propia alcaldesa, Ada Colau, conectada por videoconferencia con Andreu Buenafuente, dueño de El Terrat, productora que Mediapro compró en 2019, tal y como avanzó este medio.

A las pocas horas comenzaron a llegar las críticas, primero en las redes sociales, y después de los propios artistas. Se descolgaron del evento grupos como Txarango, Sopa de Cabra, Stay Homas, Clara Peya, Lidlami, Suu y Silvia Pérez Cruz. Alegaron algunos de ellos que se oponían al gasto de 200.000 euros en el concierto de las terrazas --que eran en realidad 250.000 públicos y 250.000 privados-- o que el recital no encajaba con el sector cultural local. Colau retiró el presupuesto municipal del evento, primero, y lo canceló, después. La oposición ha forzado su comparecencia para el lunes, 11 de mayo, con el fin de que la primera edil dé explicaciones.