Ningún alcalde catalán ha firmado aún el decreto que haría ilegal su actuación en el referéndum

Los más de 700 alcaldes que se pusieron a disposición de la Generalitat para organizar el referéndum de la semana próxima no han cometido, por ahora, ninguna ilegalidad. Así concluyen varios secretarios municipales consultados en torno a la polémica que se ha generado alrededor de la figura de los primeros ediles catalanes.

El Govern tuvo mucho cuidado en reclamar la respuesta de los municipios en un plazo de 48 horas de forma urgente, de manera que la respuesta de los ediles favorables a la consulta se produjera antes de que el Tribunal Constitucional admitiera a trámite el previsible recurso del Consejo de Ministros, lo que suspendería la ley del referéndum. Es decir, que cuando la mayoría de los 700 alcaldes se pronunciaron la ley del referéndum estaba vigente. 

Declaraciones personales

Ese principio afecta tanto los que respondieron en seguida al llamamiento del Govern y firmaron adhesiones personales para organizar el 1-O, que han sido citados a declarar por la Fiscalía, como los que han decidido desmarcarse del procés por la ilegalidad de la votación que se plantea para la próxima semana y son presionados por JxSí y la CUP.

Los expertos juristas que se dedican a los asuntos locales, cuya figura se fija en la ley reguladora de las bases del régimen local, indican que los documentos que se han publicitado como muestra de compromiso con el referéndum son meras “declaraciones de intenciones únicamente del alcalde”. La inmensa mayoría ni siquiera han sido refrendadas por el pleno municipal, por lo que no se pueden considerar un posicionamiento del pueblo o ciudad en cuestión, sino una adhesión política personal.

La firma del secretario municipal

Además, los documentos carecen de lo más importante para ser considerados un decreto: la firma del secretario del consistorio. Con esta rúbrica el jurista da fe de que procedimiento que se tramita es conforme con el ordenamiento jurídico vigente y lo inscribe en el libro de resoluciones, una cuestión muy técnica, pero vital para la publicación de un decreto municipal.

Algo que no se puede dar en estos momentos porque la ley del referéndum y la convocatoria del mismo fueron recurridos ante el Tribunal Constitucional y se ha aceptado a trámite, hecho que paraliza su aplicación.

Los secretarios no han firmado ninguno de los documentos y no se han publicado en los libros de resoluciones ni en ningún boletín oficial provincial. De hecho, solo han transcendido las fotografías que los propios ediles y concejales favorables han divulgado a través de las redes sociales o los departamentos de comunicación municipales.

Calendario de las actuaciones

No se pueden considerar decretos de pleno derecho, según las fuentes jurídicas consultadas. Pero a partir de aquí, cualquier actuación de un alcalde, equipo de gobierno o funcionario público para facilitar la organización del 1-O sí que podría incurrir en una ilegalidad.

Ahora sí que está claro que la convocatoria del referéndum no tiene vigencia y Fiscalía ha avisado de la rotundidad de su actuación. Si el posicionamiento político se convierte en un actuación concreta para sacar las urnas a la calle el domingo de la semana próxima iría en contra de los mandatos judiciales.

Funciones electorales

Otra cuestión es quién tiene la potestad legal de poner las urnas y organizar las mesas electorales de cualquier municipio. Es, de nuevo, una competencia de los secretarios municipales. Y este colectivo no se ha mostrado hasta la fecha partidario de colaborar con la Generalitat para organizar el referéndum. JxSí y la CUP se tienen que haber dotado de un plan alternativo para facilitar la votación del domingo 1 de octubre.

El propósito de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras cuando conminaron a los alcaldes a que se comprometieran con la consulta no era otro que trasladar al mundo municipal la tensión del referéndum con el fin de vencer las resistencias previsibles —ahí está el pseudopacto de Ada Colau— y poner en un apuro a los alcaldes socialistas. La municipalización del conflicto supone también una dura prueba para los ediles del PDeCAT que quieren volver a presentarse a las elecciones, porque si finalmente colaboran con la convocatoria serán inhabilitados. Un precio que solo los de la CUP y los de ERC están dispuestos a pagar.