¿Por qué los contratos fraccionados de Borràs pasaron todos los filtros de la Generalitat?

“Si los interventores tiraran de la manta…”. Hablan fuentes jurídicas, conocedoras de los procesos de contratación de la Generalitat, de nuevo bajo la lupa por la investigación abierta a la diputada de Junts per Catalunya (JXCat), Laura Borràs. El fraccionamiento de contratos atribuido por la Sindicatura de Cuentas cuando era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), que según el Tribunal Supremo podría ser constitutivo de los delitos de prevaricación, malversación, fraude administrativo y falsedad documental –el intercambio de correos con un amigo de Borràs abundaría en esa imputación--, abre mucho interrogantes sobre los filtros administrativos que la política independentista superó.

El informe de la Sindicatura de Cuentas sobre la gestión del ILC correspondiente a 2018 –se trata de una entidad autónoma de carácter administrativo adscrita a la Consejería de Cultura--, que confirma ese fraccionamiento de contratos, indica que este centro está “sujeto al régimen de intervención previa de la Intervención General de la Generalitat de Cataluña”, que viene regulada en la Ley de Finanzas Públicas de Cataluña.

'El contable' de la Generalitat

Pero ¿quiénes son los interventores de la Generalitat? Pues son lo que en cualquier empresa se conoce como el contable pero "con una diferencia muy importante”, precisan estas fuentes. “En la administración pública, y más concretamente en la Generalitat, el interventor tiene un nivel A30, el más alto posible como funcionario de carrera. Es a lo máximo que se puede aspirar como funcionario de carrera en la Generalitat de Cataluña, A30.2. Ellos lo tienen con solo aprobar la oposición, que no es nada fácil”.

Informe de la Sindicatura en la que aparece el supuesto beneficiario de Laura Borràs con iniciales I. H. F.

Al igual que otros funcionarios, tienen un plus de dedicación exclusiva, que supone un 11% de aumento retributivo sobre su sueldo anual bruto, por lo que pueden llegar a los 80.000 euros al año. ¿Por qué semejante sueldo y trato? “Porque son los garantes del dinero público. Tienen el poder de decidir qué se paga y qué no. Si el interventor de cualquier departamento de la Generalitat lo razona y motiva no se hace el gasto. Diga lo que diga quien lo diga. Incluso el president. Sin la firma del interventor no se puede gastar ni un céntimo en la administración. Sea la que sea”.

Los gestores no siempre hacen caso a los interventores

Tal es así que “a tenor del decreto que regula la función interventora responden con su propio patrimonio de las irregularidades que cometan”. Otras fuentes consultadas por este medio afirman que, en efecto, estos profesionales intervienen en todos esos procesos de gasto antes de que se produzcan, “pero los informes de los interventores no siempre son cumplidos por los gestores. La responsabilidad última recae en el órgano de contratación, que es el gestor”.

El director de la Intervención, David Canada (d) junto al exdirector de la Escuela de Administración Pública, Agustí Colomines (i) / GENCAT

La investigación judicial sobre Borràs parte de un informe de la Guardia Civil, pero desde el punto de vista administrativo, los hechos a los que apunta la Sindicatura es que la exdirectora del ILC adjudicó a dedo contratos fraccionados, lo que evita que salgan a concurso. De hecho, la persona que presuntamente fue favorecida por Borràs, Isaías Herrero Florensa, aparece con iniciales en el informe de la Sindicatura. “Una de esas incógnitas es el papel que jugó el interventor y el miembro de la Asesoría Jurídica de la Generalitat que validó dichas adjudicaciones”, añaden esos expertos jurídicos.

La polémica elección del Interventor General

No son frecuentes los casos en que se han tomado medidas contra interventores por incurrir en mala praxis. De ahí que se haya extendido la leyenda de que son “intocables” porque tienen en su poder muchísima información de todos los gobiernos, tanto convergentes como tripartitos. "Pueden tirar de la manta", afirman.

No obstante, sí ha habido investigaciones sobre irregularidades cometidas por interventores. Sin ir más lejos, el actual director de la Intervención de la Generalitat, David Canada, fue investigado por el Tribunal de Cuentas por el cobro de sobresueldos incompatibles con su tarea como funcionario cuando era el interventor encargado de fiscalizar el Patronato de la Montaña de Montserrat (PMM). Canada reembolsó los 3.000 euros que percibió de forma indebida. Pero su elección posterior como nuevo interventor general, avanzada por Crónica Global, fue muy criticada por la oposición.

“Saltarse la Intervención es el verdadero motivo del nacimiento de las llamadas empresas públicas y el principio de la huida del Derecho Administrativo por parte de las administraciones públicas”, añaden las mismas fuentes.

Los gobiernos, a los tribunales

Lo cierto es que, tal como publicó Crónica Global, del malestar que generan las investigaciones judiciales de actos administrativos da cuenta la conferencia que el director del Gabinete Jurídico de la Generalitat, Francesc Esteve, pronunció en febrero durante un seminario. Esteve puso en tela de juicio la labor de policías, jueces y fiscales que investigan supuestos casos de corrupción en las administraciones. El alto cargo del Govern, que estuvo imputado por el referéndum del 1-O, considera que analizar el gasto público o los contratos desde el punto de vista penal es “fruto del momento político en el que vivimos”.

Criticó la “penalización del derecho administrativo” en asuntos como “urbanismo, recursos humanos, fiscalización de gastos, contratación, medio ambiente o protección de menores”. Y se preguntó: “¿Puede un juez instructor investigar un ilícito administrativo si no ha sido cuestionado por la vía administrativa o en sede de lo contencioso?”.