La figura del 'conseguidor' desaparece en los delitos de corrupción

La aprobación de normativas más estrictas en materia de transparencia ha provocado que la figura del “conseguidor” haya desaparecido en los delitos de corrupción. Sin embargo, los delitos urbanísticos plantean otros retos a quienes luchan contra la corrupción. El profesor de Derecho Administrativo de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Joan Amenós, considera que necesario intensificar el control sobre los lobbies que influyen en los políticos, Incluso establecer mecanismos de seguimiento de las reuniones informales (¿mediante grabaciones?) que mantienen los cargos públicos y las empresas antes de proceder a un proyecto urbanístico.

Amenós impartió el miércoles la conferencia El Derecho, las tierras y las personas en el marco del ciclo Perspectivas de análisis de la corrupción política, organizado por el Institut de Ciencies Polítiques y Socials (ICPS) y asociado a la UAB.

El extesorero de CDC, Andreu Viloca, calificado como el 'conseguidor' por la Guardia Civil que investigó el caso 3% / EFE

“Ha habido un cambio criminológico en los últimos diez años. La figura del ‘conseguidor’ --Andreu Viloca, tesorero de CDC recibió ese apelativo en el caso 3%, o Álvaro Pérez, el Bigotes, en la trama Gürtel que afectó al PP--; alguien muy conectado con un gobierno, que no es estrictamente un político, ni tampoco empresario productivo, pero sí muy hábil situándose entre el sector público y privado, y que ha ido desapareciendo con el surgimiento de nuevos códigos de conducta. La legislación más estricta en transparencia ha hecho desaparecer esa figura”. Pero surgen nuevos retos.

¿Qué es corrupción?

Autor de varias investigaciones sobre corrupción, Amenós ha colaborado en un proyecto de lucha por la ética y contra la corrupción de la Universidad de Granada. Su intervención se centró en el ámbito local, “un ámbito no del todo transparente en la gestión del territorio, algo que no es exclusivo de Cataluña y España, sino de toda la sociedad occidental”.

Para definir la corrupción urbanística, se refirió a tres elementos: el corruptor o ciudadano, que quiere una ventaja sobre el territorio por la que está dispuesto a pagar; el corrupto, autoridad o funcionario que se deja influir o puede decidir que este ciudadano pueda lograr sus fines, y el premio o precio que se paga, que en el 90% de los casos es económico, aunque en ocasiones puede tratarse de un favorecimiento político.

Delito oscilante

“Corrupción ha existido siempre, pero es un hecho oculto, lo cual genera muchas dificultades para estudiarlo jurídicamente, socialmente y políticamente. Es un hecho oscilante. Las épocas con más corrupción son cuando ha habido más crecimiento territorial y urbanístico, un boom inmobiliario, aumento de la posibilidad de corrupción…”. Sin embargo, a partir de la crisis económica de 2008, esas condiciones desparecen. “Se produce entonces una venganza social, que ve en quienes hicieron operaciones ilícitas a los culpables. Surgen doctrinas populistas, antipolíticas, antiautoridad --manifestaciones antes del 15M-- y se dispara la preocupación por la corrupción”.

El profesor de Derecho Administrativo de la UAB Joan Amenós / CG

¿Pero existe una corrupción exagerada, sistémica y  generalizada? Amenós afirma que los estudios más serios indican que la corrupción se produce en situaciones puntuales. “Eso no niega que hubo casos importantes. Con el sistema legal que tenemos en todos los paises occidentales, el riesgo de delito urbanístico es permanente, porque se ha atribuido poderes importantes a las administraciones en la gestión del territorio (planes de urbanismo). Se otorga al poder público el control, porque el territorio es un bien preciado. Hay quien se plantea la alternativa de quitar los poderes de la administración o reducirlos, una idea presente en muchos autores, un cambio total del sistema. La llamada liberalización del urbanismo”.

Liberalización del suelo

Advierte contra quienes atribuyen comportamientos delictivos a situaciones que no lo son. “El crecimiento urbanístico, por sí solo, no es corrupción. la mera actividad constructiva tampoco. La compraventa puramente no es corrupción. Ni tampoco los incumplimientos entre particulares o los de la administración. El blanqueo mediante inmuebles no es corrupción, pues las autoridades locales no pueden saberlo. Eso ya lo investigará quien le toque”.

Tampoco la desidia, aunque “ahí ya entramos en zona de frontera, que es la inactividad en materia sancionadora, no perseguir un hecho ilícito con la finalidad de un rédito político. Por ejemplo. que los vecinos me voten porque están contentos”.

Edificios en construcción. Velldepérez / EP

La liberalización del suelo, “que es un mito, pues en este país se aplicó muy poco (ceder más campo al entendimiento de los particulares) tampoco es corrupción. El liberalismo no es pecado y que las ciudades sean feas tampoco”, afirma el profesor de Derecho. Aludió a los problemas para  investigar los planes urbanísticos debido a su complejidad. “La norma urbanística es caótica. Tiene cambios constantes. La confusión normativa es uno de los factores que más favorecen la corrupción. A veces se habla demasiado a la ligera de ‘pelotazo’ cuando, en realidad, los planos urbanísticos son muy laboriosos. Hay importantes despachos de abogados detrás. Hay una combinación de lenguajes, el del derecho y el de los arquitectos. También el sociológico, el urbano y el económico”.

Activismo judicial

Advirtió de la sobreutilizacion del derecho penal cuando el administrativo se siente sobrepasado. “Ha habido un aumento del activismo judicial mediante dos tipos penales: la prevaricación y el soborno (cohecho). El juez de instrucción tiene instrumentos que no posee la administración (escuchas, análisis, material informático...). Y en los casos complejos, la respuesta penal tiene la ventaja de que aparecen otros delitos, blanqueo de dinero, el delito fiscal y un extraño delito que es el tráfico de influencias, difícil de probar porque se basa en demostrar relaciones previas”.

El profesor de Derecho de la UAB se refirió a las ventajas de la centralización de las competencias urbanísticas frente al ambiente caciquil que genera corrupción en municipios pequeños. En este sentido, afirma que el control de la oposición política o la existencia de asesores solo se da en grandes municipios. “Los secretarios e interventores han sido los grandes baluartes contra la corrupción, pero en muchos ayuntamientos son plazas vacantes”, explica.

“Técnicamente, por primera vez en la historia de la humanidad, es posible controlar el territorio como nunca se había hecho (fotos aéreas..). Un plan metropolitano se podría haber hecho en Bruselas”, afirma.

El ponente cree necesario potenciar un Estatuto de integridad y la obligación de declarar bienes a los cargos públicos. Y, sobre todo, introducir instrumentos de protección del denunciante, “una idea nueva para la legislación española. Toda Europa trabaja en ello”.