La década perdida del Gobierno catalán

Con proyectos de futuro se genera confianza. Con previsiones de lo que puede suceder, se logra certidumbre. Y con ello la economía crece y la ciudadanía se relaciona mejor con sus instituciones y sus gobernantes. ¿Ocurre eso en Cataluña? Más bien al contrario. La crisis económica primero, y los planes políticos de ruptura con España después, con la imposibilidad de aprobar presupuestos, ha provocado una década perdida. Los expertos y las entidades económicas reclaman una reacción para que ese periodo no se incremente, y Cataluña no comience a perder el tren del futuro, con el inicio de una decadencia continuada.

Uno de los ejemplos lo ofrece el sector energético. Después unos 15 años de parón en la energía eólica, el Govern de Quim Torra trata de revertir la situación. Lo intenta la consejera de Empresa, Àngels Chacón, que quiere derogar el decreto 147/2009, que pretendía impulsar la energía eólica con el desarrollo de zonas con tramitación abreviada. Se pretende ahora una legislación más ágil, que pueda fomentar el autoconsumo. Como nuevos proyectos en este ámbito, sólo se ha podido poner en marcha un aerogenerador en la comarca de l’Anoia.

El factor energético

Sólo el 5% de la energía producida en Cataluña es renovable, pero se había fijado que en 2020 debía llegar al 20%. Cataluña está a la cola en energía eólica en toda España, cuando fue pionera hace 30 años con la construcción de molinos de viento en Vilopriu (Baix Empordà). Derogar ese decreto, sin embargo, será muy complicado para el actual Govern, sin mayorías parlamentarias, y con la pretensión de echar atrás una legislación que aprobó el anterior Govern de la Generalitat, con el tripartito. Entonces gobernaba el PSC, con ERC e ICV. Ahora Esquerra sigue en el gobierno, pero no se sabe qué defiende exactamente.

La economía catalana sigue creciendo, pero con signos de desaceleración. Sin impulso legislativo, la producción industrial comienza a desfallecer, existe un problema a medio plazo de falta de mano de obra calificada, y no existen planes concretos para atraer, cuando se necesite, contingentes de inmigrantes. La preocupación comienza a ser seria entre los agentes económicos, como la patronal Foment del Treball o la Cambra de Comerç, y entre los economistas que siguen desde hace años la evolución de la economía pública catalana.

Un diagnóstico de hace diez años

El economista Josep Oliver muestra una cierta “desesperación”. Señala que “el diagnóstico está hecho desde hace más de diez años, pero no se percibe una reacción, una voluntad de resolver los problemas estructurales de la economía catalana”.

A corto plazo y como medidas de emergencia se debe incluir la situación de la atención primaria, en el campo sanitario, y las largas colas de espera. Los profesionales de la sanidad se ven sometidos a una enorme presión. Junto a la Sanidad, está la educación, con un problema que viene de lejos: la segregación escolar, “que es mucho más grave de lo que se piensa, porque es capital humano que se puede perder”, según Oliver. El Govern acaba de percibir la situación, con un Pacto Nacional, que, en realidad, no supone medidas drásticas, pero sí señala ahora que se debe atender, con la participación del mundo municipal, pero sin contar con el sindicato mayoritario de los profesionales de la educación, la Ustec, y sin la federación de asociaciones de padres y madres de alumnos.

Pere Aragonès, vicepresidente económico del Govern, durante una entrevista anterior / CG

El consejero de Economía, Pere Aragonès

Entidades de la sociedad civil

En esa tesis está también el economista Gonzalo Bernardos, que ofrece una posible solución, aunque no es la más idónea. Si en un territorio con autogobierno como Cataluña, su Ejecutivo se ve incapaz de tomar decisiones, “sería necesario que tomaran el relevo las entidades cívicas, las empresariales que velan también por el bien público”. Se refiere Bernardos al Consorcio de la Zona Franca, que tiene presupuesto, que conoce los retos y que puede actuar en distintas líneas, con la complicad del sector privado.

El empresariado, el de más dimensión, y el pequeño y el mediano, están respondiendo, según Bernardos, que ofrece un dato importante: “Cataluña está exportando bienes por valor de 60.000 millones de euros, por los 33.000 de Andalucía o los 32.000 de Madrid, y eso demuestra que hay empresarios muy competitivos”. Pero, ¿quién se cuida de observar, paliar y redirigir recursos para que esa máquina no se pare?

Empresas más grandes

Salvador Guillermo, de Foment del Treball, insiste en algo que es recurrente: “Las empresas que pueden invertir en I+D+I sólo son las más grandes, y en Cataluña, pese a conocerlo, no se acaba de impulsar planes para redimensionar empresas, para ofrecer ayudas a que ese proceso pueda ser una realidad”. Es decir, sólo se ganará el futuro con empresas de mayor tamaño, con más ambición y con presupuestos mayores.

La Cámara de Comercio lo señala con claridad, respecto a un sector que es el que ha permitido el desarrollo histórico de la comunidad: la industria. Los datos de la Cámara muestran que el índice de confianza empresarial empeora en el sector industrial: “un claro y repentino empeoramiento de las expectativas en el sector industrial”. Y eso es importante, porque el Gobierno catalán ha insistido en intentar cambiar el patrón de crecimiento. Diez años después, no hay síntomas de ello. Todo lo contrario.

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índice de producción industrial / Cámara de Comercio

Apoyo a la industria

“Mientras que en la industria el índice de confianza empresarial armonizado es claramente inferior al valor observado un año antes (-6,1%), en el resto de sectores la evaluación es al alza; destaca la construcción con un incremento del 6,1%, seguido de la hostelería y el transporte (+2,6%), precisamente el sector que había sufrido un descenso de la confianza en los últimos trimestres”, apunta la Cámara de Comercio en su último análisis de coyuntura. ¿Qué sucede? Que Cataluña vuelve a un patrón dominado por el sector servicios, con un repunte importante del sector de la construcción, aunque no todavía con las dimensiones de antes de la crisis.

Josep Oliver reclama al Govern un plan global, pensado, con el concurso de los diferentes departamentos para anticiparse a lo que puede llegar y ya está pasando en algunos sectores: la falta de profesionales para cubrir puestos de trabajo de alta calificación, lo que implica un cambio en el sistema educativo. “Todo ello con el objetivo de apoyar a la industria, no para apagar fuegos, sino para impulsar sectores específicos”. Una de las patas de todo eso debe ser la formación dual, que sólo ha acabado funcionando con claridad, dentro de España, en el País Vasco.

La energía

La Cámara de Comercio Alemana, muy activa en Barcelona, ha mantenido una posición muy equilibrada en los últimos años respecto al proceso independentista. La idea que defiende, con la información que tiene de todas las multinacionales alemanas radicadas en Cataluña, es que las inversiones se planifican y responden a criterios precisos. Y uno de ellos es el precio de la energía, que en España es de los más altos de toda Europa. En Cataluña había un plan para paliar la gran dependencia externa de la energía, con las renovables. Pero ha quedado atrás. ¿Y qué hace el Govern?

Indice de construcciones iniciadas / Cámara de Comercio

índice de construcciones /Cámara de Comercio

El Ejecutivo catalán ofrece las grandes magnitudes, que muestran un dinamismo propio del ciclo expansivo, y de los vientos de cola, como apunta Oliver, gracias a la política de bajos tipos de interés del BCE y de los bajos precios del petróleo en los últimos años. Las previsiones del consejero de Economía, Pere Aragonès, que no ha podido aprobar los presupuestos para 2019, pasan por un crecimiento este año del 2,5%, tres décimas más que en el conjunto de España, con la creación de 72.100 empleos, lo que dejaría la tasa de paro por debajo del 10%, en el 9,7%.

¿Decadencia?

Sin embargo, Josep Oliver recuerda que aún quedarán “300.000” puestos de trabajo que no se ha recuperado desde antes de la crisis.

Esa inercia puede mantenerse. Sin embargo, la política no ejerce su cometido desde hace ya más de dos mandatos. Con unos presupuestos prorrogados desde 2017, sin posibilidad de legislar, porque no hay una mayoría parlamentaria clara, y pendiente únicamente de la causa soberanista y de lo que suceda con el juicio del 1-O en el Tribunal Supremo, el peligro es la “decadencia”, como sostiene el historiador económico Josep Burgaya, que incide en una cuestión: “se ha abusado de bajos salarios en los últimos años, y con ello se considera que se ha ganado productividad, pero ese no debería ni puede ser el camino para una economía más sólida”.