Bargalló choca con las escuelas 'guais' para acabar con la segregación escolar

Doble red. Pública y concertada, además de la privada. Ese es el problema para el Gobierno catalán, que ha tratado de afrontar con el pacto contra la segregación escolar. El consejero de Educación, Josep Bargalló, reclama un mayor compromiso de la escuela concertada, para que acoja a un mayor número de alumnos de origen inmigrante, y, en ese caso, ayudar con un aumento de los conciertos. Pero el problema educativo también se centra en las escuelas guais de la red pública, que reciben más ingresos, por parte de las propias familias, con el argumento de que impulsan proyectos pedagógicos más avanzados. Bargalló no combate ese fenómeno, y mantiene, por ahora, el llamado “derecho a decidir” de esas familias.

Bargalló mantiene la posibilidad de elegir la escuela en función del “qué”, y no en base del “quién”, en relación al alumnado que tenga. Cuando se alude al “qué” se debe entender ese proyecto educativo, que es utilizado por determinadas familias como el mejor argumento para mantener una homogeneidad cultural y de clase. Y ante eso, la administración de la Generalitat no se planta. Sindicatos del sector, como Ustec; mayoritario y que acaba de ganar las elecciones entre los profesionales educativos, no ha firmado el pacto “nacional” contra la segregación escolar al entender que no es determinante respecto a la concertada, pero también señala el problema de la libre elección de centro.

Escuelas y composición real del territorio

“Entendemos que el principio de la libre elección de centro se debe someter a la necesidad de cohesionar a las nuevas generaciones en base a una repartición equitativa de la diversidad de los alumnos, evitando la concentración de aquellos que tienen necesidades educativas especiales en determinados centros, y eso sólo se puede hacer mediante una normativa de matriculación estricta que lo posibilite, evitando el espectáculo de que en un determinado barrio o localidad haya centros cuya composición social no refleje la del territorio”, asegura un documento del sindicato, cuyo portavoz es Ramon Font. Y, aunque en el pacto impulsado por Bargalló, se contempla un nuevo decreto de admisión de alumnos, Ustec añade que “se trata de una medida cosmética que no alterará la creciente dinámica de polarización social que aumenta en las aulas”.

Josep Bargalló, consejero de Enseñanza a propuesta de ERC que deberá abordar la segregación por sexo en las aulas, reunido con su equipo / CG

Josep Bargalló, con su equipo

Porque, ¿qué hace la Administración? Suele responder a quejas particulares, a demandas de determinados colectivos, más sensibilizados, y con mucha información previa, una característica de familias de clase media, que, en muchos casos, habían escolarizado a sus hijos en la concertada, y que, tras la crisis económica, han colonizado las escuelas públicas. Ocurre en otros sectores, culturales, económicos o sociales. Pero en la educación tiene una importancia mayúscula. Lo explican miembros de la FAPAC, la federación de padres y madres de alumnos, que tampoco han firmado el pacto de Bargalló: “Hay reivindicaciones de familias sobre la necesidad de continuar un proyecto pedagógico para mantenerse en los centros elegidos o para cambiar a otros que van en la misma línea, pero lo que hay es una voluntad de protección, para mantener determinadas comunidades de clase media que quieren evitar mezclarse cuando les toca entrar en centros de secundaria”. 

Diferencias por barrios y distritos

Eso no lo combate la Generalitat. En realidad “lo tolera y lo ampara”, señalan las mismas fuentes. Porque, ¿qué pasa con la financiación, y cómo se distinguen esas dobles comunidades, dentro de la propia escuela pública? El estudio del Consorcio de Educación de Barcelona, (CEB), Equivalencia territorial en la planificación educativa, que se encargó a un grupo de expertos de la UAB, muestra esa doble red en la misma escuela pública. La mayoría de centros cobra a las familias alguna cuota anual, que, en teoría, debería ser voluntaria, para material, libros, excursiones o renovaciones de equipos informáticos, por ejemplo. Y las diferencias son enormes: en Sarrià-Les Tres Torres las familias acaban pagando una media de 344 euros al año, mientras que en el Besòs o Ciutat Vella se pagan unos 125 euros anuales. Si en Vallvidrera-Tibidabo se pagan unos 282 euros, en cambio en La Guineuta-Canyelles-Roquetes-Verdum se pagan 150 euros.

Segregación escolar por nivel socioeconómico / FUENTE: SAVE THE CHILDREN

Gráfico sobre segregación escolar

Eso cambia las posibilidades educativas. En algunos centros, las excursiones o visitas culturales son constantes. En otros, apenas se realizan. Y, en función de la capacidad adquisitiva de las familias, la composición social en esos centros se cohesiona: clases medias ilustradas por un lado, clases bajas con pocas capacidades educativas por otro. Todo eso polariza la sociedad, cuando, en teoría, la escuela pública debía servir para garantizar el ascensor social. El resultado es la consolidación de una estructura social previa, no su transformación.

¿Las concertadas? No se sabe

Eso ocurre en la escuela pública. En la concertada uno de los mayores problemas es que no hay información. Bargalló se ha comprometido a entrar en esa batalla, porque las concertadas funcionan con financiación pública, y apenas contribuyen al problema de la segregación escolar. El Consorcio de Educación no dispone de la información sobre cuánto pagan realmente las familias a esas escuelas, muchas de carácter religioso. Sólo el 40% ha ofrecido los datos.  

La segregación escolar se aprecia en muchos barrios de Barcelona. No se trata de ver las diferencias en el conjunto, si no en cada distrito, porque sólo así se puede entender el problema: en Sant Andreu hay un colegio público con el 38% de alumnado de origen inmigrante, y al lado un concertado con el 0,8%. En Sants-Montjuïc hay uno público con el 30%, y otro con el 1,32%. En Nou Barris, hay dos centros prácticamente al lado: uno público con el 48%, el otro, concertado, con el 1,2% de inmigración.

¿Entrará el Gobierno catalán en el meollo del asunto, con la doble red de la pública y con la concertada?