Juicio del ‘procés’: ¿Y ahora qué?

Visto para sentencia. El juicio del referéndum del 1-O finalizó ayer y, con él, la penúltima oportunidad del independentismo para mantener viva su causa. La definitiva tendrá lugar después del verano pues, según aseguran a Crónica Global fuentes judiciales, el fallo del Tribunal Supremo podría ser notificado alrededor del 15 de septiembre, con penas de en torno a unos 15 años de cárcel, es decir, el grado mínimo que contempla el delito de rebelión (que alcanza los 25 años). La sentencia dará paso a la convocatoria de elecciones catalanas, posiblemente a final de año, pues esa es la “respuesta de país” que Quim Torra dará tras un último intento de reunificar a las fuerzas secesionistas. De eso va la ronda de contactos que mantiene con entidades sociales y políticas. Pero, de momento, no hay compromiso de unidad.

Y es que cuatro meses de intensas sesiones judiciales, sobradamente divulgadas por el aparto mediático secesionista, han permitido distraer la atención respecto a una realidad tozuda: la falta de unidad independentista, la ausencia de apoyos internacionales y la inexistencia de una hoja de ruta para implementar la república catalana. Adiós al procés, hola elecciones.

La marca Puigdemont

De hecho, el presidente catalán lleva semanas preparando ese momentum que Junts per Catalunya afronta con debacle en las elecciones municipales, pero con la marca Puigdemont en plena forma. Una dualidad que comienza a provocar malestar en Palau. Torra, que siempre se presentó --o le presentaron-- como un presidente vicario, marca ahora perfil. Lo hizo durante la presentación del balance de su primer año de gestión. “Nunca me he considerado un presidente provisional”, dijo. Y sorprendió. Después precisó que el presidente legítimo siempre fue Carles Puigdemont, que permanece fugado en Waterloo a la espera de perpetrar la enésima astucia para poner contra las cuerdas a las instituciones europeas.

Imagen de la pantalla gigante de Òmnium Cultural en el Arco de Triunfo de Barcelona / CG

Como se sabe, ha sido elegido eurodiputado, pero difícilmente podrá tomar posesión del cargo sin cumplir con la legislación española --debe comparecer en el Congreso el 17 de junio para acreditarse--. No se descarta, por tanto, que Puigdemont vuelva a reclamar su condición de presidente de la Generalitat destituido. Algo que supondría el definitivo enfrentamiento con ERC, que hace un año soslayó el órdago de los neoconvergentes: el presidente del Parlament, el republicano Roger Torrent, se negó a investir al de Girona de forma telemática. Ello habría supuesto incumplir la ley. Junts per Catalunya nunca se lo ha perdonado y ha impulsado varias iniciativas parlamentarias para allanar un segundo intento de investidura.

En octubre del año pasado, inmersos en una de sus sonadas crisis, los socios de Govern se dieron una tregua hasta la sentencia del 1-O. Abocados a una tercera prórroga presupuestaria por falta de apoyos, --legalmente posible pero políticamente desastroso--, es muy probable que los independentistas no lleguen a verse en ese trance. La legislatura, desde el punto de vista de la estricta gestión, tampoco da más de sí.

Mitin y rigor jurídico

Pero antes de todo eso, el Tribunal Supremo debe dictar sentencia. Las citadas fuentes aseguran que el tribunal, presidido por el implacable y muy experimentado Manuel Marchena, lo tiene muy claro. No es que el fallo ya esté escrito, es que los magistrados ya han estudiado muy bien las pruebas documentales y periciales, que son las decisivas. Las que pueden decantar una condena hacia su lado máximo o mínimo. Las declaraciones de los acusados --y de algunos de los abogados defensores-- han tenido una profunda carga política. De mitin, como se dice popularmente. Ayer ejercieron su derecho a decir la última palabra, como tienen todos los acusados. Pero lo que importa es la técnica jurídica. La sala deberá determinar si en ese golpe a la democracia hubo rebelión o conspiración para el delito de rebelión --no existe el grado de tentativa--, como sostienen la Fiscalía y la acusación popular, o el de sedición, como mantiene la abogacía del Estado, que solicita un máximo de 12 años.

Torra, lo ha advertido en repetidas ocasiones, no aceptará una sentencia condenatoria. Y su forma de escenificar ese rechazo es la convocatoria de elecciones. Aunque no está previsto que la sentencia del Supremo se notifique antes de la Diada del 11 de septiembre, esa jornada puede servir de termómetro sobre el grado de movilización social que despierta el independentismo, que se agarra como a un clavo ardiendo al informe de un grupo de trabajo de la ONU, donde se pide la liberación de los presos.

El informe de la ONU, victoria pírrica

Ni esa “victoria pírrica”, que no ha logrado tapar la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que avala el proceder de la Justicia española, ni la finalización del juicio, ni la citación judicial del propio Torra ante la Justicia han logrado movilizar a las bases secesionistas con el vigor de otros años. Ayer, unas 500 personas siguieron las intervenciones finales de los presos soberanistas en el juicio del 1-O a través de una pantalla gigante instalada por Òmnium Cultural ante el Arc de Triomf de Barcelona.

No es fácil mantener una agitación permanente cuando la prometida república catalana solo existe en el despacho de Torra en Palau y en el cuartel general de Puigdemont en Waterloo. De ahí que el independentismo se encomiende ahora a la unidad de fuerzas, esto es, a retomar una candidatura conjunta con ERC. La CUP nunca formó parte de ese bloque, y menos ahora, que pierde fuelle y solo le queda mantenerse como garante de una ruptura “sin permiso” que ni Junts ni Esquerra están dispuestas a ejecutar. Tampoco la Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) quiere retroceder pantallas, esto es, apoyar un nuevo referéndum pactado con el Estado, como reclama Torra, que se encuentra inmerso en una ronda de contactos con entidades políticas y sociales soberanistas. Precisamente para calibrar si existe algún denominador común.