La juez indaga en los ‘amiguismos’ de PDeCAT

La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Coloma de Farners (Girona) centró buena parte de su interrogatorio al alcalde de Vidreres, Jordi Camps, en sus relaciones con el empresario Marc Mallart. El pasado día 14, Camps (PDeCAT) declaró en calidad de imputado por los supuestos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. La juez investiga presuntas irregularidades en la gestión del suministro del agua en la zona. Camps preside Xaloc, organismo autónomo de la Diputación de Girona habilitado desde 2014 para recaudar tributos de la Generalitat y que forma parte del embrión de la Hacienda catalana, formado por la Agencia Tributaria de Cataluña y las cuatro diputaciones catalanas.

Parte de la declaración del alcalde de Vidreres ante la juez

Parte de la declaración del alcalde de Vidreres ante la juez

Según consta en la declaración judicial del alcalde, a la que ha tenido acceso Crónica Global, Jordi Camps explicó que, antes de ser alcalde, fue concejal en la oposición entre 207 y 2011 por un partido independiente, pero que no coincidió con Mallart cuando éste también fue edil. Aseguró desconocer si antes de 2011 a las compañías Riera de Cabanyes, SA y Rec Madral Companyia d’Aigües, SA, aunque sí dijo tener constancia de que, en los años 90 y 2000, las empresas prestadoras del servicio habían vendido agua al Ayuntamiento de Vidreres. Camps explicó que, desde que accedió al cargo de alcalde, ha intentado municipalizar el agua, sin éxito, y que no se ha llevado a cabo ningún proceso de licitación de este servicio.

La competencia de la ACA

Preguntado por si en un pleno municipal había puesto de manifiesto una serie de favores de alcaldes anteriores respecto a la familia Mallart, el convergentes aseguró no recordar, pues sostiene que es un tema que afecta a la Agencia Catalana del Agua (ACA). Camps dijo, a preguntas de la magistrada, que "desconoce que las empresas no tenían concesión para extraer agua de los pozos" y que el Ayuntamiento no tiene ningún convenio con las mismas.

El alcalde es administrador de la mercantil Tecnologit Camps Solution SL, con el mismo domicilio social que la empresa Rec Madral. Preguntado por ello, aseguró que se trata de una dirección "donde se registraban multitud de empresas, incluso una mercantil que depende del Ministerio del Interior". Afirmó que "es una coincidencia que la sociedad Rec Madral tuviera el mismo domicilio social que la mercantil" del declarante, quien "inscribió su empresa en mayo de 2011, el cambio de domicilio fue en 2016 y en septiembre de 2016 se disolvió". La dirección, ubicada en Madrid, es "un depósito de sociedades donde actualmente figuran inscritas más de mil sociedades", según hizo constar el alcalde en la declaración judicial. Camps tenía el 75% de la sociedad y su madre, el resto.

Facturas pendientes en litigio

El primer edil convergente asegura que ha cobrado por la venta del agua a Rec Madral y Riera de Cabanyes y que las facturas pendientes "están en litigio".

El alcalde no quiso contestar a las preguntas de la acusación particular ejercida por la Asociación de Defensa de las Personas Consumidoras de la Selva (ADPCS), pero sí lo hizo a las de la abogada de Marc Mallart, que declaró también ese mismo día en el juzgado. Camps negó haber dado trato de favor a las empresas de Mallart y alegó que "prueba de eso es la cantidad de demandas interpuestas por las mercantiles contra los acuerdos adoptados por el ayuntamiento". El Consistorio, añadió, se ha personado en algunas querellas contra Rey y Riera, en las vías contencioso y penal, incluso al lado de los vecinos "que hoy han puesto esta querella", en referencia a la ADPCS. El alcalde precisó que ambas empresas son reconocidas como concesionarias de facto a raíz de una sentencia de diciembre 2018, que da la razón a las mismas.

No ha perdonado facturas

En respuesta a su abogado defensor, Carles Monguilod, el alcalde de Vidreres afirmo que es la ACA, dependiente de la Generalitat, la que tiene competencia sobre la liquidación del canon del agua y sobre la legalidad de las captaciones de agua y que, por tanto, tampoco puede sancionar o cortar el suministro en caso de ilegalidad.

Insistió en que no ha perdonado facturas a las empresas y que "no ha dictado ninguna resolución arbitraria o injusta sobre este asunto". Camps negó que Mallart o alguien de su familia tengan algo que ver con su empresa Tecnologit Camps y que esta tampoco ha hecho trabajos para el Conssitorio dado que está inactiva desde su constitución.