El Govern 'palma' 40 millones en el edificio de la Agencia Tributaria de Cataluña

Cuarenta millones en cuatro años de lucro cesante. El Govern ha palmado cuatro dígitos con la venta de la antigua sede de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) en Barcelona. Un inversor ha comprado por 65 millones el inmueble cuando el Govern lo colocó por 25 cuatro años atrás.

La consultora CBRE ha informado este lunes de que un vehículo institucional coreano se ha hecho con el inmueble de cinco pisos más planta de calle, en la que opera un Mediamarkt.

Para integrarla en su portafolio, la plataforma asiática ha pagado a Benetach Investment BV un 160% más de lo que abonó esta sociedad holandesa al Ejecutivo regional en 2013. Voces del sector han cuestionado la operación. Apuntan a las altas plusvalías que ha sacado la sociedad holandesa en sólo cuatro ejercicios, algo inaudito incluso para un mercado tan agitado como el inmobiliario en Barcelona.

“Parece un ‘pelotazo’”

CCOO ha ido más allá y ha pedido “responsabilidades políticas” por la operación, que firmó el entonces director general de Patrimonio, Salvador Estapé.

“Parece un pelotazo en toda regla. Cabe recordar que la Generalitat ganó menos de 20 millones de euros de los 25 que pagó Benetach, ya que había que cubrir una carga que tenía el inmueble”, indican los portavoces del sindicato.

“Nunca se supo, además, por qué el Govern renunció a mantener el alquiler del inmueble. Benetach había fijado un precio fijo, lo que era muy ventajoso para las arcas públicas. Pero alguien decidió trasladar las dependencias de la ATC a la Zona Franca”, añade la misma fuente.

Buenos activos en un mercado escaso

Preguntado por el estado del mercado, el fundador de Cat Real Estate, Nacho Castella, recuerda que el paquete de patrimonio que incluía el activo de la calle Fontanella 6-8 y que vendió la Generalitat “era muy bueno”.

“Eran edificios bien situados en una ciudad con escasez de producto en las zonas céntricas”, ha agregado. Según su valoración, el mercado de oficinas en Barcelona “crece a ritmo muy rápido”.

Ello tiene dos causas. “El interés de los fondos institucionales y family offices en inmuebles y el cliente corporativo español, que vuelve a comprar”, ha aseverado.

Casa Burés, otra venta polémica

Cualquiera que fuere el escenario inmobiliario actual, la operación de Fontanella 6-8 volverá a quedar anotada como otro pinchazo de la salida de patrimonio que la conselleria de Economía intentó la pasada legislatura, con Andreu Mas-Colell al frente, para conseguir liquidez.

Andreu Mas-Colell (d) y Salvador Estapé (i) en una imagen de archivo / EP

Andreu Mas-Colell (d) y Salvador Estapé (i) en una imagen de archivo / EP

Además de la venta a la baja de la sede de la ATC, la Generalitat colocó la Casa Burés por 18,8 millones de euros en noviembre de 2014. La había comprado en 2009 al Ayuntamiento de Barcelona por 26 millones y tenía préstamos vivos en el momento de la operación. Al final, las arcas públicas solo ingresaron 4,8 millones por el inmueble.

La icónica edificación modernista se ha transformado en apartamentos de lujo. Bonavista Developments vendió hace un año los primeros pisos por un precio que propiciaba una rentabilidad ventajosa de la operación. Madonna llegó a mostrar su interés en un enclave exclusivo, aunque no ha transcendido si ha finalizado la compra.

Torre Muñoz, el intento de venta fallido

En verano de 2015 y con el mandato en su recta final, el Govern cedió al vehículo israelí Nadlan BCN SA la Torre Muñoz, sede de la conselleria de Empresa, y entonces cuartel general del departamento de Trabajo por 63 millones de euros.

La operación descarriló en noviembre del mismo año, cuando el fondo se echó para atrás. El edificio situado entre Paseo de Gràcia y avenida Diagonal aún es de propiedad pública.

Un nombre: Salvador Estapé

Los fiascos y ventas dudosas de patrimonio público de la Generalitat llevan el mismo nombre: el de Salvador Estapé-Triay. El exdirector general de Patrimonio en la etapa de Mas-Colell firmó las operaciones de Fontanella, Casa Burés y Torre Muñoz.

Dimitió poco después, en agosto de 2015. Estapé es actualmente director de Relaciones Institucionales de Anticipa Real Estate. Su actuación motivó una denuncia de CCOO ante la Oficina Antifraude de Cataluña en noviembre de 2015.