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El 'expresident' de la Generalitat, Carles Puigdemont, durante un acto del Consell de la República en Perpiñán (Francia) / EP

Investigan a un informático de Waterloo como presunto autor del desvío de fondos con criptomonedas

El juez concluye que Jaume Cabaní era el "cerebro" encargado del proyecto para financiar las actividades de Carles Puigdemont en el extranjero

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El juez que investiga el desvío de fondos públicos del procés atribuye al informático de Waterloo, Jaume Cabaní, un papel fundamental en la transferencia de criptomonedas al expresident fugado, Carles Puigdemont. Del mismo modo, también lo relaciona con la creación de una "república digital" para eludir los controles del Estado.

Tal como consta en un informe de la Guardia Civil, Jaume Cabaní habría obtenido recursos de la Plataforma Proselecciones Deportivas Catalanas, provenientes de subvenciones públicas, que se habrían empleado para sufragar las actividades de Puigdemont en el extranjero.

Dinero directo para Carles Puigdemont

Según se desprende del sumario de la causa, estos fondos se habrían utilizado, entre otros, para pagar los honorarios de los abogados del expresident. Al parecer, habrían realizado una transferencia, a finales de 2017, a una entidad que permite cambiar bitcoins por euros.

De acuerdo con el instituto armado, los fondos se habrían canalizado a través de la plataforma, a la que Cabaní emitió una factura de 10.559 euros en agosto de 2017. De esta forma, enmascararon "el verdadero destino" de los mismos y todo con la intención de "desarrollar los sistemas tecnológicos e informáticos que permitan la implementación de criptomoneda y de la república digital".

Querían ocultar fondos y movimientos

La Guardia Civil considera que los ingresos percibidos por el informático --otorgados por instituciones bajo la dirección de JxCat y la extinta Convergència-- podrían ser transformados, a su vez, en criptomonedas que él mismo vendería y con las que se financiaría el desarrollo de la república digital con la finalidad de "escapar de los controles de las autoridades". 

El juez ha expedido una orden europea de investigación sobre Cabaní, quien se trasladó a Bélgica a principios de 2018 como informático en la denominada Casa de la República, ante el riesgo de ocultación o destrucción de pruebas. Por todo ello, está acusado de un delito de malversación de caudales públicos y otro de blanqueo de capitales.

Empresas vinculadas a las criptomonedas

Además de los de la Plataforma Proselecciones Deportivas Catalanas, Cabaní habría recibido fondos procedentes de la Fundación Barcelona Formación Profesional, la Fundación Bertelsmann, la Agencia d'Emprenedoria, Innovació i Coneixement --cuyos socios son el Ayutamiento de Vic y el de Manlleu, el Consejo Comarcal de Osona y la Fundación Universitaria Balmes--.

También constan movimientos procedentes de la Asociación Units per al Foment de la Cohesió y la Catalantat (AUFCC), Partal Maresma i Associats (Vilaweb) y CatGlobal. En total, según el informe de la Guardia Civil, los fondos procedentes de esas entidades excederían los 120.000 euros

Pretendía un camio de modelo económico

La benemérita también concluye, en base a conversaciones telefónicas interceptadas entre los exdirigentes de CDC David Madí y Víctor Terradellas, que Cabaní era el "cerebro" encargado del proyecto de criptomoneda.

Según el informe, la intención del informático no era otra que el "provocar un cambio en el modelo económico, transformando los recursos monetarios de los que pudieran disponer en la actualidad o en el futuro" mediante la adquisición de bitcoins con dinero público desviado de corrupción.

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