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El 'conseller' de Economía y Hacienda, Jaume Giró, en un pleno del Parlament de Cataluña / EUROPA PRESS

Giró anuncia que volverá a pedir avales a bancos para los dirigentes de la Generalitat embargados

El 'conseller' de Economía de la Generalitat acusa a Tribunal de Cuentas de tomar "una decisión política de venganza" y avisa que el Govern presentará recurso

Ricard López
5 min

El conseller de Economía y Hacienda, Jaume Giró, ha acusado este jueves al Tribunal de Cuentas (TC) de adoptar "una decisión política de venganza" después de rechazar los avales de 5,4 millones de euros a ex altos cargos presentados por la Generalitat a través del Institut Català de Finances (ICF).

Giró (JxCat) ha anunciado que su Govern presentará recurso ante este mismo tribunal, y también que volverá a pedir ayuda a entidades financieras supuestamente dispuestas a avalar --a pesar de su negativa del pasado verano-- a los dirigentes de la Generalitat sobre los que está previsto que se active un proceso de embargo. En aquella ocasión, ningún banco se prestó a participar en su operación, razón por la cual el conseller decidió recurrir finalmente al ICF.

Críticas al Tribunal de Cuentas

Giró ha cargado contra el tribunal, al que acusa de tratar el inicio de este proceso de embargo a una treintena de exdirigentes de la Generalitat, por la presunta promoción del procés independentista en el extranjero, como "una cuestión política, tomada por un órgano político, formado por personas nombradas políticamente y que tienen su mandato caducado".

"Todos los fundamentos jurídicos que amparan el decreto ley de los avales están totalmente confirmados por el Parlament, el Consejo de Garantías Estatuarias y la Abogacía del Estado, que decidió no recurrirlo", ha manifestado el responsable económico del Govern tras la clausura del foro de turismo BTM en Lloret de Mar (Barcelona).

Asimismo, ha defendido estos avales concedidos por una institución pública a los dirigentes de la Generalitat aduciendo que, en Cataluña, "sólo 19 de 135 diputados votaron en contra", y que "sólo Vox y el PP lo han recurrido".

Activación del proceso de embargo

Entre los ex altos cargos que se acogieron al denominado Fondo Complementario de Riesgos creado por la Consejería de Economia se encuentran los expresidentes de la Generalitat Artur Mas --a quien el tribunal reclama 2.803.115,96 euros-- y Carles Puigdemont --1.981.474,47 euros--; el exvicepresidente Oriol Junqueras --1.981.475,02 euros--; los exconsellers Andreu Mas Colell --2.803.115,96 euros--, Francesc Homs --2.952.689,85 euros-- y Raül Romeva --2.108.838,32 euros--; o el exsecretario general del Diplocat Albert Royo --3.633.253,85 euros--, entre otros. Cada uno de ellos debe responder por una cantidad, aunque las fianzas se depositan de manera solidaria.

"Curiosamente, hoy mismo el PSOE y el PP estaban negociando la renovación del mandato de estos señores del Tribunal de Cuentas", ha sostenido Giró, según el cual, antes de que su relevo "fuera definitivo, han corrido para emitir un dictamen, porque esto no es una sentencia, es una opinión".

Según el dirigente secesionista, lo que demosraría que, según él, se trata de una decisión política de "venganza" es "que el Tribunal de Cuentas pida el embargo inmediato de todos los ex altos cargos y servidores públicos" investigados.

"Le buscan los tres pies al gato"

"En todos los informes del 2011 al 2017 no encuentran anomalía alguna y, a partir del 2017 --año del referéndum ilegal y unilateral de secesión de Cataluña--, le buscan los tres pies al gato", ha dicho.

El conseller ha confirmado que "el Govern presentará recurso ante el Tribunal de Cuentas para que argumente jurídicamente esta decisión". Y ha insistido en la vigencia y legalidad de los avales presentados por la Generalitat a través del ICF.

Volverá a pedir ayuda a los bancos

En cualquier caso, si no se le reconoce esta legalidad, Giró volverá pedir ayuda a entidades financieras supuestamente dispuestas a avalar, después de una negativa previa meses atrás que entiende que no responde a razones comerciales, aunque no ha dado otro motivo para ello.

El conseller cree que la clave de la decisión del Tribunal de Cuentas es que "si quisiera justicia y no venganza hubiese dado un plazo de semanas para poder responder al aval".