El ICF se plantó ante el Govern tras el portazo de la banca al aval para el rescate ‘indepe’

Es la intrahistoria de la gestación frustrada del fondo de rescate independentista, pensado para blindar a los secesionistas de las peticiones de fianza del Tribunal de Cuentas por el presunto mal uso de dinero público durante el procés. El Govern trató de apoyarse en dos bancos para avalar el instrumento que debía responder a la petición de 5,4 millones de euros a 34 expolíticos y ex altos cargos. Pero fracasó. Su plan b, involucrar al Instituto Catalán de Finanzas (ICF), también descarriló por la resistencia de sus propios directivos. Los encausados responderán hoy con su patrimonio a las demandas del órgano fiscalizador. 

Es lo que explican diversas fuentes cercanas al Gobierno catalán relacionadas con la operación, que se llevó a cabo con la máxima discreción. Según las voces consultadas, la estrategia para ayudar a los dirigentes secesionistas a hacer frente a las responsabilidades pecuniarias desde la Generalitat de Cataluña tuvo tres momentos. Y un único resultado: el fracaso. La Administración autonómica no logró ni el sí de los grupos de crédito privados ni tampoco el de su financiera pública para apuntalar el fondo. Ante ello, los enjuiciados, entre los que figuran Oriol Junqueras, exvicepresidente del Govern, y Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat, tendrán que colocar como garantía otros activos que estén en su poder.

"La banca fue la que primero falló"

El primer instante de la gestión del llamado Fondo de Riesgos Complementario, que se creó con el decreto ley autonómico 15/2021 de 6 de julio de 2021 [consultar aquí], se centró, insisten las mismas voces, en el mercado. "Se entablaron contactos con grupos financieros privados. Pero no quisieron participar de una operación que veían lesiva. Era demasiado arriesgada para sus posiciones operativas o de reputación", indican las mismas fuentes.

La opción 1, la de que los bancos avalaran el fondo que depositaría las fianzas para los 34 altos cargos, era la óptima, pues salvaguardaba a los funcionarios públicos. Y, sobre todo, su patrimonio personal si incurrían en responsabilidades que pudieran ser consideradas penales o contrarias a normativa. En este escenario, el mercado, que finalmente dio la espalda, actuaba de avalista, mientras que el ICF contragarantizaba las cuantías. 

"Alguien pecó de optimista"

Ese escenario fue el primero en desmoronarse. Los dos grupos financieros, sobre todo en el que más confiaba el Govern, se desvincularon. "Quedó solo el ICF en el front office para nutrir el fondo. Pero el Institut no puede prestar a particulares por estatutos", explican directivos del sector de la banca consultados por este medio. ¿Qué se sondeó como plan b? "Inyectar las cuantías en los partidos políticos independentistas desde la financiera pública para que fueran éstos los que depositaran las fianzas de los enjuiciados". 

Esta opción se descartó, pues colisiona con la legislación de partidos políticos. No pueden hacerlo por ley. O, si lo hacen, se arriesgan a consecuencias legales o administrativas. Una vez el mercado había fallado como opción 1 y el plan b también, se sucedieron las reuniones. "Y no una, ha habido encuentros técnicos, documentación cruzada. Se buscaba la fórmula jurídica idónea", explican desde el entorno del Ejecutivo catalán. Todo el trabajo, pilotado desde el Govern, se hizo con la premisa de que saldrían los avalistas. Que algún banco acudiría a nutrir los 10 millones del Fondo y, negro sobre blanco, a poner las fianzas que pide el TC. "Alguien pecó de optimista en la Administración regional", critican. 

Reformar los estatutos del ICF

Ese optimismo no siempre permeó de la cadena de mando hacia abajo. "Intra muros, parecía que el Govern hallaría un avalista sobre la bocina. Trabajaban con la tesis de que aparecería una entidad financiera que se haría cargo del pago que exige el Tribunal, pero no todo el mundo se lo creía", indican las voces consultadas. El tiempo se agotaba --hoy miércoles termina el plazo para hacer efectiva la fianza-- y no se daba con una solución ni con el mirlo blanco. 

En ese momento, se planteó incluso una opción a la desesperada. Desde el Govern se sopesó modificar los estatutos del ICF. Para ello se aprobaría un decreto-ley que cambiaría de forma transitoria o permanente los estatutos de la financiera pública para que pudiera prestar a particulares. De este modo se sorteaba el portazo dado por el mercado financiero. Pero se colocaba al Institut en primera línea: pasaba de ser contragarantista a avalista, cuando en un inicio su papel era el de "gestor" del fondo. "Se preveía que nosotros, el mercado, pusiéramos el dinero y que ellos, el ICF, pusieran solo las manos. No hacían ni análisis de riesgos de los clientes, 34 condenados o enjuiciados, lo hacíamos nosotros", se quejan fuentes del sector financiero. 

Decreto-ley sin fondo

La tercera opción se descartó, precisamente, por este motivo. "No querían arriesgar a los funcionarios y trabajadores del ente. Sabían que si llevaban al ICF a primera línea, donde la banca había rechazado estar, podían meterlo en problemas". En este sentido, las voces consultadas recuerdan que "la Generalitat de Cataluña ya tiene muchos problemas con las pólizas de responsabilidad civil y patrimonial de los altos cargos. Ha tenido incluso alguna rescisión, pues las aseguradoras no ven claros los riesgos", aclaran. 

El riesgo era tan elevado que el Govern propuso incluso que todo lo relacionado con el fondo de rescate "lo firmaran solo los altos directivos de la Administración". Finalmente, se descartó colocar al Institut "en primera línea", y se emitió un decreto-ley vacío, pues no había banco que avalara el Fondo. Es un instrumento sin apoyo del mercado y de la financiera del Ejecutivo que lo ha creado. ¿Qué pasó entre el 6 y el 20 de julio? "Hubo muchas reuniones y mucha tensión. El Govern lo probó por varias vías, pero le falló el detonante de todo el proceso --el no de la banca-- y el fin del mismo: el ICF defendió su independencia como gato panza arriba". Por ello, los 34 cargos pondrán hoy su patrimonio personal para satisfacer las peticiones del Tribunal de Cuentas. Todos los planes anteriores han fallado.