La gestión del agua salpica a Puigdemont

El futuro gobierno catalán está llamado a heredar el agujero millonario que ha provocado la chapucera privatización de Aigües Ter Llobregat (ATLL). Las negociaciones independentistas para investir a Carles Puigdemont o a un candidato alternativo están bloqueadas, pero la CUP exige que ATLL tenga una gestión pública, mientras que ERC se resiste a asumir el pago de la multa y las indemnizaciones que se derivarán de la reciente sentencia del Tribunal Supremo. De momento, Puigdemont no se ha mojado en esta guerra del agua, pues tiene la suya propia: la investigación por supuesta malversación de Aigües de Girona, Salt y Sarrià de Ter SA cuando era alcalde de la capital gerundense.

La adjudicación de la gestión de agua, que el autodenominado govern dels millors llevó a cabo cuando el ejecutivo de Artur Mas estaba en funciones, acaba de ser anulada por el alto tribunal y la empresa adjudicataria, Acciona, ya ha anunciado que reclamará una indemnización por lucro cesante. La responsabilidad de esa chapuza administrativa corresponde al anterior gobierno de Artur Mas, es decir, a la vieja Convergència de la que Junts per Catalunya intenta desmarcarse. 

La marcha de Recoder

Fue el entonces consejero de Territorio y Sostenibilidad, Lluís Recoder, quien adjudicó el contrato, aunque fue firmado el mismo día que el nuevo gobierno que salió de las urnas el 25 de noviembre de 2015 tomaba posesión. Ese día, Santi Vila sustituyó al frente del departamento a Recoder, quien se incorporó a la consultora KPMG, que en 2016 hizo un informe favorable a la adjudicación de Acciona. Quien finalmente firmó el contrato fue el secretario de la consejería, Pau Villòria.

recoder vila

Lluís Recoder (d) pasa el testigo de la consejería de Territorio a Santi Vila (i)

Sin embargo, el cerebro de la privatización de ATLL fue el exconsejero de Economía Andreu Mas-Colell, que se salvó de un intento de reprobación parlamentaria instada por ICV en 2013. Los votos de ERC, socia externa de Mas, impidieron que prosperara la iniciativa de los ecosocialistas. Pero Mas-Colell sigue siendo muy influyente, pues ha logrado colocar en el entorno de Puigdemont a personas de su máxima confianza, como Elsa Artadi --que había sonado como presidenciable--, Eduard Vallory --que suena como posible consejero de Educación-- y Clara Ponsatí --titular de ese departamento y que se fugó a Bruselas con el expresident--.

ERC planta cara a la nueva CDC

Pero las cosas han cambiado mucho desde entonces, pues los republicanos han pasado de gobernar con CDC a plantar cara a su heredero político, Carles Puigdemont. Las negociaciones para formar gobierno, previa investidura, no avanzan y los republicanos no están dispuestos a aceptar el reparto de consejerías que propone Junts per Catalunya. En paralelo, la CUP también impone sus condiciones para dar apoyo al exalcalde de Girona. Y las pone negro sobre blanco. Entre ellas “la recuperación de Aigües Ter-Llobregat para gestionarla de forma pública, transparente, participativa y democrática”. Así consta en el documento que JxCat, ERC y CUP estuvieron a punto de firmar el pasado 30 de enero en el Parlament. Pero las negociaciones se truncaron.

No solo la CUP supone una traba para la privatización de ATLL.También ERC tendría que abonarse a la tesis de la gestión pública si, finalmente, se ve abocada a un pacto con los comunes si hay nuevas elecciones. Una posibilidad no descartable, dado que, hoy por hoy, las posturas entre republicanos y JxCat están enrocadas.

Aigües de Girona y Puigdemont

Puigdemont no se ha pronunciado sobre el caso ATLL, pues tiene sus propios problemas. En 2011, cuando accedió a la alcaldía de Girona, fue nombrado miembro del consejo de administración de la sociedad Aigües de Girona, Salt y Sarrià de Ter SA. Abandonó el cargo en 2013. También el actual presidente del Parlament, Roger Torrent (ERC), fue miembro del consejo de administración de esa compañía en calidad de alcalde de Sarrià de Ter (Girona) entre finales de 2015 y abril 2016.