La Generalitat vende su parque público, pese al problema de vivienda

Las estadísticas de 2017 apuntan a una reducción de las dificultades relacionadas con la vivienda. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, el número de ejecuciones hipotecarias de viviendas iniciadas en 2017 en Cataluña ascendió a 4.107, con una línea descendente respecto a años anteriores. En 2013, la cifra era de 14.230 ejecuciones hipotecarias y el descenso más pronunciado se dio entre 2015 y 2016, con una caída de más de 4.100 ejecuciones en un año.

Sin embargo, los datos del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat indican que un 23,7% de la población catalana reconoce tener dificultades a la hora de pagar los gastos, una cifra superior a años anteriores. Los colectivos con mayores dificultades son los parados (39,9%), los nacidos en el extranjero (35%), los jóvenes de 25 a 34 años (28,3%) y las mujeres (24,1%).

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Datos sobre los principales problemas de Cataluña según sus habitantes / CEO

Lejos del objetivo de parque público

En Cataluña, el parque público de viviendas es inferior al 1,8% sobre el total. Por tanto, está muy alejado del objetivo del 15% establecido hace diez años en la ley catalana 18/2007 del Derecho a la Vivienda.

El pasado día 17 se aprobó en la Comisión de Territorio del Parlament una propuesta de resolución de Ciudadanos (Cs) cuyo objetivo era, precisamente, que los terrenos residenciales propiedad de Incasòl (Institut Català del Sòl) en municipios de alta demanda acreditada --que todavía se siguen vendiendo a promotores privados-- mantengan la titularidad pública y se destinen a ampliar el parque público de vivienda. Es decir, que este espacio esté destinado a promociones de alquiler asequible o social.

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Ventas de parque público anteriores

Hay precedentes. En julio, el Govern cerró una operación consistente en la venta de una parcela en Sant Adrià de Besòs (Barcelona) a la cooperativa Lar Unió Catalònia. La finalidad de esta transacción sería construir 102 pisos, 52 de los cuales serán de protección oficial (VPO) y los 50 restantes tendrán un régimen protegido de precio concertado --unos 3.000 euros por metro cuadrado--.

El año pasado, el Incasòl vendió al grupo La Llave de Oro una parcela en Can Sant Joan, en Rubí (Barcelona), para construir una promoción de 38 viviendas. Una práctica que ya se realizó años atrás. En 2013, el Incasòl sacó a la venta cuatro parecelas de su propiedad del barrio de Can Llong de Sabadell, dos de ellas destinadas a la construcción de 15 y 29 viviendas en régimen de protección oficial y otras dos en régimen libre, 15 y 23 viviendas.

El verano pasado, activistas a favor de la vivienda pública intentaron impedir la subasta de 46 inmuebles procedentes de herencias intestadas de la Generalitat en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Incumplimiento de sus propios acuerdos

La subasta supone el incumplimiento de los propios acuerdos de la Generalitat. El 22 de septiembre de 2016, el exvicepresidente Oriol Junqueras; la exconsejera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda Meritxell Borràs; y el presidente de la Taula d’Entitats del Tercer Sector, Oriol Illa, firmaron un convenio según el cual los pisos de herencias intestadas serían destinados a personas "en situación de emergencia social” en lugar de venderlos como se hacía hasta entonces.

Una de las principales funciones del Incasòl --que durante cinco años estuvo dirigido por el actual consejero de Territorio, Damià Calvet-- es la promoción de suelo residencial para facilitar el acceso a la vivienda y combatir la exclusión residencial. Es competente para impulsar políticas residenciales inclusivas que sirvan como instrumento de las políticas de igualdad y cohesión social. Y para ello, resulta imprescindible que la administración disponga de un importante parque público de vivienda.

JxCat y ERC votaron en contra

Los partidos que forman el actual Govern, Junts per Catalunya y ERC, se quedaron solos votando en contra de esta propuesta que, según su impulsor (el diputado de Cs Sergio Sanz) responde a “la falta de inversión histórica y a un modelo de vivienda protegida basado en la venta y su posterior desclasificación. Mantener la titularidad pública de esos terrenos es un paso en esa dirección”.

Por el contrario, los independentistas echaron balones fuera y culparon de nuevo al Estado de esos males. Y arremetieron contra Ciudadanos por “no hacer nada” por aumentar la financiación catalana en este asunto. Sin embargo, la competencia es autonómica lo que, según Sanz, “denota falta de ganas de trabajar para resolver los problemas de la ciudadanía. Son los representantes del Govern los que no van a las conferencias de las comunidades autonómicas donde se discute la financiación y cierran el Parlament durante tres meses”.

A pesar de la resistencia de JxCAT y ERC, la propuesta fue aprobada. En ella, el Parlament insta a que la Generalitat “lleve a cabo las modificaciones legales y normativas necesarias para que to­das las parcelas propiedad del Incasòl calificadas de uso residencial en municipios considerados de alta demanda acreditada según la Ley 4/2016, mantengan la titula­ridad pública y sólo puedan tener como destino la promoción de vivienda en régi­men de alquiler asequible o de cesión de uso”.

Criterios de excepcionalidad

También contempla --en base a una enmienda pactada con Catalunya en Comú-Podem- "prever situaciones de excepcionalidad en la aplicación de la obligación señalada en el apartado anterior, por razones de tipología de las viviendas o por la ubicación territorial que no les haga idóneos para vivienda de alquiler social". En este caso "se deberá prever que el producto de su venta se reinvierta en la adquisición de suelos o viviendas en el mismo municipio o comarca, para ser destinado a viviendas de alquiler social".

La Cámara catalana reclama “revisar y reconsiderar las operaciones de venta de terrenos urbanos propiedad del Incasòl que están actualmente en marcha o se prevea realizar en el futuro”. Asimismo, se compromete a “buscar los mecanismos de financiación oportunos para que las promociones de vi­viendas en las parcelas propiedad del Incasòl mantengan la titularidad pública y se gestionen en régimen de alquiler asequible o cesión de uso”.

Finalmente, el Govern deberá “facilitar los instrumentos de financiación oportunos a aquellos ayuntamientos y otras administraciones públicas dependientes de la Generalitat que tengan parce­las calificadas de uso residencial en zonas de alta demanda acreditada puedan llevar a cabo promociones de vivienda pública en régimen de alquiler asequible o cesión de uso”.