La Generalitat recuperará las leyes de vivienda suspendidas

Damià Calvet, el consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, ha informado hoy que el gobierno catalán ha llegado un "acuerdo interpretativo" con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Según el pacto, el Gobierno retirará el recurso contra las leyes de vivienda que aprobó la cámara catalana en la anterior legislatura y que actualmente están supendidas por el Tribunal Constitucional.

Calvet ha manifestado que se trata de la Ley 24/2015 y la 4/16 sobre emergencia habitacional. Ha matizado que se trata de una retirada parcial ya que el Gobierno mantiene el recurso en algunos puntos que considera que son de su competencia.

Retirada parcial

El Gobierno de Sánchez mantiene el recurso en los artículos 1 y 2, y en la disposición transitoria primera, que abordan subrogaciones de hipotecas y daciones en pago, entre otras cuestiones.

Calvet ha celebrado este acuerdo que se formalizará en la subcomisión bilateral y ha reivindicado que el Govern no ha "tocado ni una coma de las leyes", aunque ha reconocido que querían una retirada total del recurso de inconstitucionalidad que puso el anterior Gobierno de Mariano Rajoy.

Tres áreas

El consejero ha apuntado que el acuerdo se oficializará en las próximas semanas y ha valorado la importancia de que la Generalitat recupere estas leyes. Calvet ha mantenido que con la retirada del recurso permitirá al Govern "actuar de manera inmediata y efectiva para disponer de mejores instrumentos en materia de vivienda".

Con el pacto entre Ejecutivo y Generalitat, la institución catalana tendrá capacidad para influir en tres áreas: mediar en caso de desalojo; expropiar temporalmente viviendas de grandes tenedores que lleven dos años vacías, y los bancos tendrán la obligación de realojar a las personas desahuciadas con un alquiler social.

Medida estrella

Calvet ha destacado que la parte más importante de la ley para "evitar desahucios en Cataluña" es que los bancos tendrán la obligación de ubicar en otra vivienda a las personas desahuciadas con un alquiler social. La intención de la medida es que los afectados se podrán quedar en el mismo piso pagando una mensualidad aún por determinar.

También ha desvelado que la cantidad de dinero que los desahuciados deben aportar al banco es el que ha generado más discusión con el Ejecutivo de Sánchez. La solución establece que el Govern deberá aprobar una normativa que fije estos precios. Finalmente ha matizado en que este precio se adaptará a "los módulos de protección oficial y la situación económica de las personas afectadas".