El Gobierno catalán vuelve a vender vivienda social

Ni los altercados de la semana pasada ni los acuerdos parlamentarios disuaden al Govern de seguir vendiendo terrenos o inmuebles de titularidad pública, perdiendo así la oportunidad de agrandar su escaso parque de vivienda protegida. El Institut Català del Sòl (Incasòl), empresa dependiente de la Consejería de Territorio y Sostenibilidad, acaba de cerrar una operación consistente en la venta de una parcela en Sant Adrià de Besòs (Barcelona) a la cooperativa Lar Unió Catalònia, con la finalidad de construir 102 pisos, 52 de los cuales serán de protección oficial y los 50 restantes, tendrán un régimen protegido de precio concertado –unos 3.000 euros por metro cuadrado--.

Tal como publicó Crónica Global, las competencias en materia de vivienda han estado en manos de CDC durante 31 años. Tiempo más que suficiente para que la Generalitat haya podido ampliar su parque público. Sin embargo, éste no supera el 2%, muy por debajo de la media europea, que alcanza el 15%. El Govern ha colocado a Damià Calvet, que había trabajado en el sector inmobiliario, al frente de esta Consejería, tras dirigir el Incasòl durante cinco años.

Imagen virtual de la nueva promoción de Llar Unió Catalònia en Sant Adrià

Imagen virtual de la nueva promoción de Llar Unió Catalònia en Sant Adrià

Mientras los expertos insisten en que solo es posible hacer una gestión efectiva de vivienda social a partir de un parque público, la política del Ejecutivo autonómico insiste en recurrir a la venta. Así, los terrenos vendidos a Llar Unió Catalonia, situados en el número 1 de Via Trajana, ocupan una superficie de 13.300 metros cuadrados de techo y un precio de venta de 5,2 millones de euros.

El año pasado, el Incasòl –dirigido entonces por Calvet-- vendió al grupo La Llave de Oro una parcela en Can Sant Joan, en Rubí (Barcelona) con la finalidad de construir una promoción de 38 viviendas. La semana pasada, activistas a favor de la vivienda pública intentaron impedir la subasta de 46 inmuebles procedentes de herencias intestadas de la Generalitat en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Hubo momentos de tensión entre los manifestantes y los Mossos d’Esquadra.

Una foto de unos manifestantes en la convocatoria contra la subasta de la Generalitat

Manifestantes en la protesta contra la subasta de la Generalitat

La subasta supone el incumplimiento de los propios acuerdos de la Generalitat. El 22 de septiembre de 2016, el exvicepresidente Oriol Junqueras; la exconsejera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda Meritxell Borràs; y el presidente de la Taula d’Entitats del Tercer Sector, Oriol Illa, firmaron un convenio según el cual, los pisos de herencias intestadas serían destinados a personas "en situación de emergencia social” en lugar de venderlos como se hacía hasta entonces.

Asimismo, en la anterior legislatura, Ciudadanos presentó una propuesta para mantener la titularidad pública de esos terrenos con la finalidad de ampliar el parque de vivienda. La propuesta fue rechazada con los votos de CDC, ERC y PP.

“La Geralitat ha vuelto a vender una parcela de uso residencial para la promoción de VPO de venta que, en 10 o 20 años, pasarán al mercado”, denuncia el diputado de Ciudadanos, Sergio Sanz, quien ha presentado una batería de preguntas al Govern. Entre otras cuestiones, Sanz quiere saber cómo se publicitó la venta de la parcela de Sant Adrià, qué empresas optaron o qué grado de protección oficial tendrán las viviendas, qué requisitos se tendrán que cumplir para optar a las mismas. Y, sobre todo, por qué la Generalitat optó por vender la parcela en lugar de mantener la titularidad pública y promover --bien fuera a través de empresa pública o mediante algún sistema concertado-- un edificio de viviendas de alquiler asequible que pudiera pasar a formar parte de un parque público de vivienda.