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El consejero de Educación, Josep González-Cambray / EP

La fiscalía analiza la denuncia contra Cambray por el 25%

Hablamos Español y Convivencia Cívica Catalana presentaron una querella contra el 'conseller' al considerar que desobedece la sentencia del TSJC

3 min

La fiscalía analiza la denuncia contra el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, por el 25% de castellano en las aulas. Se trata de una querella interpuesta por Hablamos Español y Convivencia Cívica Catalana por, presuntamente, “desobedecer” y no aplicar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que le obliga a impartir, al menos, ese porcentaje de las horas lectivas en esa lengua. 

La magistrada Maria Eugenia Alegret será la encargada de la causa y, según han detallado fuentes del alto tribunal catalán, la denuncia todavía no está admitida a trámite, sino que se ha dado traslado a la fiscalía para el informe preceptivo antes de convocar la sala de deliberación por si se admite o no. Así pues, sólo se trasladarán las actuaciones a la magistrada instructora una vez la fiscalía informe sobre la competencia de la sala y sobre la admisión a trámite de la querella. Contra la resolución cabe interponer un recurso de reposición en un plazo máximo de cinco días, según el TSJC

Fachada del Palacio de Justicia de Catalunya, sede del TSJC  / EUROPA PRESS
Fachada del Palacio de Justicia de Catalunya, sede del TSJC  / EUROPA PRESS

Estrategia para "no cumplir la sentencia"

La denuncia se presentó el pasado 1 de junio al considerar que las instrucciones que envió la Conselleria de Educación a los centros tras la ejecución de la sentencia “instan expresamente a desobedecer el mandato” judicial. 

Una vez finalizado el plazo que dio el TSJC al Govern para ejecutar la orden e impartir el 25% de las horas lectivas en castellano, el conseller anunció nuevas medidas para esquivarla. Por ello, el titular de Educación obligó a los colegios a hacer un cuestionario para validar sus proyectos lingüísticos con tal de que se adaptasen al nuevo decreto que el Ejecutivo autonómico aprobó y que no contempla cifras. 

Las entidades denunciantes ven este método “una estrategia para no cumplir la sentencia” y tachan el decreto del Govern de arbitrario.