La última exigencia de Puigdemont: digitalizar su despacho

La frontera entre los gastos de la Oficina del expresident y el cuartel general del llamado Consejo para la República en Waterloo es muy difusa. Sobre todo porque el equipo de asesores de Carles Puigdemont nunca ha dado cuentas de su actividad porque son cargos eventuales y, por tanto, dicen que no están obligados a hacerlo. La Generalitat suministra información a cuentagotas sobre los gastos del fugado, que ahora se ha empeñado en digitalizar su despacho. Nada menos que 10.000 euros ha gastado Puigdemont en crear una web y un archivo, con cargo al departamento de Presidencia, del que dependen las oficinas de los expresidentes de la Generalitat.

A lo largo de 2018, Puigdemont se ha dotado de “servicios de tecnologías de la información y la comunicación”, consistentes en una web, por las que ha cursado dos facturas de 2.460 euros, y un archivo por valor de 5.900 euros. Así lo explica la consejera de Presidencia, Meritxell Budó, en respuesta a una pregunta formulada por Ciudadanos a la que ha tenido acceso Crónica Global.

Su nueva secretaria

Estos gastos se añaden a los que comporta el séquito que acompaña a Puigdemont. El pasado mes de mayo, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) anunciaba el nombramiento de Glòria Sala Ribas como secretaria del expresidente. Su retribución equivale a la de un puesto de funcionario "del grupo C, nivel de destino 22" --es decir, 26.802,08 euros anuales--, y cuenta con un complemento específico de otros 9.996,48 euros, con jornada y horario de dedicación especial. Un sueldo que irá a cargo del erario público.

Según se explica en el DOGC, Sala Ribas se incorpora como "personal eventual del Departamento de Presidencia", en calidad de "adscrita a la Oficina del expresidente Carles Puigdemont". Entre sus funciones se encuentran "prestar apoyo" a dicha oficina "en el desarrollo de sus funciones", "ejecutar las tareas que se deriven", "colaborar y apoyar en la organización de la agenda, de los actos y/o de las visitas del expresidente de la Generalitat y del responsable de la oficina", así como "cualquier otra función análoga que le pueda encargar su superior".

El historiador y amigo de Carles Puigdemont Josep Lluís Alay. Pilar Rahola retuitea sus mensajes / CG

Puigdemont cuenta además con Josep Lluís Alay, nombrado jefe de la oficina del expresidente y que cobra 101.074 euros anuales. Alay, historiador y exalto cargo de la Diputación de Barcelona, acompañaba a Puigdemont cuando fue detenido en la frontera alemana. Es el principal responsable de la actividad internacional de Puigdemont y se le conoce por ser muy activo en las redes sociales, donde se dedica a atacar al Estado español.

"Fuga de dinero y de información"

La diputada de Cs Susana Beltrán ironiza sobre “la triple fuga” que representa Puigdemont. “Es un fugado de la Justicia y su oficina supone una fuga de dinero público y de información, y un engaño para todos los catalanes”, explica Beltrán, quien denuncia la opacidad de esa corte de asesores “que nunca han rendido cuentas en el Parlament”.

En este sentido, el propio Alay respondió a la diputada que “el personal eventual no tiene la condición de alto cargo y sus funciones se circunscriben a las de confianza y asesoramiento, quedando excluida de su ámbito funcional la representación institucional. Por ese motivo, el personal eventual no dispone de lo que la Ley 19/2014 (Transparencia) llama 'agenda oficial', que se refiere únicamente a los que tienen la condición de alto cargo o autoridad”.

La diplomacia cultural

La diputada de la formación naranja incluye en ese séquito internacional al exconsejero Lluís Puig, contratado por la Consejería de Cultura como director del Programa para el Desarrollo de Proyectos culturales de ámbito internacional. Su sueldo asciende a 87.270 euros. Puig se fugó con Puigdemont a Bruselas y en lo que va de año ha viajado a Amsterdam y Rotterdam para participar en un encuentro etnológico y en una salón de música clásica. Ambos desplazamientos, según la Generalitat, costaron 704 euros.

El Tribunal Constitucional enmendó algunas competencias de la Consejería de Acción Exterior, entre ellas la llamada diplomacia cultural, lo que ha obligado al citado departamento a modificar su web.