Bruselas defiende las instituciones democráticas y el "sistema judicial español"

Ante el intento de los independentistas de desacreditar la imparcialidad de la judicaduta en vísperas del juicio del 1-O, Bruselas defiende “las instituciones democráticas y el sistema judicial español”. Así lo ha manifestado este jueves el vicepresidente de la Comisión Europea, Jyrki Kataienen.

A pesar de que desde las instituciones comunitarias han evitado pronunciarse, como en otras ocasiones, sobre la situación de Cataluña porque consideran que es un “asunto nacional”, sí han mostrado su confianza en la independencia de los tribunales españoles. 

Relator e internacionalización del ‘procés’

Preguntado por la figura del relator en la mesa de diálogo con los partidos independentistas, Katainen tampoco ha emitido ningún juicio. "La situación es demasiado frágil y está únicamente en manos de España", ha expresado.

Sobre la posibilidad de que esta especie de mediador pueda contribuir a internacionalizar el conflicto catalán se ha limitado a expresar que la situación, tanto desde un punto de vista legal como político, depende enteramente del Ejecutivo español. 

Estrategia del independentismo

La estrategia soberanista de cara al juicio procés que arrancará el próximo 12 de febrero pasa por desacreditar la labor de los magistrados españoles. De hecho, las defensas de los políticos presos ya presuponen que deberán acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) porque la setencia será condenatoria. 

El independentismo asegura que el procedimiento y, por consiguiente el fallo, no cumplirá con las garantías de imparcialidad necesarias. 

Democracia plena

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado este jueves, ante el Consejo Europeo y TEDH en Estrasburgo, que “España es una democracia plena”, frente a la “ruptura unilateral” que habría intentado el movimiento independentista.

Sánchez ha insistido en que España ha experimentado una “enorme transformación” desde la transición, y que es un país en el que existe una descentralización del poder, con una “gran capacidad legislativa” por parte de las comunidades autónomas.