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La acusación popular de Vox llegando al Supremo

La excepción española en la acusación popular: de la CUP a Vox

Grupos extremistas y sindicatos bajo sospecha han tenido un papel destacado en algunos de los juicios más célebres de nuestro país

18.02.2019 00:00 h.
7 min

El papel de Vox como acusación popular en el juicio por el 1-O en el Tribunal Supremo ha reabierto el debate sobre la conveniencia o no de que una fuerza populista pueda gozar de un protagonismo tan importante a la hora de juzgarse unos hechos que afectan al Estado.

El caso del partido liderado por Santiago Abascal, sin embargo, no es el único. La CUP, partido antisistema, ejerció como acusación popular en el caso del aumento de sueldos de Catalunya Caixa y en el que finalmente sus dirigentes han sido absueltos. Asimismo, en el célebre juicio del conocido como caso Nóos, la infanta Cristina llegó a testificar por voluntad del sindicato de derechas Manos Limpias, cuyo presidente fue posteriormente detenido por extorsión, organización criminal y fraude.

Los exdiputados de la CUP en el Parlament, Anna Gabriel y Benet Salellas / CG

Los exdiputados de la CUP en el Parlament, Anna Gabriel y Benet Salellas

Interés real

De acuerdo con los expertos penalistas consultados, la figura de la acusación popular tiene sentido, pero hay que ver la “función” real que tiene, explica Carles Monguilod. A su juicio, en el caso de Vox se trata de “una perversión de esta figura”: “Habría que ver, quizás incluso prohibir, que los partidos políticos puedan usar esta figura jurídica de forma tramposa y de una forma distinta por la que estuvo creada originalmente”.

A la misma conclusión llega el penalista Marc Molins al sostener que puede coexistir un "interés espurio” como puede ser hacer “campaña electoral” o “atizar el juicio”. En el caso de Vox con el juicio a los dirigentes nacionalistas puede tener como motivación real el mismo interés mediático que despierta la causa y, al ser un partido político, intentar sacar un rédito electoral.

Ariete de otros

Jacobo Teijelo, penalista experto en extradiciones, extiende las inconveniencias de esta figura no solo a si la encarna un partido político. Por ejemplo, en el caso de sindicatos como Manos Limpias u otros, pueden “ser utilizados de ariete por otros con los mismos fines”.

Teijelo se desmarca en cuanto a la posibilidad de reducir esta figura a miembros de la sociedad civil: “Lo que no podemos hacer es excepciones si se trata de un partido de extrema derecha o de extrema izquierda. Es bueno que exista y nadie puede esperar que sea imparcial”.

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith (d), y el vicesecretario jurídico, Pedro Fernández

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith (d), y el vicesecretario jurídico, Pedro Fernández

Una figura parcial

La figura de la acusación popular tiene sentido para “acercar la justicia la ciudadanía”, explica Monguilod. Se trata de una figura que contempla nuestra Constitución para neutralizar los déficits de actuación, ofreciendo la posibilidad de que cualquier ciudadano o asociación pueda ejercer de acusación popular.

La otra ventaja de esta figura --añade Teijelo-- es que nadie “pueda esperar que sea imparcial. Defiende un interés muy concreto y no engaña a nadie". No obstante, alerta Molins, esto hace que puedan pedir penas exageradas como los “74 años de cárcel” que piden para el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras frente a los 24 de la Fiscalía.

¿Por qué existe la acusación popular?

La figura de la acusación popular no está presente en muchos países de nuestro entorno. Su fundamento original trataba, como explica Molins, de contrarrestar los "déficits de actuación". En el sistema constitucional español el Fiscal General del Estado es designado por el jefe de Estado a propuesta del presidente del Gobierno. Pese a no haber una dependencia jerárquica, sí puede existir una "relación de respeto" hacia quien te ha designado, añade. 

El presidente del Gobierno elige al Fiscal no solo por sus méritos sino también por las órdenes y prerrogativas que ha prometido cumplir en su mandato, como puede ser la lucha contra el narcotráfico o la violencia de género. Esto puede generar "cierta sospecha" --añade el letrado Molins-- de admitir la existencia cierta dependencia entre el Fiscal y el Ejecutivo. Por esta razón, la Constitución contrarresta este sesgo reconociendo la posibilidad de que haya una acusación popular. 

Contradicciones

La acusación popular que ejerció la CUP en el caso de Catalunya Caixa hizo que sus intereses se alinearan con los del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) al pedir en su recurso una dura condena a los banqueros así como devolver el dinero al FROB y al BBVA. De este modo un partido anticapitalista y un banco compartieron objetivos en contra de los anteriores directivos de Caixa Catalunya.

Pedro Horrach

Pedro Horrach, exfiscal balear durante el 'caso Nóos'

En el caso de Manos Limpias, se pudo ver a miembros de la Familia Real sentados en el banquillo por la labor de un sindicato de derechas y que posteriormente fue salpicado también por la corrupción. Además, supuso un desgaste personal y emocional para el fiscal balear del caso Nóos, Pedro Horrach, que finalmente pidió una excedencia después de recibir numerosas presiones para que no aceptara las peticiones del sindicato de sentar a la infanta en el banquillo. 

En algunos casos la figura de acusación popular puede correr el riesgo de tener visos de populismo judicial que pueden desvirtuar este figura jurídica que contempla la Constitución.