La escuela concertada reclama un rescate de 16,8 millones al Govern por cada mes de encierro

Cinco patronales de la escuela concertada catalana han dirigido una carta a la Consejería de Educación en la que reclaman un plan de rescate para evitar el riesgo de quiebra de algunos centros, que cifran en 16,8 millones de euros por cada mes de encierro por el coronavirus.

La carta, a la que ha tenido acceso Crónica Global, está firmada por Agrupació Escolar Catalana, Associació Professional Serveis Educatius de Catalunya, Confederació de Centres Autònoms d’Ensenyament de Catalunya, Federació Catalana de Centres d’Ensenyament y Fundació Escola Cristiana de Catalunya.

En Cataluña, la escuela concertada agrupa 702 centros educativos, emplea a 19.172 profesores y escolariza 366.000 alumnos, es decir, el 33% de todo el alumnado del sistema educativo no universitario del país. En cuanto a las enseñanzas obligatorias, incorporando el segundo ciclo de Infantil, el total de centros es de 599, el de profesores, 12.605 y el de alumnos, 326.577.

La Generalitat aporta el 65% del coste real de la plaza

Recuerdan que "en los centros concertados, la Administración sólo aporta el 65% del coste real de la plaza escolar, de tal manera que el 35% restante será atendido con la contribución de las familias de los alumnos, ya sean aportaciones voluntarias, ya sea el abono de actividades y servicios opcionales, entre los cuales, la media pensión, la acogida matinal, las extraescolares, etc.

"La medida drástica -pero sin duda necesaria- de clausurar los centros abocó a los centros educativos, con los padres y alumnos, a una situación nueva y desconocida. Y, si bien desde el primer día se buscaron fórmulas de apoyo y acompañamiento al alumnado y de continuidad académica por vía telemática, la situación económica y financiera se convirtió crítica. Hasta el punto de colocarlos en el límite de la quiebra, con la alarma que esto conlleva, no sólo en los ámbitos educativo y social, sino de país".

Causas de la situación precaria

Las causas principales que han culminado en una tensión de tesorería y falta de liquidez son la situación de muchas familias afectadas por un ERTE o que han perdido su trabajo, que ahora no pueden atender con normalidad las aportaciones voluntarias u otras contribuciones al gasto del centro, así como "la insistencia en los medios de comunicación y en las redes sociales, y también por parte de las agencias oficiales de consumo, que a estas alturas no se deben pagar los servicios que no se reciben". Un discurso que "ha penetrado en determinados grupos de familias, hasta el punto de que han dejado de hacer sus aportaciones. Aunque sus hijos, desde el primer día, han mantenido la actividad escolar por vía telemática".

Aseguran que "el hecho de que la Administración informara que pagaba todos los gastos de funcionamiento de los centros y el carácter voluntario de todas las cuotas contribuyó que, en tiempos de dificultad, se dejen de pagar". Asimismo, se ha mantenido el personal que no cubre el concierto (PAS y personal docente) y de la mayoría de gastos inherentes al funcionamiento de un centro educativo.

Pérdida de ingresos

La pérdida absoluta de los ingresos correspondientes a los servicios opcionales, es decir, comedor, extraescolares, etc, dentro del presupuesto total de la financiación también ha complicado la situación, así como el impacto económico que "ya arrastra el sector concertado por el tema de la paga compensatoria".

Por ello, la situación "es tan delicada que nos vemos en la necesidad de pedir un Plan de Rescate para toda la escuela concertada de Cataluña", que cifran en 16.835.049,49 euros por cada mes de confinamiento.