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Destrozos en la plaza de Espanya de Barcelona: Colau ha perdido el control / METRÓPOLI

El doble rasero policial de los independentistas y Colau tras los macrobotellones

ERC y Junts, que ahora piden explicaciones, callaron cuando los CDR tomaron Barcelona y hacen seguidismo de la CUP, mientras la alcaldesa pide refuerzos tras gobernar de espaldas a la Guardia Urbana

8 min

Ada Colau va a tener que dar muchas explicaciones políticas sobre los graves incidentes ocurridos durante el largo puente de la Mercè, donde macrobotellones multitudinarios se han saldado con heridos, actos de vandalismo, saqueo en comercios y graves destrozos. La propia alcaldesa, que durante años ha gobernado la ciudad de espaldas a una Guardia Urbana necesitada de refuerzos, reclama ahora más efectivos en la calle y la ayuda de los Mossos d'Esquadra.

Por su parte, formaciones como ERC y Junts por Catalunya, que ahora exigen un pleno municipal para abordar la cuestión, apoyan a la CUP en sus objetivos de desmantelar el modelo policial catalán. Porque así lo manda el acuerdo de investidura de Pere Aragonès. Y nada objetaron cuando el independentismo radical quemó Barcelona tras la sentencia del referéndum del 1-O.

"¿Os suena 'Ciutat morta'?"

“Basta de desautorizar a los agentes de seguridad. Se ha acabado, esto viene de lejos. ¿Os suena Ciutat Morta?”, exclamaba ayer el líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, en su discurso de condena de los graves sucesos ocurridos tanto en la plaza España como en la playa de Bogatell. En estos puntos de la Ciudad Condal, miles de personas se concentraron en sendos botellones --una práctica que siempre ha estado prohibida, sobre todo en pandemia--, sin que el refuerzo policial --mossos, drones…-- pudieran evitar destrozos materiales, saqueos en tiendas y restaurantes, heridos, coches quemados y daños en el mobiliario urbano.

El antisistema Rodrigo Lanza, en una intervención en el documental 'Ciutat Morta' / CG
El antisistema Rodrigo Lanza, en una intervención en el documental 'Ciutat Morta' / CG

Illa se refería al documental Ciutat Morta, que narra desde un punto de vista estrictamente antisistema los sucesos ocurridos la noche del 4 de febrero de 2006, cuando el desalojo policial de un teatro ocupado se saldó con un guardia urbano en estado de coma por las graves heridas sufridas. El agente quedó en silla de ruedas por el impacto de una piedra lanzada por Rodrigo Lanza, según la sentencia judicial.

Lanza se convirtió en referente de los colectivos antisistema, apoyados por la CUP. Con todo, la versión de los hechos que se narraban en este audiovisual y que presentaba a Lanza como una víctima quedó en al aire en en 2017, cuando el joven fue acusado de matar a Víctor Laínez en un bar en el conocido como crimen de los tirantes. Su segunda condena, que aún cumple, fue de 20 años de cárcel por asesinato agravado. Con la sentencia en la mano, tanto la alcaldesa como ERC y Junts impidieron que prosperara una iniciativa municipal para retirar el premio Ciudad de Barcelona concedido por el Ayuntamiento al documental.

Malestar en la Guardia Urbana

Eso ocurría en octubre de 2020, pero el malestar de los sindicatos de la Guardia Urbana por la falta de efectivos se remonta a años atrás. El mayoritario, CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios), ha pedido la dimisión de la alcaldesa por la extrema violencia registrada este fin de semana.

El pacto de gobierno de Colau con PSC-Units supuso un punto de inflexión, pues el nombramiento de Albert Batlle, exdirector general de los Mossos, como concejal de Prevención y Seguridad fue visto con buenos ojos por parte de los agentes. Colau aspiraba a que Batlle parara los golpes en materia de seguridad dirigidos contra ella, activista reacia a convertir Barcelona “en una ciudad policial”, pero el sábado, en una comparecencia sin apenas precedentes, pidió refuerzos a los Mossos y calificó de “intolerables” los actos vandálicos.

Barcelona arde

Una actitud muy proactiva, la de la alcaldesa que quería acabar con la unidad antidisturbios de la Urbana --no lo logró--, que constrasta con la que tanto ella como JxCat y ERC tuvieron cuando Barcelona ardió, literalmente, por la acción del independentismo radical tras la sentencia del 1-O o por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel. Ni los comunes ni los independentistas fueron tan contundentes en sus críticas.

Coches arden en el centro de Barcelona a causa de los disturbios generados por el independentismo violento / EUROPA PRESS
Coches arden en el centro de Barcelona a causa de los disturbios generados por el independentismo violento / EUROPA PRESS

Un tono muy diferente era el utilizado ayer por Ernest Maragall, líder municipal de ERC. “Barcelona vive un estado de emergencia nocturna que necesita respuesta urgente”, escribía en Twitter. "El gobierno municipal ha perdido el control de la ciudad. Prometió que no habría impunidad y la impunidad se ha instalado en la ciudad", ha criticado al portavoz de Junts, Jordi Martí. Ambas formaciones registraron ayer una petición para que se celebre un pleno extrordinario sobre la gestión de los macrobotellones

En el texto afirman que el dispositivo de prevención planificado por el gobierno municipal para las fiestas de la Mercè ha sido "deficiente" y acusan a la alcaldesa y a los tenientes de alcalde Jaume Collboni y Albert Batlle de centrigufar responsabilidades.

Cambios en el modelo policial a la medida de la CUP

En paralelo, JxCat, ERC, CUP y los comunes secundan en el Parlament una comisión de estudio para cambiar el modelo policial. Se trata de una de las exigencias de los cupaires para apoyar la investidura de Aragonès, aunque detrás de esa condición está la pretensión de minimizar las cargas de los Mossos d’Esquadra contra antisistema, Comités de Defensa de la República (CDR) y demás activistas.

En solo cuatro meses, tal como informó Crónica Global, los antisistema han logrado tres victorias en materia policial: el traslado de los servicios jurídicos de la Consejería de Interior a la de Presidencia para filtrar las causas en las que el Govern defenderá a los Mossos; la creación de la citada comisión de estudio; y la constitución de una nueva división de escoltas, que no depende de los Mossos d’Esquadra, sino de un órgano político como es la dirección general de la Policía. Una división que engloba a la polémica guardia pretoriana de Quim Torra que, lejos de ser eliminada, quedó subsumida en este nuevo grupo.