Las tres victorias de la CUP en la Consejería de Interior

Solo han pasado cuatro meses desde que el gobierno de Pere Aragonès tomó posesión, pero la CUP ya ha dejado su impronta, y de qué manera, en las políticas de seguridad de la Generalitat. Lo ha hecho sin formar parte del Ejecutivo, donde ERC tomó el control de la Consejería de Interior.

Tres son las victorias de los antisistema: el traslado de los servicios jurídicos de la Consejería de Interior a la de Presidencia; la creación de una comisión de estudio sobre el modelo policial en el Parlament; y la constitución de una nueva división de escoltas, que no depende de los Mossos d’Esquadra, sino de un órgano político como es la dirección general de la Policía. Una división que engloba a la polémica guardia pretoriana de Quim Torra que, lejos de ser eliminada, quedó subsumida en este nuevo grupo.

No 'molestar' a la CUP ni a los CDR

Pasó desapercibido por aprobarse en período estival, pero la decisión de centralizar los servicios jurídicos hasta ahora existentes en la Consejería de Interior en el Departamento de Presidencia es una de las medidas más destacadas del nuevo mandato de Joan Ignasi Elena. Entra de lleno en las reivindicaciones de los antisistema, pues filtra las causas judiciales con la finalidad de evitar que el Govern entre en colisión con el activismo independentista en procesos donde los agentes han sufrido agresiones ejerciendo sus tareas de seguridad. Una decisión que satisface a la CUP, pero también a los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR).

Crónica Global ya informó de esta pretensión, que finalmente vio la luz el 3 de agosto mediante un decreto de reestructuración del Departamento de Interior aprobado por el Consell Executiu, que contempla el traspaso del área penal de los servicios jurídicos de Interior al Gabinete Jurídico de Presidencia.

Escoltas fuera de la prefectura

En ese mismo documento se daba luz verde a la creación de una nueva división de escoltas. La medida fue anunciada junto a la supuesta disolución de la llamada guardia pretoriana de Quim Torra, una unidad creada el 17 de junio de 2020 bajo el nombre de Área de Seguridad Institucional (ASI) e integrada por 70 agentes que, a diferencia del resto de grupos del cuerpo, no dependía de la prefectura ni estaba vinculada a la estructura jerárquica de los Mossos. Pertenecía funcionalmente al Departamento de Presidencia.

Pero la ASI no quedó disuelta, sino tapada por esa división de escoltas que se mantiene al margen del organigrama de los Mossos que, a su vez, depende del director general de la Policía, Pere Ferrer. Un cargo que Elena ha heredado del anterior mandado --la Consejeria de Interior estaba dirigida por Junts per Catalunya--, y que cada vez tiene más poder en el departamento. Los escoltas son un cuerpo de vital importancia, pues se ocupan de la seguridad de miembros del Govern, partidos políticos, jueces y fiscales. De ahí el malestar que genera en medios policiales su dependencia política. 

Ramon Espadaler, secretario general de Units per Avançar, en las instalaciones de Crónica Global / CG

Fuentes policiales explican a este medio que Elena no se atrevió a eliminar la ASI y que ha optado por hacerlo de forma progresiva. Pero precisamente ayer, la Comisión de Interior del Parlament debatió una propuesta del diputado de PSC-Units Ramon Espadaler para suprimir definitivamente ese grupo. El exconsejero de Interior expresó su apoyo a la unificación de todas las escoltas, pero “en lugar de dejarlos en su lugar natural, bajo la órbita de la prefectura, se puso bajo la órbita de la dirección general. ¿Qué aporta ese cambio? Se trata de un servicio que se guía por criterios técnicos estrictamente. Es un error profundo que la designación de escoltas esté en el ámbito político, y no en la prefectura”.

'Guardia pretoriana'

La propuesta de disolver la guardia pretoriana segregada del resto de escoltas fue rechazada con los votos en contra de ERC, JxCat y CUP, la abstención de En Comú Podem y los votos favorables de PSC-Units, Vox, Ciudadanos y PP.

Finalmente, el pasado mes de julio, el Parlament aprobó crear una comisión de estudio sobre el modelo policial y de orden público a instancia de una iniciativa presentada por ERC, Junts, la CUP y En Comú Podem. Vox, Cs y PP votaron en contra y PSC-Units se abstuvo. Este nuevo órgano forma parte de los acuerdos suscritos por Esquerra y los cupaires, que allanaron la investidura de Pere Aragonès.