David Madí, detenido y acompañado por la Guardia Civil para registrar su despacho en la operación Voloh / PABLO MIRANZO

David Madí, detenido y acompañado por la Guardia Civil para registrar su despacho en la operación Voloh / PABLO MIRANZO

Política

Estos son los contratos ‘a dedo’ y sin justificar que ha recibido David Madí

La Consejería de Territorio adjudicó sin concurso a la empresa del detenido en la 'operación Voloh' dos servicios valorados en 818.122 euros y 138.023 euros tras la condena del Supremo sobre el 1-O

3 noviembre, 2020 00:00

“Se desprende un importante tráfico de influencias por parte de [David] Madí con altos cargos del Departamento de Territorio como el consejero Damià Calvet”. Así lo asegura el juez Joaquín Aguirre en el sumario sobre la supuesta malversación de caudales públicos destinada a financiar el procés. Y aunque ni el Govern ni el propio Madí han entrado a valorar los contratos suscritos entre Aigües de Catalunya y el Govern, lo cierto es que, dos días después de que el Tribunal Supremo dictara sentencia sobre el referéndum del 1-O, el departamento de Territorio y Sostenibilidad liderado por Calvet adjudicó a la empresa de este político pasado al sector privado un contrato de 818.122 euros a dedo y sin justificar su emergencia. Semanas después, se volvió a contratar a Madí para cubrir un servicio valorado en 138.023 euros, en este caso justificado por el temporal ocurrido en octubre.

Los negocios de Madí --fichado por la empresa valenciana Global Omnium para presidir su filial Aigües de Catalunya-- con el Govern aparecen en el sumario judicial sobre la investigación de la supuesta financiación del procés en general y de la fuga de Carles Puigdemont, en particular. La operación Voloh, por la que fueron detenidos Madí, Xavier Vendrell y Oriol Soler, ha sacado a la luz las influencias que estos ideólogos del independentismo habrían utilizado en sus contactos para conseguir contratos.

Contratos con la Consejería de Territorio

La Consejería de Justicia publicó el pasado fin de semana un comunicado en el que negó haber firmado un contrato de servicios de detección de estupefacientes con la sociedad del detenido. Lo que el Govern no explicó son las dos licitaciones a dedo a Aigües de Catalunya tras la condena de los líderes independentistas que organizaron el referéndum. Así, el 16 de octubre de 2019, dos días después de que el Supremo hiciera pública su sentencia, la Agencia Catalana del Agua (ACA), también dependiente de Territorio y Sostenibilidad, adjudicó sin contrato a la firma valenciana el servicio de explotación, conservación y mantenimiento del EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales) de Martorell (Barcelona).

Depuradora de agua de Les Borges Blanques (Lleida) / ACA

Depuradora de agua de Les Borges Blanques (Lleida) / ACA

El contrato, adjudicado para el período comprendido entre el 17 de octubre de 2019 y el 16 de octubre de 2020, estaba valorado en 818.122 euros. Un cifra relevante si se tiene en cuenta que, a partir de 15.000 euros, está estipulado que el Govern debe someter a concurso sus contratos.

Un poco más tarde, el 4 de diciembre de 2019, el mismo departamento adjudicó a la empresa de Madí actuaciones por emergencia en el sistema de saneamiento de Les Borges Blanques en relación al temporal ocurrido en octubre. El coste del contrato, también realizado a dedo, ascendió a 138.023 euros. Si bien en el segundo caso se justificó el procedimiento negociado y urgente, el relativo a la depuradora de Martorell corresponde a actuaciones de carácter ordinario.

Abuso de la contratación de emergencia

La contratación de emergencia es un procedimiento previsto para ocasiones en las que es necesario actuar de manera inmediata: en caso de catástrofes, de situaciones que supongan grave peligro o incluso de necesidades que afecten a la defensa nacional. Una vez decretado el estado de alarma por el coronavirus, el Gobierno español avaló este sistema. Sin embargo, la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, organismo estatal independiente, advirtió del abuso de ese sistema durante el Covid en Cataluña. Por ello, el Parlament encargó a la Sindicatura de Cuentas que fiscalice la contratación de emergencia derivada de la crisis pandémica.

Madí, al igual que Xavier Vendrell, exdirigente de ERC, intentaron sacar provecho del Covid, según señala el juez en sus autos. En el caso del exdirigente de CDC, el instructor hace referencia al uso que hizo de sus contactos con la finalidad de lograr contratos públicos. “Contactos --añade-- que se han hecho extensivos a la Agencia Catalana del Agua para lo que Madí trata de influir en Lluís Ridao, su director, con el objetivo de que se realice un concurso sobre la detección de Covid en agua. Hasta tal punto llega su esfera de poder que pretende proponérselo a Salvador Illa, ministro de Sanidad, accediendo a él a través del valenciano José Luís Ábalos, ministro de Transporte".

Sacar tajada del coronavirus

Madí “ha intentado obtener rédito económico de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Esos negocios pasaron por activar una vez más, sus contactos políticos, como Víctor Cullell, secretario de Govern, o Braulí Duart, secretario general de Interior. Este último le explicó el desbarajuste que se estaba viviendo en la gestión de la crisis. Si bien hasta el momento no se ha podido corroborar si esas intenciones fructificaron, no es descartable que Madí se haya podido ver beneficiado por alguna adjudicación pública".

Asimismo, "a pesar de que finalmente parece no haber fructificado, del interés de Madí y su socio Rafael García en el mercado de las VTCs se desprende un importante tráfico de influencias por parte de Madí con altos cargos del departamento de Territorio como el consejero Calvet, el secretario de Infraestructuras Isidre Gavín, el subdirector de Ordenación del Transporte, Josep Maria Fortuny y el nuevo director general de Transportes, David Saldoni”.

Reunión con Vilarrubí

Precisamente, el 25 de octubre de 2019, David Madí y Rafael García mantuvieron una reunión en el Departamento de Territorio con el consejero Damià Calvet y a la que asistieron Juan Galiardo, representante de Uber, y los altos cargos del Departamento Isidre Gavín y Pere Padrosa. Su esposa, Sandra Buenvarón, le advirtió de que "tuviese cuidado de con quién se reúne si no quiere perder Aguas de Catalunya, porque según le dijo, las cloacas lo sabrán perfectamente”. En este sentido, el 21 de octubre de 2019, "Madí se reunió por separado con Carles Vilarrubí --procesado por el caso Pujol--, con Andreu Viloca --implicado en el caso 3%-- y con Vendrell, Buch y Duart”.

El empresario Carles Vilarrubí / EFE

El empresario Carles Vilarrubí / EFE

Respecto a esas reuniones, se apunta, “téngase en cuenta que por aquellas fechas se estaban produciendo en Cataluña y, especialmente en Barcelona, graves altercados en protesta por la sentencia del Tribunal Supremo que condenaba por sedición a algunos de los miembros del anterior Govern, a la presidenta del Parlament y a los presidentes de la ANC y Òmnium y resulta más que significativo que sean dos personas ajenas en principio a la vida política, pero directamente vinculadas a la antigua CDC (Madí) y a ERC (Vendrell) quienes estuviesen manteniendo una reunión reservada con el conseller de Interior y su segundo en el Departamento de Interior”, afirma el juez. Todo ello, en el cerco a las subvenciones del Ejecutivo catalán.