El Govern convierte la crisis del coronavirus en un coladero de contratos ‘a dedo’

La contratación de emergencia es un procedimiento previsto para ocasiones en las que es necesario actuar de manera inmediata: en caso de catástrofes, de situaciones que supongan grave peligro o incluso de necesidades que afecten a la defensa nacional. Una vez decretado el estado de alarma, el Gobierno español avaló este sistema.

La Sindicatura fiscalizará los contratos

Pero desde el 20 de junio, fecha en la que se levantó el estado de alarma, la Generalitat ha seguido recurriendo a esta modalidad excepcional de forma reiterativa hasta un total de 988 contratos --por un valor de 97 millones de euros--, que en varios casos no tienen nada que ver con la lucha contra el Covid. Ante este desbarajuste, y a instancias de la oposición, la Sindicatura de Cuentas realizará un informe de fiscalización sobre la contratación de emergencia derivada de la crisis pandémica.

Los contratos de emergencia de la Generalitat durante el Covid-19

La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, un organismo estatal independiente, emitió varios informes durante el estado de alarma. El último tiene fecha de 23 de junio --una vez concluido--, y puede observarse que “continúa la tendencia en la Comunidad Autónoma de Cataluña en la que se han publicado un alto volumen de contratos en vías de emergencia. En este sentido, debe aclararse que en la Plataforma de Contratación de esta Comunidad Autónoma constan varias ‘publicaciones masivas’, 11 de distintos órganos de contratación. En estas publicaciones masivas se incluyen contratos que por cuantía no estarían sujetos a reglas de publicidad de los artículos 151.1 y 154.1 de la Ley de Contratos del Sector Público”.

Contratos de emergencia de las comunidades autónomas

Respecto a la evolución, “puede observarse la estabilización y descenso del ritmo de publicación de contratos tramitados por vía de emergencia en todas las plataformas de contratación ya iniciado en la semana anterior, excepto en la Plataforma de Contratación de Cataluña”. El 40% de todos los contratos de emergencia realizados en España se tramitaron en Cataluña, un total de 4.546. Muy de lejos la seguían la Comunidad de Madrid (1.335), Castilla-La Mancha (836) y la Administración general del Estado (718). Además, ese órgano independiente detectó 1.100 contratos catalanes no publicados.

Contratos no publicados por la plataforma de contratación de Cataluña y otras comunidades

El Govern dispone de un visor que permite consultar todos los contratos tramitados de emergencia desde el 12 de marzo (la última actualización es del 3 de septiembre), un total de 5.059 por un valor total de 530 millones de euros. A pesar de que el estado de alarma finalizó el 20 de junio, la Generalitat ha seguido utilizando esa vía de emergencia que, según ha advertido en diversas ocasiones la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), solo debe ser utilizado en momentos muy excepcionales. Desde esa fecha, se han adjudicado a dedo 988 contratos por valor de 97 millones. Pero se da la circunstancia de que varios de esos servicios adjudicados a dedo y sin concurso no tienen nada que ver con la lucha anti-Covid.

Contratos sin relación con la pandemia

Por ejemplo, la compra de auriculares para los Mossos d’Esquadra (194.900 euros), el mantenimiento del equipamiento audiovisual del Departamento de Justicia (254.000 euros), un servicio de renovación digital del Centro de Telecomunicación y Tecnologías de la Información de la Generalitat (164.700 euros), un servicio de mantenimiento de licencias Oracle (tres millones de euros) o actualizaciones digitales para los Mossos (299.950 euros), por poner algunos ejemplos. Asimismo, contratos que sí son urgentes, como la creación de una red de centros educativos, se han adjudicado en septiembre. O la reparación de escuelas cuyas instalaciones están muy deterioradas ha sido adjudicada por la vía ordinaria.

La diputada de PSC-Units, Alícia Romero, impulsora de la propuesta de resolución sobre política industrial / CG

“Con el procedimiento de urgencia, que es extraordinario, han hecho contratos que nada tienen que ver con la sanidad. Y la información es escasa y parcial”, explica la diputada de PSC Alícia Romero. Recuerda que el presidente en funciones, Pere Aragonès, afirmó que el gasto sanitario durante la pandemia fue de 2.500 millones en salud, 500 millones en transporte y 500 en educación, mientras que la plataforma creada para tal efecto contempla un gasto total de 530 millones. “¿Qué pasa con el resto?”, se pregunta Romero, quien subraya el hecho de que estos contratos millonarios a dedo se realicen en meses previos a la celebración de elecciones.