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Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, en un acto público en el Mercado de La Boqueria esta semana / EFE

Colau prepara un pacto de vivienda en Barcelona solo con los suyos

La alcaldesa ultima un decálogo para impulsar los pisos asequibles: el 62% de los firmantes son afines a su partido

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Con los suyos y pocos más. El gobierno municipal de Barcelona, que comanda Ada Colau (Barcelona en Comú), está organizando una cumbre por el derecho a la vivienda con una mayoría apabullante de asociaciones afines a su partido. El cónclave, previsto para el martes 14 de julio, busca aprobar un decálogo en este campo con la oposición y la sociedad civil. Hay un problema: la sociedad civil son, mayoritariamente, los afines a Colau, como Observatori DESC, la FAVB o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

Fuerzas de la oposición se han quejado a este medio de la escasa pluralidad de la cumbre prepara Colau. La primera edil y la concejal de Vivienda y Rehabilitación, Lucía Martín, pretenden que el resto de partidos le aprueben este decálogo que ha elaborado con 20 entidades de la ciudad. ¿Qué problema hay? Que la mayoría de las asociaciones que han colaborado en el diseño del desiderátum son cercanas a BComú.

DESC, PAH, Sostre Cívic...

En efecto, la lista de participantes a la cumbre por la vivienda --y que han ayudado a redactar el decálogo-- presenta muchos satélites de los comunes. Están la Alianza contra la Pobreza Energética; Can 70 (Sostre Cívic); la cooperativa Celobert; Cohousing Barcelona; la FAVB; la Federación de Cooperativas de Vivienda de Cataluña; la Fundacion Bienestar y Desarrollo (contratista habitual del Ayuntamiento); La Dinamo (que preside Carme Borrell Thió, presidenta de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, tutelada por Gemma Tarafa, concejal de BComú); Llar Jove; Observatori DESC --donde trabajó Colau--; la PAH Barcelona --donde fue portavoz Colau--, la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB, que preside Tarafa) y Sostre Cívic. Estos 13 entes, asociaciones o cooperativas --el 62% del total-- son cercanos, cobran o están vinculados a BComú.

Fuera del perímetro del partido de Colau quedan solo siete participantes: el Colegio de Arquitectos de Cataluña (COAC); el Colegio de Trabajo Social de Cataluña (TSCAT); Ecoserveis; Fundació Mambré (vinculada al Hospital Sant Joan de Déu); Habitat3 (que preside la experta Carme Trilla), la Organización de Consumidores y Usuarios de Cataluña (OCUC) y Gestor Energètic Integral. No hay representantes de los sindicatos mayoritarios, inmobiliarios o de las patronales del sector, por ejemplo. No está, por citar otro ejemplo, la Fundació Arrels, decano en la lucha contra el sinhogarismo en la ciudad.

Diluye el Pacte per Barcelona

Además del evidente sesgo ideológico de la propuesta de cumbre y pacto por la vivienda, ésta llega en un mal momento. No en vano, julio era el mes en el que se tenía que firmar el Pacte per Barcelona, una batería de medidas para la reconstrucción económica y social de la Ciudad Condal que se empezó a diseñar en abril. Hasta 50 agentes de la sociedad civil, educativa, cultural, económica y social aportaron sus ideas de cara a firmar un auténtico Plan Marshall a nivel local para poner en marcha la ciudad tras la crisis sanitaria del coronavirus, su impacto devastador en la economía y las consecuencias que pueda tener un rebrote en otoño. Por ello, el Pacte preveía desplegar las medidas hasta diciembre de 2021, para dar tiempo a la economía local a recuperarse.

Ahora, Ada Colau y Lucía Martín se adelantan y convocan una cumbre por la vivienda que, en parte, descafeína el gran acuerdo de ciudad en ciernes. Lo que es más: las dos concejales lo hacen después del rotundo fracaso de las políticas de BComú en materia de vivienda, cuando en teoría eran una de sus banderas cuando el partido ganó la alcaldía en 2015 y repitió en 2019. El primer mandato de Colau se cerró con cerca de 800 nuevos pisos de alquiler social de 4.000 prometidos. En el segundo, los comunes han buscado auxilio del sector privado y hasta de los gestores de pisos turísticos. Mientras, han castigado con multas a los operadores privados que les podrían ayudar a ampliar el parque de pisos de alquiler asequible.