La reactivación de los desahucios pone en alerta a la PAH y al Sindicat de Llogaters

El pasado jueves se reactivaron los desahucios en España, paralizados por la suspensión de términos y plazos procesales el pasado 14 de marzo con motivo de la entrada en vigor del estado de alarma. De esta manera, vuelven los desalojos excepto en aquellas unidades familiares que acrediten una vulnerabilidad ocasionada por la pandemia del SARS-CoV-2. “Ese mismo día comenzamos a parar intentos de desahucios. La situación es nefasta”, lamenta Juanjo Ramón, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

Esta situación se suma a un momento en el que el paro de mayo sube en casi 27.000 personas, alcanzando la tasa más alta del mes desde 2016. “Vivir de alquiler es sinónimo de precariedad”, denunciaba Jaime Palomera, portavoz del Sindicat de Llogaters a varios grupos políticos este viernes en el Grupo de Trabajo de Políticas Sociales y Sistema de Cuidados. “Ustedes tienen que decidir si van a dar luz verde a una nueva ola de desahucios como en 2008 o si esta vez van a priorizar los derechos de las familias trabajadoras", añadía.

Requisitos exigentes

Tanto el Sindicat de Llogaters como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) intervinieron este viernes en el citado grupo de trabajo del Congreso. Ambas entidades denunciaron la reactivación de los desahucios, lamentando que el Gobierno aseguró que se impedirían los desalojos durante seis meses, cuando en realidad solo se limita a personas cuya vulnerabilidad se haya ocasionado por la pandemia.

“El 80% de las familias que se acercó a la PAH durante estos dos meses no cumple los requisitos para solicitar un aplazamiento”, avisan desde la plataforma en un comunicado. En conversaciones con este medio, Ramón ha criticado la actitud del Ejecutivo, al no tener en cuenta el elevado número de desahucios que se podrán llegar a producir diariamente.

Los vulnerables se quedan atrás

“Se detuvieron los desahucios al suspender la actividad judicial, ahora se reactivarán los juzgados y se volverán a poner en marcha los que se pausaron”, explica el portavoz, quien también lamenta que a estos desalojamientos se sumarán los previstos para los meses de encierro y los de verano. “No todas las familias que sufrirán desahucios lo harán de manera directa por el Covid-19. Hay familias que ya estaban en una situación vulnerable antes de la pandemia, y la situación laboral y económica de ahora les perjudicará. Las están dejando atrás”, añade Ramón.

Durante el 2019, en España se produjeron 54.006 desahucios, una media de 147 diarios. “Ahora, con la reactivación de los desalojos tememos duplicar los datos de antes de la pandemia y llegar a los números de 2013”, explica el portavoz, refiriéndose a los 67.189 realizados durante ese año, el primero en el que fueron contabilizados.

La Generalitat tampoco llega

En Cataluña, la reactivación de los desahucios se suma al anuncio del Govern de paralizar la aceptación de los trámites de ayudas para pagar alquileres. El departamento de Territorio anunció el pasado martes que detenían el proceso de admisión para valorar si las solicitudes que habían recibido --más de 14.000-- podían ser atendidas con el presupuesto aportado por el Estado, 14,5 millones de euros. Ahora, desde la Generalitat reclaman al Gobierno un incremento para llegar a los 29 millones, un 50% más.

“Han tenido que pararlo porque no llegan. Es una falta inmensa de previsión”, lamenta el portavoz de la PAH. Desde la plataforma exigen una ley de emergencia que también proteja a las familias que ya eran vulnerables antes de la llegada de la pandemia. “Muchos llegan a acuerdos con sus inquilinos al no tener ingresos, pero no les perdonan el alquiler sino que dividen los pagos y los reparten entre los meses siguientes”, señala Ramón. “Llegará un momento en que la deuda será inasumible, porque tampoco saben si encontrarán trabajo”, añade.

Ayudas más atrevidas

De momento, desde la PAH celebran que se puedan prorrogar los contratos que finalicen durante o dos meses después del estado de alarma. De todas maneras, la plataforma tiene claro que las ayudas públicas deben ser más atrevidas.

“Necesitamos que fomenten el parque de viviendas público. Creemos que habrá familias que no se recuperarán hasta finales de 2021, el impacto económico será peor para los más vulnerables”, concluye el portavoz.