Una concejal de Colau avaló dar la dependencia a una empresa con sede 'offshore'

Una concejal del equipo de Ada Colau avaló que una empresa con matriz en un paraíso fiscal pugne para quedarse la atención a la dependencia en Barcelona. Laura Pérez Castaño, teniente de alcalde de Derechos Sociales por BComú, partido de Colau, dio el visto bueno a que Servisar-DomusVi opte al Servicio de Atención Domiciliaria (SAD). Pérez dio por buena la oferta de esta firma pese a que su matriz está radicada en Jersey, una jurisdicción opaca, según Tax Justice Network. Ahora, esta sociedad está a punto de ganar parte del concurso.

Empresas finalistas del concurso del SAD by Ignasi Jorro on Scribd

Así figura en el expediente de contratación, al que ha podido acceder este medio. Según una de las actas del concurso, el segundo mayor por cuantía del Ayuntamiento de Barcelona con un presupuesto de 200 millones de euros, Laura Pérez preside la mesa de contratación del apoyo a la dependencia. La concejal no puso reparo alguno a que Servisar-DomusVi pasara el corte del juicio de valor. Ello dejó a la firma con matriz en la isla del Canal de la Mancha al borde de hacerse con dos lotes del jugoso contrato público, tal y como ha avanzado este medio.

Sacyr sí fue excluida por un tecnicismo

Así, una de las escuderas de Ada Colau --Pérez es cuarta teniente de alcalde-- avaló que una compañía con matriz en un territorio offshore opte a controlar la dependencia de Barcelona. Lo hizo pese a que la Ciudad Condal se comprometió a no contratar a empresas vinculadas a paraísos fiscales [ver decreto de alcaldía aquí] en 2016. En octubre del mismo año, el ayuntamiento coló a la capital catalana en la lista de ciudades libres de enclaves con fiscalidad favorable de Intermon-Oxfam. Aquel año, Laura Pérez era concejal de Feminismos y LGTBI.

Exclusión de Sacyr del concurso del SAD de Barcelona by Ignasi Jorro on Scribd

Cuatro años después, en 2020, y con el decreto antievasión de capitales aún vigente, la misma edil preside la mesa de contratación que ha dejado a Servisar-DomusVi al borde de controlar el 50% de la dependencia en Barcelona. El expediente de contratación no ha finalizado [consultar aquí], pero solo hay tres finalistas: Suara Cooperativa --que ya ha anunciado que se quedará con los lotes 1 y 3--, Accent Social y Servisar-DomusVi. De hecho, la mesa de contratación podría haber puesto objeciones a la oferta de Servisar, pues lo hizo con Sacyr. La cotizada fue excluida del concurso por un tecnicismo: identificó su oferta cuando ello no está permitido. Pero Servisar-DomusVi continuó.

Matriz en un paraíso fiscal

Nadie en la mesa de contratación de la atención a personas mayores y dependientes del Ayuntamiento de Barcelona, ni Laura Pérez --presidenta-- ni Laia Claverol, nueva gerente del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) y vocal en el ente, rechazaron la oferta de la filial del grupo que preside Josefina Fernández en España. No lo hicieron pese a que, tal y como avanzó Infolibre, DomusVi tiene su matriz en un paraíso fiscal, la isla de Jersey, donde no hay IVA ni Impuesto de Sociedades. La empresa-cabecera en el enclave del Canal es ICG Europe Fund VI (No.1) Limited Partnership. De esta sociedad penden dos fondos: ICG y SRS y, de los vehículos de inversión, DomusVi. Servisar es una filial de este entramado dedicada a la gestión de servicios sociales.

Pero, ¿ha finalizado el concurso? La respuesta es no. No obstante, desde DomusVi indicaron el viernes que les constaba una concesión del SAD en Barcelona, sin aportar más datos. Ello contravendría, si se confirma, el protocolo antievasión y antiblanqueo del Ayuntamiento. Si el gobierno municipal da marcha atrás y opta por otro operador, tampoco saldrá bien parado. Ello es así porque en al menos un lote (el 2, valorado con 43 millones de euros), solo han presentado ofertas económicas DomusVi-Servisar y Accent Social. En otras palabras: o gana una filial con matriz en un paraíso fiscal o la filial del conglomerado ACS. En ningún caso el servicio será público, como prometió BComú en 2015, ni gestionado por una empresa social, tal y como volvió a prometer el partido de Colau en 2019.