Cataluña, en cabeza de toda España con el 22,6% del total de okupaciones

¿Coincidencia o efecto llamada? Cataluña es la comunidad autónoma española que registró un mayor número de demandas por okupaciones de viviendas en juzgados de Primera Instancia e Instrucción durante el primer trimestre de 2020, un total de 203. Es decir, el 22,6% del total nacional.

El 'conseller' de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Damià Calvet

Ese período coincide con la aprobación del polémico decreto de vivienda de la Generalitat, recurrido por el PP ante el Tribunal Constitucional. Tal como explicó Crónica Global, se trata de una norma que los jueces se niegan a aplicar y que el Consejo de Garantías Estatutarias considera inconstitucional porque protege la ocupación y vulnera los derechos de los propietarios. Sin embargo, el Govern insistió en aplicarla porque suponía una doble ventaja para Junts per Catalunya (JxCat) --impulsora de los decretos a través de la Consejería catalana de Territorio-- y ERC: les permitía congraciarse con los comunes y la CUP, y abundar en el victimismo y la confrontación con el Estado en caso de impugnación.

Dos derechos en colisión

Pero detrás de esa utilización partidista, se esconde un problema donde colisionan los derechos a la propiedad y a la vivienda, sin que las leyes, de momento, hayan sabido conciliarlos. De ahí que muchos ciudadanos opten por contratar empresas privadas especializadas en desalojar viviendas o instalen sistemas de seguridad. Y si durante la pandemia han sido las segundas residencias el objetivo de los okupas, la llegada de las vacaciones hace temer por los domicilios habituales.

Las estadísticas demuestran que no se trata de casos aislados. El CGPJ dispone, desde el tercer trimestre de 2018, de información estadística de los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas para los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas poseedoras de vivienda social.

Los datos permiten ver la evolución de los últimos dos años. Así, en lo que respecta a Cataluña, entre 2018 y 2019 casi se triplicaron las diligencias, al pasar de un total de 463 casos registrados a 1.004. En ambos casos, fueron las cifras más altas de toda España. En cuanto a los casos resueltos, se contabilizaron 174 en 2018 y 796 el año pasado, por lo que quedaron en trámite 293 y 495, respectivamente.

Estado de alarma

En el primer trimestre de 2020, según los datos del CGPJ, los juzgados de Primera Instancia e Instrucción de toda España ingresaron 792 asuntos, un 12,1% menos que en el primer trimestre de 2019. Se resolvieron 717 y quedaron en tramitación 2.216. Cataluña es la comunidad donde se presentaron un mayor número de demandas, 203, que representan, el 22,6% del total nacional. Le siguen Andalucía, con 194; Comunidad Valenciana, con 87, y Madrid, con 69.

Badalona. Puerta acorazada para evitar la entrada de okupas / EP

Respecto al primer trimestre del año pasado, la comunidad catalana ha ingresado menos casos, pues en 2019 se presentaron 265, se resolvieron 190 y quedaron pendientes 355. Pero hay que tener en cuenta los datos correspondientes a ese mismo período de 2020 se vieron afectados por la crisis sanitaria y la declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo, con la consiguiente paralización de los plazos procesales y administrativos a partir de esa fecha.

Los efectos de la crisis

El poder judicial publica regularmente informes sobre los efectos de la crisis económica en los órganos judiciales. De ahí que, además de las ocupaciones, se contabilicen también los desahucios, las demandas por despido o los concursos mercantiles y de personas físicas. Cataluña, con 2.178, el 22,5% del total nacional, vuelve a ser la autonomía en la que se practicaron más lanzamientos por ejecución hipotecaria en el primer trimestre de 2020, seguida por la Comunidad Valenciana, con 1.454; Andalucía, con 1.443, y Madrid, con 1.005.

Imagen de archivo de una protesta contra los desahucios / EE

Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU (Ley de Arrendamientos Urbanos), en el primer lugar aparece también Cataluña, con 1.571, el 22,8% del total; seguida por Andalucía, con 914; Comunidad Valenciana, con 907; y Madrid, con 801. Respecto a las demandas judiciales por despido, la comunidad catalana vueve a encabezar el ranking nacional en el primer trimestre con 6.020, el 19,7%.