Los jueces rechazan aplicar el nuevo decreto de vivienda de la Generalitat

Nuevo mazazo a la ley de medidas urgentes contra la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética de la Generalitat. Los magistrados de las secciones civiles de la Audiencia de Barcelona han rechazado aplicar el artículo del nuevo decreto de vivienda en el que estipula que los grandes propietarios deben ofrecer un alquiler social a los inquilinos con impagos antes de presentar una demanda de desahucio. 

Los jueces consideran que este "no puede ser considerado un requisito" que paralice los procesos judiciales "de ejecución hipotecaria, o de cualquier acción ejecutiva derivada de la reclamación de una deuda hipotecaria, o de desahucio por impago". Es decir, que las demandas contra okupas interpuestas por los bancos y grandes tenedores de vivienda serán aceptadas aunque incumplan lo especificado por la Generalitat.

Unificar criterios

Los magistrados de la audiencia barcelonesa han tomado su decisión de manera unánime, en una reunión de coordinación para unificar criterios ante este decreto. El acuerdo estipula que "la consecuencia jurídica de incumplir la obligación" que estipula la ley de vivienda del Govern --es decir, no ofrecer un arrendamiento de bajo coste-- es "la imposición de sanciones administrativas", una medida que también aparece en el decreto impulsado por la Consejería de Territorio que lidera Damià Calvet. 

La decisión de los jueces de la Audiencia Provincial de Barcelona viene después de que el Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) declarara que el decreto del Govern vulnera los derechos de los propietarios. En concreto, este órgano encargado de velar por el ajuste de las leyes catalanas a la Constitución y el Estatut apuntó que la obligación de ofrecer alquiler social "obstaculiza indebidamente la libre decisión de interponer la pertinente demanda de recuperación". A pesar de todo ello, el Govern aseguró que tiraría el proyecto adelante.

Mas allá de Barcelona

La decisión de los magistrados de la audiencia barcelonesa será comunicada a las demás demarcaciones judiciales de Cataluña, así como también al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma (TSJC), a la Fiscalía catalana, al Consejo de la Abogacía y al Colegio de Procuradores.