Cambray, desautorizado: aplicará el plan de Bargalló que trató de enterrar

Hace muchos meses que en la Consejería de Educación se vivía un intenso debate sobre la respuesta que se debía dar a las sentencias judiciales contrarias al monolingüismo en catalán, y que reclaman al menos un 25% de clases en castellano en las escuelas. Presionado por Plataforma per la Llengua, un sector del departamento abogaba por aplicar las cuotas y blindar un 75% de catalán en las aulas. Pero también había dirigentes que calificaban esos porcentajes como una “barbaridad” desde el punto de vista educativo y apostaban por regular esta cuestión mediante una nueva ley que flexibilizara la inmersión, en la línea de lo defendido en el pasado por el exconsejero Josep Bargalló.

La designación de Josep Gonzàlez-Cambray como nuevo titular de Educación se saldó con una purga de quienes defendían la vía legal. De ahí que la reforma de la ley de política lingüística pactada entre PSC, ERC, Junts per Catalunya y En Comú Podem suponga una triple desautorización para el conseller. Porque no solo se verá obligado a aplicar el plan que Bargalló puso negro sobre blanco en un documento que luchó por enterrar cesando a sus defensores: también deberá acatar una autonomía de centros que él mismo incumplió en sus llamamientos a la desobediencia. Asimismo, Cambray deberá dotar a los directores de los colegios de los recursos necesarios para adaptar los currículos a la realidad sociolingüística. En este sentido, la supuesta falta de recursos ya no es excusa: la reforma que acordaron ayer los cuatro grupos contempla medidas presupuestarias.

Portavoces de educación de PSC, JxCat, ERC y En Comú Podem tras registrar la reforma de la ley de política lingüística

Una reforma que es fruto de varios meses de debate, en los que el PSC-Units hizo valer su condición de grupo mayoritario y su apuesta --defendida en su congreso de renovación y en una jornada con expertos en educación-- por flexibilizar la inmersión y adaptar los currículos a la realidad sociolíngüística de cada centro. Las discusiones, en las que se descartó abrir el melón de una reforma de la Ley de Educación de Cataluña (LEC), derivaron en un acuerdo que ERC no podría rechazar. No es ajeno a todo este proceso el objetivo de los republicanos por ganar poder en el área metropolitana en las próximas elecciones municipales --la operación Rufián en Santa Coloma de Gramenet es un ejemplo--, así como la constatación de que el pacto ha generado incomodidad en sus socios de JxCat, quienes a pesar de relativizar el alcance del acuerdo, descartaron finalmente quedarse fuera de juego, como sí ha hecho la CUP.

La purga de Cambray

La purga de Cambray a su llegada al departamento le permitió eliminar a aquellos cargos heredados de Bargalló, impulsor en 2018 del documento El modelo lingüístico del sistema educativo en Cataluña. El aprendizaje y el uso de las lenguas en un contexto educativo multilingüe y multicultural. En el mismo se ponía de manifiesto la necesidad de reforzar en castellano en centros escolares donde el catalán tenía un fuerte arraigo social. Y a la inversa, aumentar el catalán en entornos con fuerte presencia de la lengua castellana. El informe se puede leer en este enlace.

Carles Martínez había formado parte del equipo de Bargalló en calidad de secretario de Políticas Educativas. Hace un año, durante una reunión con cargos locales, Martínez advirtió de la necesidad de dar respuesta a las sentencias judiciales, pues el goteo de pronunciamientos a favor del 25% de castellano comenzaba a intensificarse, así como las revocaciones de proyectos lingüísticos escolares que excluían el castellano. El alto cargo se desmarcó de las presiones de Plataforma per la Llengua y optaba por la vía legal. Pero tras la llegada de Cambray, fue destituido, al igual que Núria Cuenca, secretaria general de la consejería --relevada por Patrícia Gomà--, y Maite Aymerich, directora general de Currículum y Personalización, negociado en el que entraba de lleno la aplicación de un 25% de horas lectivas en castellano. Las desavenencias entre Aymerich y Cambray eran notorias debido al fuerte carácter del consejero, como se ha visto estos días durante la huelga convocada por los sindicatos educativos.

Aymerich se fue sin cerrar el despliegue de los decretos curriculares de la Lomloe --conocida como la ley Celaá, y que sustituye a la anterior ley educativa española--, pues corresponde a las comunidades autónomas con lengua propia determinar el 50% del currículo educativo. La directora de Centros Concertados y Centros Privados, Pilar Contreras, también cayó del organigrama de Cambray.

La resolución del Tribunal Supremo

Sin embargo, la resolución del Tribunal Supremo, que daba firmeza a las resoluciones contrarias a la inmersión, lo precipitó todo. Y más allá de los llamamientos a la desobediencia del consejero, las encuestas para conocer el idioma que utilizan habitualmente los menores, las promesas de intensificar el catalán en las aulas o la aprobación de un decreto, poco o nada se ha sabido de los planes de Cambray.

Una manifestación de la Plataforma per la Llengua, otra organización que apuesta por el monolingüismo como JxCat / CG

¿Cómo aplicará el consejero la reforma de la ley de política lingüística? Esa es la gran pregunta que circulaba ayer por los pasillos del Parlament, tras confirmarse ese gran pacto que mantiene el catalán como lengua vehicular, pero que garantiza que el castellano también será lengua de enseñanza. Asimismo, las cuatro formaciones blindan la autonomía de centros para que puedan adaptar sus currículos a las necesidades sociolingüísticas de sus alumnos. Una autonomía que el propio consejero se saltó el mismo día que se desplazó a una escuela de Canet de Mar (Barcelona) para dar instrucciones a la dirección de este centro, donde un menor reclamó la aplicación de ese 25%. La presencia de Cambray fue seguida de una serie de señalamientos y presiones al alumno que actualmente investiga la Fiscalía especializada en delitos de odio.

La CUP, fuera de juego

El acuerdo tiene un trasfondo muy político, pues da la puntilla a la unidad independentista. Superado el procés, la inmersión se había convertido en el único elemento de cohesión de Junts per Catalunya, ERC y CUP. Pero PSC-Units hizo valer su condición de grupo mayoritario para forzar un gran acuerdo que ha dejado a la CUP fuera de juego. De hecho, los antisistema improvisaron ayer una rueda de prensa para presentar su propia propuesta al conocer que los cuatro partidos registrarían su reforma de la ley lingüística.