Balón de oxígeno envenenado para Torrent

Los letrados del Parlament echan un capote a los independentistas al poner el reloj a cero, pero JxCat desafía de nuevo al TC y a ERC con una reforma de la ley de presidencia a la medida de Puigdemont

El presidente del Parlament, Roger Torrent, a quien el balón de oxígeno de los letrados le ha durado poco / CG
10.02.2018 00:00 h.
5 min

Si los letrados del Parlament pretendían dar un balón de oxígeno a los independentistas, se equivocaban. Tras dictaminar que el tiempo no corre, lo que supone dar un respiro a las negociaciones entre Junts per Catalunya, ERC y CUP, el grupo parlamentario del fugado Carles Puigdemont ha presentado una propuesta de reforma de la ley de la presidencia de la Generalitat para lograr su investidura a distancia. Pretenden hacerlo en lectura única, es decir, por la vía de urgencia, tal como en la anterior legislatura se hizo los días 6 y 7 de septiembre con las leyes del referéndum y de transitoriedad: aplicando el rodillo secesionista para impedir el debate parlamentario.

La iniciativa implica poner de nuevo contra las cuerdas al presidente del Parlament, el republicano Roger Torrent, quien el pasado 30 de enero aplazó la investidura de Puigdemont para evitar consecuencias penales para los diputados. El hecho de que ERC no firme esa proposición de ley de modificación de la Ley 13/2008 de la presidencia de la Generalitat y del Govern es muy significativo, pues solemniza --de nuevo-- el enfrentamiento entre convergentes y republicanos.

Lo que dice el Tribunal Constitucional

Asimismo, las pretensiones de JxCat suponen una afrenta a la resolución del Tribunal Constitucional, que dejó bien claro, tras la impugnación del Gobierno, que Puigdemont podía presentarse a la investidura, siempre y cuando lo hiciera en persona y con el permiso del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que le investiga por sedición, rebelión y malversación. Puigdemont no pidió permiso y, en medio de especulaciones sobre si daría un paso al lado para permitir que otros candidatos de JxCat se presenten a la investidura, insiste en ser ungido presidente a distancia.

Por la mañana, los letrados del Parlament hacían público, por fin, un informe en el que sostienen que, tras el aplazamiento de la investidura, el plazo de dos meses que dan las leyes catalanas para nombrar presidente o convocar nuevas elecciones, no corre, pues la decisión de Torrent vino impuesta por el TC. Lo contrario, dicen, "podría causar un perjuicio irreparable en el derecho de participación de los diputados que han trasladado al presidente de la Cámara, por medio de sus representantes, su voluntad de dar apoyo al candidato propuesto, especialmente teniendo en cuenta que no hay certeza sobre el pronunciamiento final del Tribunal sobre la viabilidad de la candidatura".

División entre los letrados

El capote echado a los independentistas vino precedido de una fuerte polémica entre los letrados, que se ha saldado con la única firma del secretario del Parlament, Xavier Muro, mientras que el letrado mayor, Antoni Bayona --el azote del pulso secesionista en la anterior legislatura--, rehusó hacerlo. No hacía falta decir nada más.

Pero el desahogo separatista duró poco, pues JxCat pretende retorcer de nuevo las normas catalanas mediante la reforma de la ley de presidencia, introduciendo un nuevo párrafo según el cual “en caso de ausencia, enfermedad o impedimento del candidato o candidata en el momento de presentar el programa de gobierno y solicitar la confianza del pleno del Parlament, éste puede autorizar, por mayoría absoluta, la celebración del debate de investidura sin la presencia o sin la intervención del candidato o candidata. En este caso, la presentación del programa y la solicitud de confianza de la cámara se podrá hacer por escrito o por cualquier otro medio previsto en el reglamento. La votación que deniegue la autorización prevista en este parágrafo equivaldrá a una votación de investidura”.

Artur Mas también cambió la ley en beneficio propio

No es la primera vez que los convergentes modifican esta ley en beneficio propio. Lo hicieron en 2015 apoyados por ERC --entonces tenían un acuerdo de gobierno-- con la finalidad de blindar a Artur Mas en el supuesto de que resultara inhabilitado judicialmente. Mas pretendía evitar que, como le ocurrió a Jordi Pujol tras confesar que tenía una cuenta oculta en Andorra, se le retiraran automáticamente sus privilegios como expresidente, por lo que se dejó en manos del Parlament esa decisión.

Tras el registro de la nueva reforma legislativa, ERC ya ha advertido de que solo solo avalará un "acuerdo global de legislatura" que implique el reconocimiento de los miembros cesados del Govern en Bruselas, pero que garantice también una investidura operativa y efectiva.

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