Los jueces se inclinan por la prisión para Puigdemont ante un “descomunal riesgo de fuga”

Salvo sorpresa final y giro de guión, Carles Puigdemont volverá a España en las próximas horas o días para asistir, tal y como aseguró, al pleno de investidura del socialista Salvador Illa, que ya tiene día y hora: el próximo jueves 8 de agosto a las 10:00 h de la mañana. Sin embargo, y dada la orden de detención que sigue vigente, el expresident de la Generalitat fugado de la justicia podrá ser detenido en el momento en el que pise territorio español. Escenario que el propio Puigdemont contempló en la carta que publicó el pasado fin de semana en sus redes sociales: "Si se salen con la suya, imagino lo que me espera y sé lo que debo hacer", manifestó. 

De este modo, y más allá de las imprevisibles consecuencias políticas en una semana decisiva en el Parlament de Cataluña, la más que probable detención de Puigdemont reaviva algunos interrogantes. Entre ellos, si el expresident ingresará o no en prisión preventiva por el presunto delito de malversación. El único ilícito penal que el juez instructor de la macrocausa del procés, Pablo Llarena, se resistió a amnistiar. 

En este sentido, fuentes de la judicatura catalana se inclinan por valorar que existe una "elevadísima posibilidad" de que Puigdemont ingrese en prisión provisional por orden del juez Llarena, al entender que "el riesgo fuga es descomunal".

"El riesgo de fuga se justifica solo"

"Se trata de una persona que lleva siete años huida de la justicia española, el riesgo de fuga se justifica solo", consideran las voces expertas. De este modo, tras la posible detención del expresidente catalán, uno de los escenarios más factibles sería la comparecencia de Puigdemont ante el instructor del alto tribunal -ya sea por videoconferencia o de forma presencial en Madrid- y su posterior ingreso en prisión preventiva. 

Cabe tener en cuenta que para decretar el encarcelamiento provisional de cualquier acusado deben concurrir varios requisitos: por un lado, que existan hechos delictivos con penas máximas, iguales o superiores a los dos años; motivos suficientes para pensar que es responsable criminalmente del delito; y que con el ingreso en prisión se persigan fines como evitar la ocultación o destrucción de pruebas, garantizar la permanencia del imputado en el proceso si hay riesgo de fuga y minimizar las opciones de que vuelva a delinquir. 

En el caso de Puigdemont, insiste una joven magistrada catalana, "existe un hecho delictivo con una pena igual o superior a los dos años, hay más que indicios para señalarlo a él como presunto autor del delito de malversación que ha quedado fuera de la amnistía y el riesgo de fuga es descomunal". 

Llarena se resiste a amnistiar la malversación

El controvertido delito de malversación -que para Llarena debe excluirse de la ley de amnistía- se refiere a la apropiación indebida del patrimonio público por parte de una autoridad o funcionario público que, "con ánimo de lucro, sustrae o permite que un tercero sustraiga caudales o efectos públicos bajo su custodia".

Las penas varían según el montante malversado. La pena básica incluye prisión de dos a seis años e inhabilitación de seis a diez años. En casos agravados, las penas pueden aumentar a prisión de cuatro a ocho años e inhabilitación de 10 a 20 años, especialmente si el valor sustraído supera los 50.000 euros o si se causa daño al servicio público. 

Según el juez del Alto Tribunal, los comportamientos atribuidos a Puigdemont "incurren plenamente en las dos excepciones que prevé la ley para amnistiar delitos de malversación". Que son: "que se hayan realizado con propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial y que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea".

Vox pedirá su encarcelamiento 

No obstante, para que se formalice el ingreso en prisión de Carles Puigdemont, alguna de las partes personadas en el procedimiento debe pedírselo al juez. Petición que se da por hecho al ser Vox quien lidera la acusación popular. Y es que tras la resolución de la Fiscalía General del Estado, que decretó pedir la amnistía para todos los delitos -incluida la malversación-, se descarta que los cuatro fiscales del procés reclamen el ingreso en prisión del expresident, pues les tocó acatar las órdenes del fiscal general, Álvaro García Ortiz, y retirar la acusación por el controvertido delito.

Ahora bien, las partes también pueden solicitar medidas cautelares que eviten el ingreso en prisión. Ejemplo de ello sería la retirada del pasaporte y las comparecencias semanales o quincenales ante la autoridad judicial. No obstante, y siempre según las fuentes consultadas, éste parece ser el escenario menos probable. 

'Un as bajo la manga': el Constitucional 

Sin embargo, a Puigdemont le queda un as bajo la manga y podría eludir la cárcel si presenta antes un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) en el que pida suspender de forma cautelar la orden de detención, en el marco de la ley de amnistía.

No obstante, lo cierto es que, por el momento, tanto el regreso de quien fue el presidente catalán como su estrategia ante los tribunales son una incógnita: Puigdemont todavía no ha presentado recurso alguno ante el TC contra el auto por el que Llarena rechazó amnistiar la malversación y acordó mantener la orden nacional de detención; y tampoco ha dado señales de haber regresado a Cataluña, tras pasar siete años fugado de la justicia española. 

El 'habeas corpus', sin sentido en este caso 

Paralelamente, algunos abogados han manifestado que el expresident podría plantear un habeas corpus contra su detención al considerarla "ilegal y arbitraria". Sin embargo, las fuentes de la judicatura indican que, en este caso, "no es una buena estrategia". Según el criterio de las voces expertas, "el habeas corpus solo dilataría la detención, y dada la orden de detención vigente no estaría justificado". 

Ámbito político

En la esfera política, el pleno de investidura de Salvador Illa se antoja accidentado a todas luces. Ante la más que probable detención del expresident, la suspensión del mismo es el escenario más presumible. Y es que Junts ya ha confirmado que así se lo pedirá al presidente del Parlament, Josep Rull (del mismo partido), mientras ERC y los Comuns se alinean con esta tesis, aunque con matices. De este modo, el pleno quedaría suspendido sine die.