Esta semana, la magistrada del Tribunal Supremo (TS) Susana Polo dio carpetazo al caso Tsunami y archivó la investigación por terrorismo contra el expresident Carles Puigdemont y el diputado de ERC Rubén Wagensberg por sus supuestos vínculos con Tsunami Democràtic. Polo, instructora del alto tribunal, acordó el sobreseimiento de la causa contra los dos políticos independentistas horas después de que el juez Manuel García-Castellón, de la Audiencia Nacional, decidiera archivar el caso con respecto al resto de los imputados.
Los únicos que quedaban excluidos de esta decisión eran Puigdemont y Wagensberg que, al estar aforados como diputados del Parlament de Cataluña, su causa estaba en manos del Tribunal Supremo. No obstante, horas después del anuncio de García-Castellón, Susana Polo falló en la misma dirección.
El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont
La decisión de García-Castellón vino motivada tras el varapalo que le dio este lunes la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que decidió anular las actuaciones contra Tsunami Democràtic a partir de julio del 2021. A pesar de que la instrucción se hizo de forma correcta durante los dos primeros años (entre finales de 2019 y principios de 2021), el juez pidió la prórroga de la instrucción fuera del plazo. De este modo, el presente procedimiento contra Puigdemont, Wagensberg o Marta Rovira (ERC) no se ha archivado por la aplicación de la ley de amnistía, sino por un error procesal.
¿Y ahora qué?
Sin embargo, el expresident fugado todavía mantiene varios frentes abiertos con la justicia española. En concreto, en las salas del Tribunal Supremo. Y es que el juez instructor de la macro causa del procés, Pablo Llarena, se resiste a perdonar la malversación a Carles Puigdemont y mantiene su orden de detención, así como las de los exconsellers fugados Toni Comín y Lluís Puig.
Llarena declara no aplicable la amnistía a Puigdemont, Comín y Puig y alega que los comportamientos atribuidos "incurren plenamente en las dos excepciones que prevé la Ley para amnistiar delitos de malversación". Que son: "que se hayan realizado con propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial y que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea".
El magistrado del Tribunal Supremo (TS), Pablo Llarena
De este modo, el instructor del TS está dispuesto a perdonar la desobediencia —que también afectaba a la dirigente de ERC, Marta Rovira—, pero no la malversación. Así son las cosas, el instructor ya anunció que dejaba sin efecto la orden de detención contra Rovira y aclaró que las órdenes de detención contra Puigdemont, Comín y Puig se mantenían con fundamento únicamente en el delito de malversación, pero no en el de desobediencia.
La malversación divide a magistrados y fiscales
De hecho, el presunto delito de malversación se ha convertido en el principal motivo de ruptura entre los jueces y fiscales de la macro causa del procés por sus diferencias en cuanto al criterio de aplicación de la controvertida norma de gracia. Y es que, al margen del fallo de Pablo Llarena, el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ya anunció a los cuatro fiscales que participaron en este procedimiento que debían solicitar la amnistía para todos los delitos que se investigaban, incluida la malversación.
Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado
Una decisión que, asimismo, también fue motivo de debate en el seno del ministerio fiscal, pues los citados fiscales del procés ya se pronunciaron abiertamente en contra de aplicar la amnistía en relación con el delito de malversación, en la misma línea del juez Llarena. Sin embargo, tras la Junta de Fiscales del pasado 18 de junio, García Ortiz ya anunció cuál sería el posicionamiento de la fiscalía.
La 'trama rusa' del 'procés'
El juez Joaquín Aguirre ante la Ciudad de la Justicia