El alto tribunal catalán registra la querella de Puigdemont contra el juez Aguirre

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) confirma haber registrado la querella presentada por el expresidente fugado, Carles Puigdemont; el jefe de su oficina, Josep Lluís Alay, y el abogado Gonzalo Boye contra el titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, por los presuntos delitos de prevaricación y malversación.

Según ha informado este miércoles el TSJC, por reparto le ha correspondido al magistrado Carlos Ramos la ponencia correspondiente a la sala de admisiones, aunque todavía no se ha pronunciado. Por tanto, a la espera de que dicho organismo resuelva de qué manera proceder, el alto tribunal catalán matiza que, por ahora, "no hay abierta ninguna causa en la Sala Civil Penal" porque lo que se ha realizado es, tan solo, "la fase previa".

Los tres querellantes piden a la Sala de lo Civil y Penal del TSJC que investigue al instructor de la 'causa Voloh' por la apertura de una pieza separada sobre la supuesta trama rusa del procés que califica de "arbitraria, estrafalaria e injusta".

Piden el cese temporal del magistrado 

Asimismo, como ya adelantó Crónica Global, Puigdemont, Alay y Boye solicitan como medida cautelar que cesen de forma provisional al magistrado en la investigación que atribuye a los tres querellantes un supuesto delito de alta traición que no está incluido en la ley de amnistía pactada entre el PSOE y los partidos independentistas.

En el escrito recuerdan que, como consecuencia de la investigación de subvenciones presuntamente fraudulentas por Convergència a las entidades Catmon e Igman, se incoaron cuatro piezas separadas. Una de ellas sobre la trama rusa.

El abogado Gonzalo Boye y el jefe de oficina de expresidente de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay EUROPA PRESS

En la querella se afirma, además, que, con ocasión de la negociación entre el Gobierno y Junts sobre la ley de amnistía, Aguirre "decidió activar una investigación sobre alta traición, a fin de intentar que estos hechos no fueran amnistiados e incluir en esta investigación, inopinadamente, a mi mandante", en referencia al expresidente fugado.

Boye ya anunció sus intenciones

En este sentido, Gonzalo Boye ya anunció sus intenciones en una entrevista en el canal 3/24 de TV3 cuando advirtió que iban a presentar una querella "muy bien fundada" por prevaricación. En la misma intervención, quien también es abogado del narcotraficante Sito Miñanco, aseguró que Aguirre "es un problema para la judicatura" y le acusó tener delirios: "En nada le ayuda al prestigio de la judicatura estatal que una persona como él esté ejerciendo funciones jurisdiccionales".

En relación con la aplicación de la ley de amnistía, Boye ha defendido que "el delito de traición que no está amnistiado requiere unos delitos cumulativos que evidentemente en este caso no se dan".

Respecto a la causa separada 

En cuanto a la controvertida apertura de una nueva causa separada, el juez Aguirre relaciona a Puigdemont y once personas más con un delito de traición y otro de malversación de caudales públicos por la supuesta vinculación de líderes independentistas con autoridades rusas, sobre todo después de la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre. 

El objetivo no es otro que el de "investigar, a instancia también del Parlamento Europeo, todas las conexiones relacionadas con el gobierno ruso, los viajes y encuentros de Puigdemont y sus colaboradores y las actividades realizadas por estos, que habrían facilitado la infiltración de personas de origen ruso en territorio español con el objetivo de influir en las estructuras financieras y en la realización de actividades de desinformación, desestabilización y alteración de la paz social".

El juez Aguirre, instructor del 'caso Voloh', en una intervención en la televisión alemana

Así, trata de aclarar la conversación en un restaurante que mencionaba a "10.000 soldados rusos" dispuestos a ayudar a Cataluña a conseguir la independencia; la misma fue grabada y encontrada en 2019 en el móvil de un exdirigente de Convergència.

11 personas salpicadas

El auto -de 56 páginas y descrito por Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, como "delirio" de alguien que toma "sustancias psicotrópicas"- menciona a 11 personas más, entre los que se encuentran el mismo Boye, el jefe de gabinete, Josep Lluís Alay; el expresidente catalán Artur Mas; el diputado Francesc de Dalmases; la exconsellera Elsa Artadi, y el entonces encargado de relaciones internacionales de Convergència, Víctor Terradellas.