El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont / EUROPA PRESS

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont / EUROPA PRESS

Política

El juez pide imputar a Puigdemont por traición para excluirlo de la amnistía

El magistrado instructor Joaquín Aguirre abre una pieza separada de la trama rusa del 'procés' que podría dejar desprotegido al expresidente de la Generalitat

21 junio, 2024 09:32

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El juez Joaquín Aguirre, titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, pide al Tribunal Supremo imputar al expresidente de la Generalitat Carles Puigemont por la conocida como trama rusa del procés. Este viernes ha abierto una pieza separada en la investigación, que también salpica a Artur Mas y a nueve personas más vinculadas al movimiento secesionista.

Les relaciona con un delito de traición y otro de malversación de caudales públicos por la supuesta vinculación de líderes independentistas con autoridades rusas, sobre todo después de la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre. Esto podría dejarlos fuera de la cobertura prevista por la ley de amnistía en caso de que el Supremo accediera a la petición y dictara su imputación.

Conexiones, viajes y encuentros

El objetivo de la nueva pieza es "investigar, a instancia también del Parlamento Europeo, todas las conexiones relacionadas con el gobierno ruso, los viajes y encuentros de Puigdemont y sus colaboradores y las actividades realizadas por estos, que habrían facilitado la infiltración de personas de origen ruso en territorio español con el objetivo de influir en las estructuras financieras y en la realización de actividades de desinformación, desestabilización, y alteración de la paz social".

Así, trata de aclarar la conversación en un restaurante que mencionaba a "10.000 soldados rusos" dispuestos a ayudar a Cataluña a conseguir la independencia; la misma fue grabada y encontrada en 2019 en el móvil de un exdirigente de Convergència. Previamente, el 18 de mayo de 2018, se hizo una serie de entradas y registros en los que se encontraron la agenda y los dos móviles de Terradellas. "Siguiendo su contenido y cruzando los datos con el resto de los innumerables documentos incautados en papel y digitales, han permitido el hallazgo de una abundante cantidad de indicios de los delitos que se tratan en este escrito", añade el auto.

"En el peor de los casos, si el proceso de secesión de Cataluña fracasaba, como ocurrió, la simple existencia del conflicto y la consecuente desestabilización de un país miembro de la OTAN ya representaban una victoria notable para los intereses de Rusia", asegura. Por contra, si hubiera finalizado con éxito, Rusia "habría contado con una puerta trasera para desestabilizar toda la Unión Europea, tanto políticamente, siguiendo la misma estrategia que con Catalunya, como económicamente, mediante el uso fraudulento de criptomonedas", sostiene el juez.

11 personas salpicadas

El auto -de 56 páginas y descrito por Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, como "delirio" de alguien que toma "sustancias psicotrópicas"- menciona a 11 personas.

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont con su abogado Gonzalo Boye

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont con su abogado Gonzalo Boye EUROPA PRESS

Aguirre apuntó a Puigdemont en enero de este año, durante las negociaciones por la amnistía, sin pedir suplicatorio al Europarlamento a pesar de que entonces era eurodiputado, cosa que era imprescindible para poder interrogarlo. Ahora, el expresidente es diputado electo del Parlament, por lo que está aforado, cosa que obliga al juez a dirigirse al Supremo, corte que sí podría investigarlo formalmente.

La Abogacía del Estado pide levantar la orden de detención

Mientras tanto, la Abogacía del Estado ha pedido al Tribunal Supremo que aplique la ley de amnistía a la malversación y la desobediencia que se les atribuye a los líderes del procés, incluido el expresidente de la Generalitat Cales Puigdemont.

En su escrito, en el que presenta sus alegaciones ttras la publicación en el BOE de la Ley de Amnistía, también exige que se acuerde "el inmediato alzamiento" de las medidas cautelares y las órdenes nacionales de busca y captura que pesan sobre ellos.