El juez Aguirre rechaza amnistiar a Puigdemont y le envía al Supremo por la trama rusa del 'procés'

El juez que instruye la causa Volhov, Joaquín Aguirre, ha rechazado otorgar la amnistía al expresidente de la Generalitat fugado, Carles Puigdemont, y a los demás implicados en la supuesta injerencia rusa en el procés.

Asimismo, ha pedido al Tribunal Supremo que les investigue por los delitos de traición, malversación y organización criminal. 

Mas y Dalmases, entre otros

La Audiencia de Barcelona le ordenó en mayo cerrar la supuesta injerencia rusa en el procés, porque la había prorrogado sin justificación. Aun así, Aguirre abrió en junio una nueva pieza separada en el caso Volhov que salpicaba también al expresidente Artur Mas y a nueve personas más vinculadas al movimiento secesionista.

Entre ellos también se encontraba Francesc de Dalmases, diputado y persona muy cercana a la presidenta de Junts, Laura Borràs.

Al ser Puigdemont y Dalmases aforados --ambos son diputados en la Cámara autonómica-- el juez, tras rechazar que se les pueda aplicar la amnistía, ha remitido ahora una exposición razonada al Supremo en la que pide que asuma la investigación por esta causa. Ve delitos de malversación, traición y organización criminal.

La trama rusa no entra en la amnistía

El auto llega un día después de que el juez Manuel García Castellón archivara la causa por terrorismo de Tsunami Democràtic al acatar la orden de la Audiencia Nacional que anulaba las últimas prórrogas de la investigación, como sucedió en la pieza del caso Volhov sobre las supuestas conexiones en Rusia.

Aguirre argumenta que la supuesta trama rusa no entra en la amnistía, ya que la norma excluye aquellos actos que supusieran una "amenaza real y efectiva" o un "uso efectivo de la fuerza" contra la integridad territorial de España. Eso es, a su parecer, lo que ocurrió con el procés.

"Problemas de interpretación sistemática"

Para el magistrado, la ley de amnistía emplea el término amenaza como sinónimo de peligro por una "deficiente técnica legislativa", lo que genera "problemas gravísimos de interpretación sistemática" al analizar ese concepto así, como el de utilización de la fuerza.

De acuerdo con su interpretación, debe entenderse por amenaza la "probabilidad alta" de que la traición se llevara a efecto y, a su juicio, poco antes de la declaración de independencia de octubre de 2017, "la injerencia rusa estuvo a un solo paso de dar sus frutos". Si no llegó a hacerse efectiva fue porque el expresident Carles Puigdemont "tuvo pánico, es decir, tuvo un grado muy alto de miedo y temor, por lo que implicaba para Cataluña y él mismo continuar con la DUI y la entrada en la órbita del neoimperialismo ruso de carácter iliberal y antidemocrático, contrario a la democracia liberal de la UE", agrega.

"Peligro real y efectivo" tras la DUI

Tras la fallida DUI, el "peligro real y efectivo" siguió existiendo, dado que desde el entorno de Puigdemont "siguieron profundizándose las relaciones con las más altas esferas del Kremlin" por parte del asesor Josep Lluís Alay, y de su abogado Gonzalo Boye.

Para sustentar su tesis de que la causa no es amnistiable, el juez se remite a una resolución del Parlamento Europeo del pasado mes de febrero que denunciaba la injerencia rusa en procesos democráticos de la Unión Europea, lo que a su parecer demuestra que la amenaza del Kremlin "no está centrada exclusivamente en Cataluña, sino que afecta a otros países como son Alemania, Francia, Italia y Letonia".

¿Por qué al Supremo y no al TSJC?

Para justificar que envíe el caso al Supremo y no al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el juez explica se les imputa la pertenencia a una organización criminal, parte de cuyos miembros cometieron hechos punibles en el extranjero.

Es más, apunta que la "organización criminal" de la que formarían parte "de una u otra forma" los investigados se inició en 2010, con el nombramiento de Artur Mas como presidente de la Generalitat. Según su relato, Mas y Puigdemont ejercieron el liderazgo y el control de la trama siguiendo una "estructura piramidal". Por debajo de ellos se situaban el excargo de CDC Victor Terradellas -las conversaciones grabadas en su móvil fueron claves para abrir el caso-, así como Alay y Boye, que planificaban las acciones para granjearse el reconocimiento de Rusia a una eventual república catalana.