La ex alto cargo de Moncloa en el Constitucional asumirá el recurso sobre el 25% de castellano

La ex alto cargo de Moncloa nombrada por el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos para el Tribunal Constitucional, Laura Díez, será la encargada de asumir dos ponencias claves para la Generalitat y su política de exclusión del castellano como lengua también vehicular en el sistema educativo de Cataluña. En concreto, el recurso del PP contra la denominada ley Celaá y otro de los populares y de Ciudadanos (Cs) contra la nueva ley del Govern secesionista que suprime el 25% mínimo legal de clases en castellano dictado en sentencias judiciales firmes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

La decisión ha causado sorpresa, dado que la propia Díez avaló, desde su cargo de vicepresidenta del Consell de Garanties Estatutàries de la Generalitat --al que accedió el año pasado gracias a un pacto entre ERC, JxCat y el PSC--, esas mismas normas que defienden el monolingüismo obligatorio en catalán impulsadas por el Govern de Pere Aragonès para burlar el 25% de español en las aulas.

El TSJC vio trazas de inconstitucionalidad

El Consell tiene como misión valorar si las leyes de la Generalitat se ajustan a la Constitución y al Estatut catalán, y ha respaldado dichas leyes elaboradas a posteriori por la Generalitat para sortear las sentencias judiciales favorables al castellano como lengua también vehicular de la enseñanza. También ha avalado que se deje de aplicar el porcentaje mínimo de asignaturas troncales que deban impartirse en lengua española --que en la actualidad, sólo se usa en la clase de dicha lengua--.

El TSJC elevó al Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad en la que afirma que el decreto ley de la Generalitat avalado por el Consell tiene la voluntad de "bloquear la aplicación de la sentencia" y, con ello, "la garantía del uso docente del castellano en términos constitucionalmente aceptables".

Abstención o recusación

La decisión de elegir a Díez para la ponencia sobre un asunto del cual ha sido parte implicada con anterioridad se ha adoptado en el primer pleno gubernativo --no jurisdiccional-- del Tribunal Constitucional, en el que se ha abordado el reparto de las ponencias que estaban en manos de los cuatro magistrados salientes y que ahora recaen en los nuevos siguiendo criterios de orden de antigüedad y edad de los anteriores.

Por ello, desde las entidades defensoras del bilingüismo esperan que la nueva magistrada del Constitucional se abstenga como ponente, o si no lo hace, que sea recusada por ser juez y parte en esta cuestión. Desde Escuela de Todos --que engloba a una quincena de entidades constitucionalistas defensoras del bilingüismo en Cataluña, entre ellas Asamblea para una Escuela Bilingüe (AEB)--, creen que la designación de Díez entra dentro de la normalidad en un procedimiento de sustitución de magistrados, pero no el hecho de que acceda a hacerse cargo de un asunto del cual ha sido parte.

En este sentido, José Domingo --abogado miembro de la plataforma, vocal de AEB y presidente de Impulso Ciudadano-- apunta a Crónica Global de que la Ley Orgánica del Poder Judicial contempla como causa de abstención o de recusación situaciones como la que ahora afronta Díez, por "haber participado directa o indirectamente en el asunto del pleito". AEB forma parte de la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el TSJC, pero no del recurso de PP y Cs. "Esperamos que ella misma se abstenga", afirma.

Amplia carrera política

Laura Díez Bueso llegó el año pasado al Consell de Garanties Estatutàries procedente de la Dirección General de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia, primero con Carmen Calvo y luego con el actual titular de la cartera, el también socialista Félix Bolaños. Previamente, desde 2018 había sido directora del gabinete del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes del Ministerio de la Presidencia, José Antonio Montilla. 

Díez también ha tenido otros altos cargos en Cataluña, pues entre 2004 y 2010 fue adjunta al Síndic de Greuges, Rafael Ribó, la gestión del cual fue muy criticada en los últimos años por su afinidad al procés secesionista de Cataluña y la defensa de sus dirigentes.

Durante dos años, entre 2002 y 2004, Diez fue asesora del Govern de la Generalitat para la reforma del Estatuto de Cataluña que acabó siendo enmendado por el Constitucional.

Dictámenes favorables al nacionalismo

Según consta en el portal web del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) de la Generalitat, Díez firmó el dictamen 3/2022, sobre la proposición de ley relativa al uso y aprendizaje de las lenguas oficiales a la enseñanza no universitaria; y el dictamen 4/2022, sobre el Decreto-Ley 6/2022 en el que establece los criterios de elaboración de los proyectos lingüísticos de los centros educativos de Cataluña.

Fue el pasado 7 de junio de 2022 cuando Díez, en calidad de vicepresidenta del CGE firmó el dictamen 3/2022, en el que se concluye --por unanimidad-- que la ley sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria "no vulnera" en su opinión ni la Constitución ni el Estatut, ni en cuanto a la omisión de declarar el castellano como lengua vehicular ni sobre el uso curricular y educativo del catalán y del castellano sin establecer porcentajes.

El dictamen 3/2022 sostenía que la exigencia de establecer un porcentaje mínimo del 25% del castellano como lengua de uso en la enseñanza no universitaria, fijada por el TSJC en 2020, no era un "parámetro de constitucionalidad ni de estatutariedad" que vinculase al legislador y que, por tanto, le obligase a "respetarla".

Considera el catalán como "centro de gravedad del sistema educativo"

En el texto avalado por Díez se destacaba además que el Tribunal Constitucional --del cual ahora forma parte, a instancias del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos-- "de forma explícita" no había considerado inconstitucional una ley que no contenga la declaración expresa del castellano como lengua vehicular.

El órgano concluía que se había "admitido con toda naturalidad" que el tratamiento de las lenguas fuese "diferente en los diversos sistemas educativos que existen en las comunidades autónomas", lo que se traducía en "múltiples modelos lingüísticos de la enseñanza, todos considerados legítimos por la doctrina constitucional". En este caso, el Consejo avalaba que se situara al catalán como "centro de gravedad del sistema educativo".

En el marco del dictamen 4/2022 del CGE, el órgano del cual Díez era vicepresidenta, se incidía en que el hecho de que la ley catalana 6/2022 haga mención sólo al catalán como lengua vehicular de la enseñanza "no es inconstitucional y no supone en ningún caso la exclusión de la lengua castellana como lengua docente", a su modo de ver.