Los comuns votan a favor del decreto del Govern que rechaza el 25% de castellano en las escuelas

En Comú Podem vuelve a alinearse con los partidos que integran el Govern secesionista de la Generalitat (ERC y JxCat) en su rechazo al castellano como lengua también vehicular a las escuelas de Cataluña. La formación liderada por Jéssica Albiach ha votado este miércoles junto a estas dos formaciones independentistas a favor del decreto ley que el Govern impulsó para declarar "inaplicable" la sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a impartir al menos un 25% de clases en español, acabando así con el actual sistema monolingüe en catalán.

Así, el decreto ley que desoye el mandato judicial ha sido convalidado con los votos a favor de ERC, JxCat y comuns y el rechazo de PSC-Units, la CUP, Vox, Cs y PP.

"Derechos lingüísticos"

La diputada de En Comú Podem Jéssica González ha justificado su apoyo al decreto contrario al bilingüismo escolar afirmando que supone "un paso más" tras la ley del catalán, y apuntando que la reivindicación de lo que llama "derechos lingüísticos" debe ir acompañada de la igualdad de oportunidades: "Si la defensa del catalán no va ligada a la lucha contra las desigualdades, se terminará asociando a la burguesía, o a la indiferencia ante el sufrimiento de las personas".

Por su parte, el conseller de Educación de la Generalitat, Josep González-Cambray (ERC), ha asegurado que el decreto ley completa la regulación de la ley sobre el catalán en las aulas --aprobada en su día con los votos de PSC, ERC, JxCat y los comuns--, ante lo que considera una "situación judicial anómala, como es la pretensión de imponer desde los tribunales" un 25% de las clases en castellano en el actual sistema obligatorio monolingüe en catalán impuesto por la Generalitat.

Profesores sin "derecho a elegir"

A pesar de las sentencias judiciales firmes y obligatorias, Cambray cree que con este decreto su Consejería de Educación asume la responsabilidad sobre los proyectos lingüísticos contrarios a lo dictado por el TSJC: "Los maestros y el profesorado no eligen la lengua en la que se da la clase. Por lo tanto, haremos seguimiento y evaluación", ha declarado, en tono intimidante.

El conseller ha avanzado, además, que a este decreto le seguirá otro sobre la elaboración de los proyectos lingüísticos, a partir de un informe del Consejo Lingüístico Asesor del Govern, y que se evaluarán las competencias orales de catalán, castellano e inglés en sexto de Primaria y cuarto de la ESO.

Nacionalismo

En la misma línea, desde Junts per Catalunya (JxCat), su diputada Anna Erra ha defendido el decreto para, según sus palabras, "plantar cara a este embate judicial" y constatar por ley que el catalán es la única lengua vehicular en los colegios.

Desde ERC, Mònica Palacín ha criticado que este decreto no tenga tanto consenso como la ley de usos lingüísticos porque, según ella, "algunos tienen líneas políticas demasiado de partido y no de país", en alusión al PSC.

"Incumplen una resolución judicial"

Por su parte, la diputada socialista Esther Niubó ha dicho que el decreto rompe con el acuerdo de la ley sobre el catalán acordada por su propio partido, ERC, JxCat y los comuns, porque no recoge el uso curricular del castellano, porque supone un desafío al Poder Judicial, y porque puede "volver a alimentar un conflicto lingüístico".

La diputada de Ciutadans (Cs) Anna Grau ha criticado que el PSC apoyase la ley de usos lingüísticos y le ha acusado de "burlar la Constitución y reírse de las sentencias judiciales", además de calificar el decreto como la chapuza de "un Govern que se cree por encima del bien y del mal".

Desde el PP, Lorena Roldán ha advertido de que el Govern "se ha inventado este decreto para incumplir una resolución judicial", algo que supone un pulso a la democracia y al Estado de Derecho, que debería generar una respuesta contundente del Gobierno central, pero que no llegará porque está liderado por un PSOE entregado al nacionalismo, según sus palabras.

"La responsabilidad recae en los centros"

Por su parte, desde la CUP, su diputada Nogay Ndiaye ha justificado su rechazo al decreto ley porque hace que "la responsabilidad recaiga en los centros, ligando la aplicación de la sentencia a los proyectos lingüísticos", y se ha preguntado cómo se garantizará el uso del catalán y castellano en las aulas sin aplicación de porcentajes, ya que no hay referencias de cómo se hará en el texto.

Manuel Jesús Acosta, de Vox, ha criticado que el decreto fije que los porcentajes lingüísticos no pueden aplicarse en el ámbito educativo y que después las universidades hayan acordado un plan para que el 80% de sus asignaturas se impartan en catalán. Y ha dicho sobre el decreto que "fraudulentamente, y con ánimo desobediente, se pretende modificar el marco legislativo" para no cumplir el 25% de clases en castellano.