El Consell de Garanties Estatutàries avala el decreto del Govern contra el 25% de castellano

El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) de la Generalitat de Cataluña ha avalado este lunes por unanimidad el decreto ley que aprobó el Govern para no ejecutar la sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que obliga a impartir un mínimo del 25% de las clases en castellano en las escuelas catalanas.

En el dictamen, recogido por Europa Press, este organismo de la Generalitat considera que el decreto ley aprobado a posteriori de la sentencia --el pasado 30 de mayo-- no vulnera la Constitución ni el Estatut en el artículo que habla de los criterios de elaboración, aprobación, validación y revisión de los proyectos lingüísticos de los centros educativos "en cuanto a la omisión de la declaración del castellano como lengua vehicular".

"Inaplicación" de porcentajes

El decreto fija explícitamente la "inaplicación" de porcentajes en el uso de lenguas en la enseñanza y atribuye a la Consejería de Educación la potestad de validar y asumir la responsabilidad sobre la legalidad de los proyectos lingüísticos de los centros educativos para proteger a las escuelas y a los docentes.

En su dictamen, el CGE argumenta que "el criterio de inaplicación de parámetros numéricos, proporciones o porcentajes en la enseñanza y el uso de las lenguas" tampoco vulnera la Constitución ni el Estatut catalán en los términos en que el Tribunal Constitucional los ha interpretado.

También amparó la ley del Parlament

El CGE ya avaló por unanimidad el texto de la proposición de ley sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria pactada por los grupos parlamentarios de PSC-Units, ERC, Junts y comuns, que considera al catalán como única "lengua vehicular" y relega al castellano a lengua de "uso curricular"

Este dictamen fue solicitado por Vox, PP y Cs, un trámite que retrasó el proceso de aprobación de esta iniciativa legislativa, que se aprobó días después del plazo fijado por el TSJC para aplicar la sentencia del 25%.

Por eso, el Govern aprobó el decreto ley un día antes de que terminase el plazo, y Vox, Cs y PP volvieron a pedir un dictamen al CGE antes de que el Parlament se pronuncie sobre la convalidación del decreto.