Las 189 reclamaciones a Hacienda del gran objetor del independentismo catalán

La objeción fiscal es uno de los instrumentos que el independentismo intenta utilizar desde hace años, siempre de forma infructuosa. Uno de los patriotas más activos es un funcionario de la Generalitat destinado en una comarca pirenaica que acumula la friolera de 189 requerimientos. El secesionista, que se niega a que sus impuestos sirvan para sufragar el gasto militar, ilustra sus documentos y peticiones con referencias al Rey, Shakira y Jordi Pujol. Asimismo, exige a los técnicos de la Agencia Tributaria que le respondan en catalán. Pero la única réplica recibida tiene que ver con la igualdad entre todos los contribuyentes, sean o no funcionarios.

El activista se ha convertido en un viejo conocido de la Agencia Tributaria, que encaja con buen humor la insistencia del independentista y los 189 requerimientos presentados. “Solicito que el Ministerio de Hacienda me reconozca como objetor fiscal al gasto militar”. “Que para el próximo ejercicio se habilite la posibilidad de hacer objeción fiscal y la entrada de estos documentos en la misma declaración de Hacienda”. “Que se pare de mortificar a las personas que hacemos objeción fiscal al gasto militar, sobre todo después de conocer morosos ilustres, supuestos defraudadores y confirmados como Juan Carlos”. En esa lista de fraudes famosos incluye también a Shakira y a Pujol.

Documento con el logo de la Generalitat presentado por un funcionario que se declara objetor fiscal 

El patriota catalán se queja del “tono” utilizado por los empleados que dan respuesta a sus decenas de documentos y que le recuerdan que la objeción de conciencia se prevé exclusivamente para el servicio militar. “La represión selectiva no nos amordazó y supimos ir por delante de las actuaciones administrativas: una generación de jóvenes que se negó a hacer el servicio militar, incluso antes de que se reconociese el derecho a la objeción de conciencia en la redacción de la sacrosanta Constitución y otra generación, ahora los insumisos, supimos desobedecer antes y después de que se promulgara la ley de objeción, un día de los inocentes del año 1984”, escribe.

El relato es largo e incluye quejas por el hecho de que el catalán “no está normalizado” en la Agencia Tributaria. Los documentos de este contribuyente sintetizan, según él, la política española de los últimos años, arremetiendo contra el Gobierno por “abrir las puertas para que las empresas se marcharan masivamente de Cataluña” en octubre de 2017, o su rechazo a la “independencia digital catalana”.

Un objetor fiscal al gasto militar ha presentado 189 requerimientos a Hacienda

Tal como publicó Crónica Global, detrás de estas objeciones de conciencia había una estratagema independentista para financiar el Consejo para la República, una especie de gobierno creado en Waterloo a mayor gloria del fugado Carles Puigdemont. El citado funcionario de la Generalitat rechaza sufragar gastos militares, pero hace dos años la idea era objetar en la declaración de la renta con la pretensión de no contribuir a los gastos en la Casa Real, los poderes judiciales y los cuerpos policiales, y derivar determinadas cantidades al citado Consejo. La excusa es que este órgano independentista destinaría el dinero a paliar los efectos del Covid-19. La jugada hubiera sido redonda, pues si prosperaba esas donaciones se podían desgravar.

Financiación de Puigdemont

“Adjunto en esta declaración el original del recibo del pago que por valor de 10 euros he llevado a cabo a favor de la organización Consejo para la República [CATGlobal ASBL, la entidad creada por Puigdemont para canalizar la financiación de su ‘exilio’], que dedicará este dinero a paliar los efectos de la emergencia sanitaria del Covid-19 a través del Fondo Republicano de Acción Solidaria en el marco de Acción Social”, rezaba el formulario utilizado por los independentistas.

Objeción fiscal presentada ante la Agencia Tributaria para desviar dinero al Consejo para la República

Las cantidades detectadas iban de los 10 euros a los 300, pero según Hacienda un ciudadano no puede reasignar las partidas presupuestarias a su antojo. Por ello, la Agencia Tributaria envió declaraciones paralelas a los objetores, a pesar de tratarse de cantidades no muy elevadas. La campaña secesionista cayó finalmente en el olvido ante la resistencia del fisco.