El Consejo para la República, otro ‘chiringuito’ de Puigdemont que se desmorona
El pinchazo de inscritos y la falta de dinero lastran este “gobierno catalán en el exilio”, otro fracaso ‘indepe’ que se une a la “constitución catalana”, tal como informó 'Crónica Global'
17 julio, 2019 00:00Poco o nada se sabe de las actividades del Consejo para la República, el órgano creado a mayor gloria de Carles Puigdemont en octubre de 2018. Nueve meses después de su presentación con honores de Estado en el Palau de la Generalitat, la opacidad sobre este organismo es notable.
Se trata de uno de los chiringuitos creados durante el mandato de Quim Torra con la finalidad de visualizar una hoja de ruta hacia la independencia sin visos de prosperar. Nunca más se supo, asimismo, de aquella “asamblea de electos”, un trasunto de parlamento catalán paralelo, anunciada por el propio Puigdemont. Algo más se conoce del Consejo Asesor para el Impulso del Fórum Cívico y Social para el Debate Constituyente, presidido por el cantante Lluís Llach y encargado de promover el debate sobre una nueva “constitución catalana”. Aunque, tal como avanzó el pasado sábado Crónica Global, las peleas internas, el malestar por las injerencias del Govern, así como la falta de una estrategia comunicativa y de recursos económicos, mantienen bloqueados sus trabajos.
Debate en el Parlament
Es precisamente la financiación, o la falta de ella, la principal prueba del fracaso de ese Consejo para la República que hoy se someterá a examen en la Comisión de Asuntos Institucionales (CAI) del Parlament a instancias de la diputada del PSC Alícia Romero, que también indagará sobre esa “asamblea de electos”.
Ambos órganos forman parte de la “astucia” de Puigdemont y sus ideólogos para evitar que un nuevo artículo 155 pudiera intervenirlos. El Consejo tiene sede en Waterloo, donde Puigdemont permanece fugado, aunque esta ciudad belga pierde enteros como campo base de la propaganda internacional del procés. Tras su fracasado intento de ser eurodiputado y de ganar complicidades de las instituciones europeas, el expresidente ha intensificado su actividad en Suiza, país que apoyó la independencia de Kosovo y donde tienen su sede diferentes organismos internacionales, entre ellos la ONU.
“Queremos saber cómo se financia ese Consejo para la República, si ya está operativo y si pretende usurpar las funciones de instituciones reconocidas estatutariamente”, explica a este medio la diputada socialista Romero.
Las normas europeas son muy estrictas
El número de inscritos en el Consejo para la República está a años luz del millón de personas que Puigdemont puso como condición para activar ese órgano. A razón de 10 euros por activista registrado, el Gobierno paralelo habría recaudado unos 10 millones de euros. A última hora de la tarde de ayer, la página web del Consejo contabilizaba solo 68.154 inscritos. Este órgano intenta soslayar las leyes españolas. “A todos los efectos las relaciones entre el Consejo para la República Catalana y los usuarios de sus servicios telemáticos, presentes en esta web, están sometidos a la legislación europea”, advierten. Pero las normas europeas son muy estrictas en materia de protección de datos.
Quienes se inscriben en esta web, como no podía ser de otra manera, apoyan el derecho a la autodeterminación. Sin embargo, el artículo 9 del reglamento 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y la libre circulación de estos datos, indica que “quedan prohibidos el tratamiento de datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical”. La excepción a esa prohibición pasa por que el interesado “dé su consentimiento explícito para el tratamiento de dichos datos personales”.
Rechazo a CATGlobal
Otra de las vías de financiación consiste en la captación de fondos de la asociación belga CATglobal, con sede en el mismo chalet de Waterloo donde reside Puigdemont --su alquiler, presuntamente pagado por el empresario Josep Maria Matamala, está valorado en 4.400 euros al mes--. El pasado abril, la Comisión Europea rechazó definitivamente el registro de CATGlobal como grupo de presión (lobby) ante las instituciones de la Unión Europea (UE). Todo un revés para las pretensiones de Puigdemont.
Hace un año, el PSC ya intentó neutralizar estos chiringuitos con una propuesta de resolución en la que se instaba al Govern a respetar las instituciones de autogobierno catalanas y evitar que se crearan estructuras paralelas. La CAI votó en contra gracias a los votos de Junts per Catalunya, ERC y CUP.
La creación de estas pseudoinstituciones ha dado lugar a situaciones surrealistas, como el hecho de que, en respuesta a una pregunta parlamentaria del PSC, la Generalitat asegurara que no le constaba ningún Consejo para la República para, a continuación, invitar al acto de presentación a la portavoz Eva Granados.
Y si pocos avances se conocen de ese “ariete de la ruptura democrática”, menos se sabe de la asamblea de electos de Cataluña. La comisión parlamentaria analizará, asimismo, la situación de ese órgano. Coste estimado, ámbito de actuación, composición, atribuciones… Son muchos los interrogantes que genera ese “parlamento paralelo”.