Jéssica Albiach, David Cid y Gerardo Pisarello junto al resto de la ejecutiva de los Comuns
Los Comuns exigen una "ley contra la compra especulativa de vivienda" para apoyar los presupuestos
La propuesta detallada este jueves por Jéssica Albiach se suma a los 30 millones contra el sinhogarismo que los morados quieren incluir en las nuevas cuentas, que ya negocian con el Govern
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Los Comuns han detallado este jueves más condiciones para apoyar los presupuestos del Govern de Salvador Illa, que han empezado a negociar esta semana.
Si ayer exigieron públicamente una partida de 30 millones de euros para "combatir el sinhogarismo", hoy han puesto el foco en una ley "contra la compra especulativa de vivienda" que deberá aprobarse "en un plazo máximo de 6 meses".
Así lo ha anunciado la líder del partido en el Parlament, Jéssica Albiach, durante una ejecutiva extraordinaria en la que también han pedido 350 millones para vivienda, inversiones para el transporte público, la ampliación de las becas comedor y la reducción de un 50% de las listas de espera de especialistas en sanidad pública.
Oportunidad
Bajo el lema Que se note en el día a día, los Comuns situan las cuentas como "una oportunidad para plantear los retos" que tiene Cataluña en materia de transporte tras la "grave crisis de Rodalies" y, especialmente, en vivienda, el eje principal de las demandas de los morados.
"Queremos parar este secuestro de pisos en manos de fondos buitre y en manos de especuladores, es necesario proteger el acceso a la vivienda porque las casas son para vivir, no son para especular", ha sostenido Albiach, en esta línea.
"El precio de nuestros votos"
Respecto a las exigencias de máximos, la líder de los Comuns ha asegurado que "el PSC lo tiene que entender, este es el precio de nuestros votos". Avanzando que serán unas negociaciones complejas, que también deberán contar con el visto bueno de ERC para que los presupuestos salgan eventualmente adelante en el Parlament.
Los republicanos, en este sentido, todavía no se han reunido con el Govern. Su condición para hacerlo es que se apruebe en el Congreso de los Diputados el traspaso del IRPF a la Hacienda catalana.
