Hacienda tumba una campaña 'indepe' para financiar a Puigdemont a través del IRPF

La Agencia Tributaria española ha descubierto la última estratagema independentista para financiar el Consejo para la República, una especie de gobierno creado en Waterloo a mayor gloria del fugado Carles Puigdemont y que atraviesa graves problemas de financiación.

La artimaña consiste en alegar objeción fiscal en la declaración de la renta con la pretensión para no contribuir a los gastos en la Casa Real, los poderes judiciales y los cuerpos policiales, y derivar determinadas cantidades al Consejo para la República. La excusa es que este órgano independentista destinará el dinero a paliar los efectos del Covid-19. La jugada seria redonda, pues si prosperara, esas donaciones se podrían desgravar.

Objeción fiscal presentada ante la Agencia Tributaria para desviar dinero al Consejo para la República

Método ilegal

Se trata de la primera vez que los secesionistas recurren a este método, que Hacienda considera ilegal, ya que un ciudadano no puede reasignar las partidas presupuestarias a su antojo. Las cantidades detectadas hasta el momento van de los 10 euros a los 300, pues la campaña de la renta acaba de comenzar. Pero según ha podido saber Crónica Global, la Agencia Tributaria prepara ya el envío de declaraciones paralelas, a pesar de tratarse de cantidades no muy elevadas. "Llegaremos hasta el final", afirman fuentes tributarias.

El formulario que envían a Hacienda los activistas independentistas, al que ha tenido acceso este medio, es muy parecido en todos los casos. Exponen que ante la imposibilidad de adjuntar oficialmente en su declaración de renta del ejercicio 2019 la carta, así como el recibo justificativo de su ingreso alternativo, “documentos que considero necesarios para justificar mi objeción fiscal”, informan de que “razones de conciencia no me permiten contribuir a la financiación de los gastos de la Casa Real, de los poderes judiciales y de los cuerpos de policía. Estas tres instituciones desde 2017 hasta la actualidad han ejercicio de forma reiterada y sistemática acciones represivas contra derechos fundamentales como son el de expresión, disidencia política y autodeterminación”.

A través de CATGlobal ASBL

Por esta razón, explican que en su declaración de la renta --que adjuntan-- han realizado “una deducción de la cuota líquida que incluyo íntegramente en el apartado número 606 (por ejemplo, 10 euros)”.

“Adjunto en esta declaración el original del recibo del pago que por valor de 10 euros he llevado a cabo a favor de la organización Consejo para la República (CATGlobal ASBL, la entidad creada por Puigdemont para canalizar la financiación de su ‘exilio’), que dedicará este dinero a paliar los efectos de la emergencia sanitaria del Covid-19 a través del Fondo Republicano de Acción Solidaria en el marco de Acción Social”.

'Què és el Consell per la República?' / YOUTUBE

Finalmente, el declarante pide que se le considere “objetor fiscal a los gastos estatales a los que he hecho referencia y he objetado”, y que en el próximo período de renta se habilite la posibilidad de hacer una entrega oficial de estos documentos de manera conjunta con el pliego de la misma declaración de renta”.

La casilla 606

La citada casilla 606 ya ha sida utilizada por objetores que rechazan que sus impuestos vayan dirigidos a sufragar el gasto militar del Gobierno. La misma contempla retenciones a cuenta practicadas en virtud del artículo 11 de la Directiva 2003/48 de la Comunidad Europea, que aborda los casos en que el beneficiario de la retención resida en otro Estado de la UE

Sin embargo, se trata de la primera vez que los simpatizantes de la causa de Puigdemont la utilizan. Expertos en fiscalidad aseguran que un contribuyente no puede reasignar partidas como le parezca. Según ha podido saber este medio, Hacienda no piensa perdonar estas triquiñuelas procesistas y ya prepara declaraciones paralelas, aunque se trata de candidades pequeñas.

'Blanqueo' de donaciones

La donación, que se enmarca en la campaña #Proumonarquia, es notificada al Consejo por la República, de forma que el donante puede desgravarla. La operación, si finalmente prosperara, sería redonda.

Donación a #Proumonarquia

Tal como informó este medio, la ley de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público --conocida como la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2020-- incorpora una reforma del impuesto de sucesiones y donaciones, que permite blanquear las donaciones independentistas y exime a los presos independentistas de tributar por el dinero recibido de la caja de solidaridad.

Según esa reforma, “en las donaciones y resto de transmisiones lucrativas entre vivos equiparables, recibidas de fundaciones y de asociaciones de régimen general estén declaradas o no declaradas de utilidad pública, inscritas en los registros de fundaciones o de asociaciones adscritas a la Dirección General de Derecho y de Entidades Jurídicas del departamento de Justicia o registros análogos de otras administraciones públicas, el contribuyente puede aplicar en la base imposible una reducción del 95%”.

A juicio de los fiscalistas consultados, no cabe duda de que esa novedad legislativa fue elaborada “con la intención de convertirse en una ley ad personam destinada a que las fianzas y garantías prestadas por asociaciones de naturaleza independentista, los deudores de las cuales son políticos incursos en procedimientos judiciales o administrativos, no tributen”.

Falta de recursos

Puigdemont busca a la desesperada métodos de financiación de su chiringuito de Waterloo, pues el número de inscritos en el Consejo por la República, presentado oficialmente en octubre de 2018, está lejos del millón que el expresidente puso como condición para activar ese órgano. A razón de 10 euros por persona registrada, el Gobierno paralelo habría recaudado unos 10 millones de euros. Sin embargo, a última hora de la tarde de ayer, la página web del consejo contabilizaba solo 88.125 inscritos.